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http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf
(visitado el 17 de junio de 2017).
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
CASO NORÍN CATRIMÁN Y OTROS (DIRIGENTES, MIEMBROS Y ACTIVISTA DEL PUEBLO INDÍGENA MAPUCHE) VS. CHILE,
SENTENCIA DE 29 DE MAYO DE 2014
El caso sometido a la Corte
Según la Comisión, el caso se refiere a la alegada
“violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1, 8.2, 8.2.f, 8.2.h,
9, 13, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación
con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho
instrumento, en perjuicio de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo
Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao
Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Patricia Roxana
Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, debido a su
procesamiento y condena por delitos terroristas, en aplicación de una normativa
penal contraria al principio de legalidad, con una serie de irregularidades que
afectaron el debido proceso y tomando en consideración su origen étnico de
manera injustificada y discriminatoria”.
Según la Comisión, el
caso se inserta dentro de “un reconocido contexto de
aplicación selectiva de la legislación antiterrorista en perjuicio de miembros
del pueblo indígena Mapuche en Chile”.
LA CORTE
DECLARA,
por unanimidad, que:
1.
El
Estado violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de
inocencia, consagrados en los artículos 9 y 8.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en
perjuicio de los señores Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo
Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Juan Patricio Marileo Saravia,
Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco
Millacheo Licán y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles, en los términos de
los párrafos 159 a 177 de la presente Sentencia.
por unanimidad, que:
2.
El
Estado violó el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la
igual protección de la ley, consagrados en el artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos, en relación con el
artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los señores Segundo Aniceto
Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Ancalaf LLaupe,
Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio
Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la señora Patricia Roxana Troncoso
Robles, en los términos de los párrafos 222 a 228 y 230 de la presente
Sentencia.
por unanimidad, que:
3.
El Estado violó el derecho de la defensa de interrogar testigos, consagrado
en el artículo 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Pascual Huentequeo Pichún
Paillalao y Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, en los términos de los párrafos 241 a
260 de la presente Sentencia.
por unanimidad, que:
4.
El Estado violó el derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de
los señores Segundo
Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Juan Patricio
Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao
Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la señora Patricia Roxana Troncoso
Robles, en los términos de los párrafos 268 a 291 de la presente Sentencia.
por unanimidad, que:
5.
El
Estado violó el derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 7.1,
7.3 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el derecho a la
presunción de inocencia, consagrado en el artículo 8.2 de dicho tratado, en
relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Segundo
Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf
LLaupe, Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José
Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la señora Patricia
Troncoso Robles, en los términos de los párrafos 307 a 358 de la presente Sentencia.
por unanimidad, que:
6.
El
Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, consagrado
en el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Segundo Aniceto
Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y Víctor Manuel Ancalaf
Llaupe, en los términos de los párrafos 370 a 378 de la presente Sentencia.
por unanimidad, que:
7.
El
Estado violó los derechos políticos, consagrados en el artículo 23.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de
la misma, en perjuicio de los señores Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual
Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Juan Patricio
Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao
Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la señora Patricia Roxana Troncoso
Robles, en los términos de los párrafos 379 a 386 de la presente Sentencia.
por unanimidad, que:
8.
El
Estado violó el derecho a la protección a la familia, consagrado en el artículo
17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el
artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Víctor Manuel Ancalaf Llaupe,
en los términos de los párrafos 401 a 410 de la presente Sentencia.
por unanimidad, que:
9.
No
cuenta con suficientes elementos que permitan concluir que el Estado violó el
derecho a la protección a la familia, consagrado en el artículo 17.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo
Pichún Paillalao, Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo
Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la
señora Patricia Roxana Troncoso Robles, en los términos del párrafo 411 de la
presente Sentencia.
por cuatro votos a favor y dos en contra, que:
10.
No
procede emitir un pronunciamiento sobre la alegada violación del derecho a un
juez o tribunal imparcial, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo señalado en los párrafos 193
y 229 de la presente Sentencia.
Disienten los Jueces Ventura Robles y Ferrer Mac-Gregor Poisot.
por unanimidad, que:
11.
No
procede emitir un pronunciamiento sobre la alegada violación del deber de
adoptar disposiciones de derecho interno, consagrado en el artículo 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el derecho de la defensa a
interrogar testigos, protegido en el artículo 8.2.f de la misma, en los
términos del párrafo 261 de la presente Sentencia.
por unanimidad, que:
12.
