Abogado y político chileno. Litigante, defensor y colegiado. Demócrata, reformista y popular. Mail: andresretamales@yahoo.com. WhatsApp: +569 9755 7091. Facebook: https://www.facebook.com/AbogadoAndresRetamales

miércoles, 8 de septiembre de 2021

Contraloría General de la República, Dictamen N° E125153N21, fecha 29-07-2021. Materia: Esta Contraloría General debe abstenerse de intervenir respecto de las actuaciones de la Convención Constitucional y de los convencionales constituyentes

Contraloría General de la República, Dictamen N° E125153N21, fecha 29-07-2021. Materia: Esta Contraloría General debe abstenerse de intervenir respecto de las actuaciones de la Convención Constitucional y de los convencionales constituyentes.
Dictámenes relacionados: No hay. Fuentes legales: POL art/130, ley 21200, ley 212, POL art/136. Descriptores: Facultades CGR, competencia, abstenciones, actuaciones convención constitucional y convencionales constituyentes. 
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Contraloría General de la R... by Andrés Retamales

Documento completo:


Nº E125153 Fecha: 29-VII-2021


Los señores Francisco Orrego Bauzá y Juan Pablo Olmedo Bustos, en forma conjunta, y don Martín Arrau García Huidobro, separadamente, solicitan a esta Contraloría General un pronunciamiento sobre la procedencia jurídica de que este Organismo Contralor intervenga respecto de las actuaciones de la Convención Constitucional y de los Convencionales Constituyentes que indican.


Sobre el particular, cabe señalar que la Constitución Política en sus artículos 130 y siguientes, según modificaciones introducidas por las leyes N°s. 21.200 y 21.221, contempla la formación de una Convención Constitucional, integrada por los denominados Convencionales Constituyentes, cuya función es la elaboración de una Nueva Constitución.


Pues bien, el artículo 136 de la Carta Política regula las reclamaciones susceptibles de interponerse en contra de la referida convención, radicando en cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por esta, la competencia para conocerlas y, en su inciso séptimo, dispone expresamente que “Ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo”.


Por ende, procede que este Organismo Contralor se abstenga de intervenir en el asunto planteado.


Saluda atentamente a Ud.


Por orden del Contralor General.

Camilo Mirosevic Verdugo

Jefe División Jurídica 

lunes, 6 de septiembre de 2021

Cuenta Pública Descentralizada, Convención Constitucional de Chile, Talca y Viña del Mar: Presidenta Elisa Loncón y vicepresidente Jaime Bassa - Sábado 4 de septiembre de 2021

Cuenta Pública Descentralizada y Nacional, Convención Constitucional de Chile, Fecha: 04/09/2021

Cuenta Pública Descentralizada y Nacional, Convención Constitucional de Chile, Fecha: 04/09/2021.
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Texto completo:

Cuenta Pública Descentralizada y Nacional Convención Constitucional

Contenidos
1. Presentación
2. Antecedentes
3. Lanzamiento
4. Resultados Generales
5. Resultados Específicos, modalidad y plazos
6. Líneas de Trabajo Permanentes
7. Datos generales primer mes
8. Proyecciones para mes de septiembre

1- Presentación

La Convención Constitucional, conforme a su política de transparencia y acceso a la información, realizará mensualmente una Cuenta Pública con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada durante cada mes. Para cumplir este propósito, se puso a disposición de la ciudadanía, en el sitio web de la Convención Constitucional este sábado 4 de septiembre, el informe Institucional correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2021.

2- Antecedentes

El 4 de julio del presente año se instaló formalmente la Convención Constitucional. El inicio de una nueva etapa, de un momento constituyente abierto luego de masivas protestas sociales en octubre de 2019 y ratificado posteriormente en la movilización electoral más grande que ha conocido el país el 25 de octubre de 2020. Durante aquellas manifestaciones se cuestionó a gran parte de las instituciones del país: poderes del Estado, partidos políticos, medios de comunicación, instituciones coercitivas del Estado y el modelo de desarrollo.
El desafío y la oportunidad que como sociedad estamos viviendo es única al poder participar en el proceso de redacción de nuestra Carta Fundamental. Una Constitución fija los valores y los principios sustanciales de convivencia en una sociedad y permite hacer efectivo el principio de la democracia y la forma de organización básica de nuestra vida en comunidad.
Con la intención de hacerse cargo de la marginación histórica que han sufrido los pueblos indígenas de la toma de decisiones y la institucionalidad, la Convención Constitucional contó con escaños reservados para miembros de aquellos grupos. Otra muestra de la importancia que se ha otorgado a la diversidad de cosmovisiones presentes en Chile, fue que se escogió como presidenta del organismo, mediante votación de sus pares, a Elisa Loncón, quien es representante del pueblo mapuche.
Junto con lo anterior, el organismo encargado de redactar la nueva constitución posee una composición paritaria, característica que ninguna asamblea constituyente u órgano similar ha poseído en el mundo anteriormente.
A dos meses del inicio de las actividades de la Convención Constitucional, la mesa directiva ampliada presenta la primera cuenta pública descentralizada, liderada por sus ocho vicepresidencias, en cada una de sus regiones, además de su presidenta.

3- Lanzamiento

Las cuentas públicas fomentan la transparencia y el acceso a la información de la gestión de la Convención Constitucional, permitiendo a las personas conocer y consultar los avances del último periodo.
Es por ello, que tras el primer informe realizado por la Mesa en el Pleno de la Convención el pasado 03 de agosto, este 04 de septiembre se llevará a cabo el proceso de Cuenta Pública Nacional, Descentralizada y Simultánea.

4. Resultados Generales

En términos generales, la Convención durante el mes de agosto de 2021 ha continuado el proceso de instalación de la misma, basado en una serie de hitos relacionados con la consolidación y trabajo de las comisiones transitorias, además de la ampliación de la mesa directiva. También es importante destacar la vinculación de la convención con una serie de instituciones a través de la suscripción de convenios de colaboración que han permitido suplementar ciertas falencias de base relacionadas a crear una institucionalidad desde cero, y que manifiestan el interés de la ciudadanía en general por el proceso constituyente y su buen funcionamiento.
Lo anterior devino en la creación de instituciones administrativas internas y externas de la Convención que han servido para entregar mayor certeza en el manejo financiero, de
transparencia y de las asignaciones que se entregan a las y los Convencionales. Esto último es fundamental para ir consolidando la independencia de la Convención.
Además de esto, se han implementado plataformas web, dando cumplimiento a la Ley del Lobby, junto a un sistema electrónico para que los y las convencionales puedan realizar las rendiciones relativas a las asignaciones y la contratación de asesores.
Otro tema relevante es la producción normativa interna de la Convención, que genera además un afianzamiento de la dinámica constituyente, junto con entregar a la ciudadanía resultados concretos de trabajo, que permiten organizar la institución preparándose para el debate de fondo de las normas constitucionales.