El
Estado no violó el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, consagrado
en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación
con el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, consagrado
en el artículo 8.2.h de la misma, en perjuicio de los señores Segundo Aniceto
Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Juan Patricio Marileo
Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan
Ciriaco Millacheo Licán y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles, en los
términos de los párrafos 292 a 298 de la presente Sentencia.
por unanimidad, que:
13.
El
Estado no violó el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, consagrado
en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación
con el derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 7 de la misma,
en perjuicio de los señores Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo
Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Juan Patricio Marileo Saravia,
Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco
Millacheo Licán y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles, en los términos de
los párrafos 360 a 364 de la presente Sentencia.
por unanimidad, que:
14.
El
Estado no violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo
5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el
artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Segundo Aniceto Norín
Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe,
Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio
Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la señora Patricia Roxana Troncoso
Robles, en los términos de los párrafos 387 a 400 de la presente Sentencia.
Y DISPONE
por unanimidad, que:
15.
Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.
16.
El Estado debe adoptar todas
las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar
sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias
emitidas en contra de los señores Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao,
Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio
Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la
señora Patricia Troncoso Robles sobre las cuales la Corte se pronunció en esta
Sentencia, en los términos del párrafo 422 de la presente Sentencia.
17.
El Estado debe brindar,
de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o
psiquiátrico a las víctimas del presente caso que así lo soliciten, de conformidad
con lo establecido en los párrafos 425 y 426 de la presente Sentencia.
17.
18.
El Estado debe realizar las
publicaciones y radiodifusión de la Sentencia indicadas en los párrafos 428 y
429 de la presente Sentencia, en los términos dispuestos en los referidos
párrafos.
19.
El Estado debe otorgar becas
de estudio en instituciones públicas chilenas en beneficio de los hijos de las
ocho víctimas del presente caso que así lo soliciten, en los términos del
párrafo 432 de la presente Sentencia.
20.
El Estado debe regular con
claridad y seguridad la medida procesal de protección de testigos relativa a la
reserva de identidad, asegurando que se trate de una medida excepcional, sujeta
a control judicial en base a los principios de necesidad y proporcionalidad, y
que ese medio de prueba no sea utilizado en grado decisivo para fundar una
condena, así como regular las correspondientes medidas de contrapeso, en los
términos de los párrafos 242 a 247 y 436 de la presente Sentencia.
21.
El Estado debe pagar a cada
una de las ocho víctimas del presente caso la cantidad fijada en el párrafo 446
de la presente Sentencia, por concepto de indemnización de los daños materiales
e inmateriales, en los términos de los párrafos 471 a 475 de este Fallo.
22.
El Estado debe pagar las
cantidades fijadas en los párrafos 452 y 453 de la presente Sentencia por
concepto de reintegro de costas y gastos, en los términos de los referidos
párrafos y de los párrafos 471 a 475 de este Fallo.
23.
El Estado debe reintegrar al
Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los
términos de lo establecido en el párrafo 470 del presente Fallo.
24.
El Estado debe rendir al
Tribunal un informe, dentro del plazo de un año contado a partir de la
notificación de esta Sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la
misma.
25.
La Corte supervisará el
cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en
cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado
cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
Los jueces
Manuel E. Ventura Robles y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot hicieron conocer a
la Corte su voto conjunto disidente, el cual acompaña esta Sentencia.
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO nORÍN CATRIMÁN
Y OTROS
(Dirigentes, MIEMBROS y activista del pueblo
indígena Mapuche)
VS. cHILE
SENTENCIA DE 29 DE MAYO DE 2014
(FONDO,
REPARACIONES Y COSTAS)
En
el caso Norín Catrimán y otros,
la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la
Corte”, o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:
Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente;
Roberto F. Caldas, Vicepresidente;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Diego García-Sayán, Juez;
Alberto Pérez Pérez, Juez, y
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez.
presentes
además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez,
Secretaria Adjunta,
de conformidad con
los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31,
32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento” o
“Reglamento de la Corte”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el
siguiente orden:
TABLA
DE CONTENIDO
[1] El Juez Eduardo Vio Grossi,
de nacionalidad chilena, no participó en el conocimiento y deliberación de la
presente Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del
Reglamento de la Corte.