5. Resultados Específicos, modalidad y plazos

El mes de agosto trajo consigo la celebración de cinco sesiones en el pleno, realizados en la sede de la Convención; correspondiendo estas a las sesiones ordinarias número 13, 14, 15 ,16, 17, donde las y los 155 convencionales se reunieron para debatir temas en particular que permitirían avances normativos internos de la Convención.
En la sesión 13ª la Mesa Directiva presentó la propuesta para la conformación del Comité Externo de Asignaciones junto con su reglamento y ternas para sus integrantes. Este evento particular permitió delegar las tareas administrativas de finanzas a un grupo de profesionales expertos en la materia. En la sesión 14ª, dentro de otras discusiones, se procedió a votar de forma general la propuesta de Reglamento de Asignaciones, abriendo paso para realizar recomendaciones de enmiendas, que permiten corregir, agregar, eliminar o modificar un documento oficial luego de su revisión y aprobación general.
En la sesión 15ª se votó de forma particular dichas enmiendas y se consagró una redistribución del presupuesto total de la Convención, marcando consigo un precedente en cuanto a la transparencia y rendición de un ítem específico como los viáticos, concepto no considerado para transparentar en otras instituciones.
La sesión 16ª puso en tabla la discusión para unificar el plazo de término de las Comisiones Transitorias, fijando a esto un periodo de tiempo para recibir audiencias, formular
propuestas de reglamentos y plazo para el envió de informes respectivos a las comisiones pertinentes.
Esto ya que de acuerdo al REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LAS NUEVAS COMISIONES, aprobado por la Convención Constitucional en su décima sesión, celebrada el 21 de julio de 2021, se establecía que todas las comisiones tendrían un plazo de treinta días corridos para evacuar sus propuestas de reglamento con sus respectivas normas para cada comisión al Pleno, gneerando diferencias en las fechas concretas de plazo de cada una de las comsiones.
En atención a ello, en la sesión ordinaria del pleno número 17, del 24 de agosto, se generó la votación de las propuestas de los distintos equipos de trabajo en cuanto a la unificación de plazos. Luego de esa sesión del Pleno, cada una de las Comisiones y Subcomisiones se vieron en la tarea de enfocarse en continuar y terminar sus labores.
De las ocho comisiones transitorias que se acordaron instalar para normar el funcionamiento y reglamento de la Convención, se crearon también subcomisiones para dar respuesta al intenso trabajo de cada una de ellas, a razón de separar el trabajo y hacerlo de manera eficiente para cumplir con los plazos establecidos. El sábado 28 de agosto fue el plazo para que cada comisión enviará sus propuestas normativas y lineamientos de funcionamiento a la Comisión de Reglamento, instancia que unificará todo en un solo documento. No obstante lo anterior, para evacuar los informes específicos finales, que no comprenden normas reglamentarias, la fecha de entrega vence el 23 de septiembre.
Las comisiones transitorias corresponden a las de Reglamento, Ética, Presupuestos y Administración Interior, Comunicaciones, Información y Transparencia; Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, de donde se desprenden la Subcomisión de Marco General de DDHH. Ambientales y de la Naturaleza, y la Subcomisión de Verdad histórica y Reparación Integral; Participación y Consulta Indígena; Participación Popular y Equidad Territorial y Descentralización, Equidad y Justicia Territorial.
Cabe recordar que, desde su instalación, cada comisión tuvo como objetivo específico definir a sus coordinadores, sus lineamientos, criterios y principios para la recepción de las audiencias públicas. Esto fue normado en un formulario de inscripción publicado en la web institucional para que la sociedad civil, organizaciones e instituciones pudiesen solicitar y luego presentar sus propuestas ante el pleno de cada comisión, en relación a sus temas de interés. Al respecto, se recibieron un total de 1.200 solicitudes de audiencia y se realizaron trabajos previos para sistematizar y dirigir el trabajo hacia las comisiones y subcomisiones, que evaluarían cada una de las audiencias solicitadas, que en total contabilizaron 821 organizaciones, instituciones y personas naturales recibidas.
En detalle:
La Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia desde su primera sesión celebrada el 29 de Julio, sostuvo 20 sesiones en total hasta el plazo límite mencionado, recibiendo 89 solicitudes de audiencias.
La Comisión de Presupuesto y Administración Interior se reunió con sus convencionales 13 veces, desde el día de su conformación y recibieron 9 solicitudes de audiencias.
La Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, celebró 27 sesiones desde su conformación hasta la fecha límite para entregar su documento y recibió 307 solicitudes de audiencias.
La Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial sostuvo 21 sesiones desde su fecha de conformación hasta el plazo final de entrega, recibiendo durante ese periodo 222 solicitudes de audiencias públicas.
La Comisión de Ética sostuvo 31 sesiones con sus convencionales durante el periodo de su conformación hasta la fecha de entrega de documentos, recibiendo 55 solicitudes de audiencias.
La Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial se reunió 23 veces con sus Convencionales para debatir sus lineamientos y recibió 217 solicitudes de audiencias públicas.
La Comisión de Participación y Consulta Indígena tuvo 22 sesiones como pleno hasta la fecha de plazo límite para entregar su reglamento e informe. Junto con eso recibieron 170 solicitudes de audiencias públicas.
La Comisión de Reglamento se reunió con sus integrantes en 27 ocasiones antes de la fecha límite para entregar su reglamento.
Finalmente, se presentaron las propuestas reglamentarias de las distintas comisiones provisorias -que durante el mes de septiembre serán debativas y votadas por el Pleno de la Convención-.
Paralelo a esto, la Convención Constitucional materializó en agosto la firma de convenios con 12 gobiernos regionales y distintas instituciones públicas comenzando con:
- El 9 de agosto con la firma del convenio con la Biblioteca del Congreso Nacional.
- El 12 con la firma del Memorando de Entendimiento con el Sistema de Naciones Unidas.
- El 16 con la firma del Convenio con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- El 18 con la firma del Convenio con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el Acuerdo de Entendimiento con Universidad de Chile.
Previamente, en julio, se habían suscrito acuerdos con la Contraloría general de la República, el Consejo para la Transparencia y la Universidad de Valparaíso.
Todos estos permiten un proceso de instalación colaborativo, apelando a la vocación pública de cada institución, entregando el apoyo de un diverso grupo de servidoras y servidores públicos en áreas de trabajo de Administración, Finanzas, Transparencia, Archivo y Documentación, Comunicaciones, Gráfica y Difusión, entre otros.

6- Líneas de Trabajo Permanentes

Dentro de los lineamientos permanentes por los que se regirá la Convención durante su desarrollo, en conjunto con el Consejo para la Transparencia se han desarrollado las
acciones necesarias y conducentes para llevar a cabo una colaboración y cooperación, durante todo el desarrollo de la discusión constitucional, a efectos de implementar todos los mecanismos ya existentes o por desarrollar, que contribuyan a proporcionar los mayores estándares de transparencia y probidad en todas las acciones y decisiones que adopte y que deba realizar la Convención.
El Consejo es responsable de la operación tecnológica y disponibilidad técnica de los sistemas informáticos del Portal de Transparencia. En esta línea la Ley de Lobby habilitó la Plataforma de Lobby de Convención Constitucional con la asistencia de SEGPRES y se habilitó un stand informativo para capacitar a constituyentes y asesores técnicos. Se creó la Unidad de Transparencia e Integridad Pública, para la que se han contratado cuatro abogados como funcionarios permanentes de la Convención. Junto al consejo y la incorporación de un robusto equipo, se consiguió avanzar en habilitar la plataforma de transparencia activa y además desde la próxima semana poner a disposición de la ciudadanía el sistema de solicitud de acceso a la información.
En cuanto a la Plataforma de InfoProbidad se pone a disposición de la Convención, de manera gratuita, a efectos de publicar en dicha plataforma las declaraciones de intereses y patrimonio de las y los Convencionales Constituyentes; plataforma administrada por la Contraloría General de la República.
En esta materia se ha venido haciendo seguimiento y asesoramiento a los convencionales para perfeccionar sus declaraciones.
Se estima que, para el 9 de septiembre, es decir, a un mes de su virtual creación, la Unidad consiga que la Convención esté absolutamente al día y en total operatividad y cumplimiento de las obligaciones consagradas en leyes citadas, en armonía con el espíritu que ha manifestado la Convención de ceñirse a los más altos estándares de transparencia y probidad.
Dentro de las líneas de trabajo permanente durante el desarrollo de la Convención destaca el Comité Externo de Asignaciones, que funciona como un órgano independiente cuyo objetivo es establecer los criterios y velar que se cumplan los principios de responsabilidad,
probidad, transparencia, austeridad, eficiencia, proporcionalidad, participación, descentralización, equidad territorial, pertinencia cultural, perspectiva de cuidado, igualdad material y eficiencia.
A ello se suma la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRANSPARENCIA donde se destacan las siguientes atribuciones:
- Representar a la Convención Constitucional ante el ministerio Secretaría General de la Presidencia en materias administrativas y financieras.
- Administrar y gestionar los bienes y servicios adscritos a la Convención, siguiendo las instrucciones y orientaciones de la Presidencia.
- Aceptar, recepcionar o restituir toda clase de bienes o servicios que personas, entidades u otros servicios públicos proporcionen a la Convención Constitucional a cualquier título.
- Requerir, aceptar y coordinar el apoyo que otros órganos de la Administración del Estado ofrezcan para el mejor funcionamiento de la Convención, adoptando las decisiones administrativas necesarias para recibir, ejecutar y operativizar dicho apoyo.
- Impartir instrucciones u órdenes directas al personal de la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención Constitucional, así como al personal de servicios generales de la Convención.
- Cumplir y hacer cumplir las instrucciones de administración que le dirija la Presidencia y Vicepresidencias.
- Velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública de la Convención Constitucional.

7- Datos Generales primer mes

El 04 de julio se da inicio a la Convención Constitucional, en el que juraron 155 constituyentes en un acto ceremonial que dio el inicio a un proceso de construcción democrática inédito en la historia de nuestro país.
Estos fueron algunos resultados de las primeras sesiones:
- Se consolidó la creación y funcionamiento de las ocho comisiones transitorias, con sus respectivas subcomisiones, donde, entre otras cosas, generaron sus propuestas para el Reglamento interno de la CC.
- Se ha creado la Mesa Directiva Ampliada con 7 vicepresidencias adjuntas.
- Votación de Documentos de normas mínimas de funcionamiento (periodo previo al Reglamento).
- Se ha aprobado el ‘Protocolo Covid’
- Aprobación de declaración sobre prisión política en contexto de revuelta e indígena
- Aprobación y conformación del Comité Externo de Asignaciones (funcionando).

8- Proyecciones para el mes de septiembre

Se consolidará el trabajo desde las comisiones para generar en el menor tiempo presupuestado el reglamento de funcionamiento de la Convención. Gracias a un arduo trabajo de las comisiones, asesores/as y funcionarios/as, durante el mes de septiembre estaremos deliberando, armonizando y votando el Reglamento de la Convención, lo que nos permitirá ya pasar a una segunda etapa de este proceso constituyente, consistente en el trabajo propio de los contenidos Constitucionales y el despliegue inclusivo, accesible y descentralizado de la Convención a escala nacional y plurinacional para la construcción amplia y democrática de nuestra nueva Constitución.

domingo, 22 de agosto de 2021

Resultados definitivos, Consulta Ciudadana Presidencial 2021 de Unidad Constituyente [22 de agosto de 2021].🗳️

Resultados definitivos, Consulta Ciudadana Presidencial 2021 de Unidad Constituyente [22 de agosto de 2021].🗳️

Escrutadas el 100% de las mesas de un total de 1287 los resultados son los siguientes:

1 - Yasna Provoste: 91.789 votos (60,80%)

2 - Paula Narváez: 40.161 votos (26,60%)

3 - Carlos Maldonado: 18.931 votos (12,50%).

Total de votos: 150.881

Disponible en:

https://consultaciudadana2021.azurewebsites.net/2021/08/21/reporte-01/

https://issuu.com/andresretamales01/docs/reporte-definitivo-100_-_copia





domingo, 15 de agosto de 2021

Contraloría General de la República, Dictamen N° E123413N21, fecha 21-07-2021. Materia: Las Fuerzas Armadas deben abstenerse de realizar declaraciones que afecten su carácter de no deliberantes, debiendo ajustarse a la directiva comunicacional del Ministerio de Defensa Nacional.

Contraloría General de la República, Dictamen N° E123413N21, fecha 21-07-2021. Materia: Las Fuerzas Armadas deben abstenerse de realizar declaraciones que afecten su carácter de no deliberantes, debiendo ajustarse a la directiva comunicacional del Ministerio de Defensa Nacional. 
Dictámenes relacionados: Aplica dictamen 24886/95. 
Fuentes legales: POL art/24 POL art/101 ley 18948 art/1 ley 18948 art/2 ley 20424 art/1 ley 20424 art/2.
Descriptores: FFAA, reglas constitucionales, carácter de no deliberantes, abstención declaraciones de materias contingentes, directivas comunicacional ministerial. 

https://issuu.com/andresretamales01/docs/cgr_dictamen_n_e123413n21_fecha_21-07-2021._mat

Documento completo:

Nº E123413 Fecha: 21-VII-2021


Se han dirigido a esta Contraloría General el senador Alejandro Navarro Brain, la diputada Carolina Marzán Pinto, el señor Luis Mariano Rendón Escobar y otras personas bajo reserva de identidad, solicitando un pronunciamiento respecto de lo que consideran una vulneración a la obligación de no deliberar prevista en el artículo 101 de la Constitución Política de la República, en que habrían incurrido, a su juicio, los Comandantes en Jefe de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, al emitir diversos comunicados y opiniones en las materias de contingencia que exponen.


Requeridos de informe, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército de Chile, la Fuerza Aérea de Chile y la Armada de Chile los han emitido y se han tenido a la vista.


En primer término, es menester recordar que el artículo 24 de la Constitución Política de la República dispone que el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado y cuya autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.


Su artículo 101, en relación con los artículos 1º y 2º de ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, establecen que las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Agregan que, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes, además de profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.


Por su parte, los artículos 1° y 2º de la ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, prevén que el Presidente de la República tiene autoridad en todo cuanto tiene por objeto la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes, para lo cual dispone de la colaboración directa e inmediata del Ministro de Defensa Nacional, reiterando el carácter obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizadas, disciplinadas de estas instituciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.


De lo expuesto, aparece que es el Presidente de la República, como Jefe de Estado, quien posee la autoridad y el deber de velar por la seguridad externa de la República, disponiendo para ello de las fuerzas de aire, mar y tierra, que, como instituciones, son cuerpos armados esencialmente obedientes y no deliberantes, dependientes de forma directa e inmediata del Ministerio de Defensa Nacional, lo que importa una relación jerárquica entre este y las Fuerzas Armadas.


Es dable señalar que si bien el carácter de “no deliberantes” que constitucionalmente poseen las Fuerzas Armadas no se encuentra definido en nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina constitucional lo ha contextualizado y precisado en base a la relación indisoluble de aquel con el “deber de obediencia” que dichas instituciones poseen.


En primer término, sobre el deber constitucional de obediencia que pesa sobre las Fuerzas Armadas, la doctrina ha manifestado que “La obediencia se debe directamente al superior, en la relación de dependencia o subordinación que señale el escalafón de la jerarquía” (Silva Bascuñán, Alejandro. “Tratado de Derecho Constitucional”, Tomo IX, Ed. 2003). Si bien, aquel es imperativo “para todo órgano estatal, por el monopolio de la fuerza que poseen los cuerpos armados, merece ser especialmente realzada respecto de las instituciones de la defensa nacional” (Cea Egaña, José Luis, “Derecho Constitucional Chileno”. Tomo IV. Ediciones UC. 2016).


En segundo término, la Real Academia de la Lengua Española define “deliberar” como el “considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos”.


Sobre la prohibición de deliberación, la doctrina ha señalado que “ninguno de los institutos armados, ni los diversos cuerpos que los forma, ni sus miembros individualmente invocados o reunidos en su calidad de tales (…) pueden debatir los problemas colectivos con miras a uniformar apreciaciones o coordinar actitudes que conduzcan a expresar aplausos o crítica a los órganos del poder político o pretendan indicarles o manifiesten intenciones de hacer prevalecer soluciones propias en cualquier aspecto”. Involucra “toda deliberación de carácter propiamente político, que incida en el curso que lleva la conducción del país o determinado asunto de preocupación política, la que queda prohibida a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, porque la misión propia de esas instituciones no es dilucidar ni pronunciarse en torno a la dirección general del país, sino que su llamado consiste en servir, dentro del ordenamiento jurídico, aquella orientación que resulta del propio juego democrático” (Silva Bascuñán, Alejandro. “Tratado de Derecho Constitucional”, Tomo IX, Ed. 2003).


En similar sentido se pronuncian Mario Verdugo Marinkovic; Emilio Pfeffer Urquiaga, y Humberto Nogueira Alcalá, en “Derecho Constitucional”. Tomo II. Segunda Edición Actualizada. Editorial Jurídica de Chile; y Pablo Contreras y Sebastián Salazar Pizarro, “Obedientes y no deliberantes. Fuerzas Armadas, Autonomía y Control Democrático en Chile” (Revista Ius et Praxis, año 26 N°2, 2020).


De acuerdo con lo expuesto puede concluirse, por una parte, que el deber de obediencia de las Fuerzas Armadas dice relación con ajustar su actuar a lo que disponga tanto la autoridad jerárquica institucional como la autoridad civil de la cual dependen, esto es, al Presidente de la República a través de su colaborador directo e inmediato, el Ministerio de Defensa Nacional.


Por otra parte, su carácter no deliberante implica que, como instituciones subordinadas al poder civil, les queda prohibido cuestionar o debatir sobre las órdenes, decisiones o instrucciones impartidas por la autoridad civil a la cual están subordinadas, debiendo abstenerse de manifestar injerencia o favoritismo sobre posiciones políticas o contingentes que puedan esgrimirse por determinados sectores en la deliberación pública. En consecuencia, sus funcionarios no pueden realizar actividades ajenas a sus cargos, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse de aquellos para favorecer o perjudicar a una determinada tendencia de esa índole (aplica criterio de dictamen Nº 24.886, de 1995).


Ambos deberes cumplen una función esencial en el sistema democrático, configurándose como contrapesos asociados al monopolio legítimo de la fuerza que se les ha entregado, pues su intervención en política interna y en asuntos contingentes podría perturbar el normal ejercicio del poder soberano que corresponde a las autoridades civiles.


Precisado el marco normativo y el sentido de las reglas constitucionales que perfilan a las instituciones armadas, corresponde analizar si, en las situaciones denunciadas, se observó o no lo previsto en esa regulación.


En la entrevista del Comandante en Jefe del Ejército publicada en el diario El Mercurio de 20 de septiembre de 2020, se contienen expresiones referidas a la tardía condena de la violencia en “todos los ámbitos” en el contexto del estallido social de 2019; a la calificación de “delincuentes” de quienes han participado en diversas manifestaciones en La Araucanía; apreciaciones sobre la forma en que deben ser tratadas las Fuerzas Armadas en el nuevo texto constitucional y a los principios que deben resguardarlas; y también una defensa del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, comparando el desempeño de la carrera militar con otros del sector civil.


Por otra parte, en la carta enviada al Director del diario El Mercurio por el mismo Comandante en Jefe del Ejército y el comunicado oficial de esa rama castrense emitido con motivo de actos efectuados contra la estatua del General Manuel Baquedano González, de fechas 16 de agosto y 16 de octubre de 2020, respectivamente, se alude a la “vandalización de diversos monumentos”; “personas que vuelcan su resentimiento y frustración”; “herida autoinferida” y “camino de la violencia y el vandalismo”, entre otras cuestiones.


Las expresiones vertidas en esas instancias, sin configurar una infracción al deber de obediencia ni implicar un cuestionamiento a las decisiones del poder civil al que se encuentra subordinado el Ejército de Chile, constituyen apreciaciones subjetivas y calificaciones sobre la contingencia nacional, que no guardan relación directa con las funciones propias de esa rama armada y que, de reiterarse, terminarán afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional.


Sobre la carta enviada al director ejecutivo del canal La Red TV por el Comandante en Jefe del Ejército y los comunicados de prensa de la Armada y de la Fuerza Aérea, con ocasión de un programa humorístico emitido el 16 de abril de 2021, es dable indicar que en ellos no se aprecia una vulneración al deber de no deliberar en los términos expuestos en el presente pronunciamiento, puesto que no implicaron un involucramiento en cuestiones de política contingente, sino que fue una manifestación de su disconformidad con los hechos allí representados y que se refirieron directamente a esa institución, cuya evaluación queda en el ámbito del mérito o la conveniencia.


Del mismo modo, es útil mencionar que, según lo informado por el Ministerio de Defensa Nacional, todas las cartas, comunicados y declaraciones emitidas en las situaciones precedentemente referidas, contaron con la autorización de dicha autoridad civil, de la que dependen.


Finalmente, cabe indicar que con fecha 6 de julio de 2021, mediante la orden ministerial N° 6000/152, el Ministro de Defensa Nacional aprobó la directiva comunicacional de esa cartera de Estado y las Fuerzas Armadas, que tiene por objeto establecer los lineamientos para el manejo y difusión de las comunicaciones de tales entidades que permitan transmitir, a través de canales oficiales, las directrices institucionales para comunicar información a los medios de comunicación y la sociedad nacional e internacional sobre materias de interés de la defensa nacional, lineamientos que serán de aplicación obligatoria para el Gabinete del Ministro de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y las ramas de las Fuerzas Armadas dependientes de dicha Secretaría de Estado.


En razón de lo anterior, en lo sucesivo las Fuerzas Armadas deberán ajustarse a lo establecido en la referida orden ministerial para los efectos de emitir las declaraciones que sean pertinentes en el ejercicio y dentro del ámbito de sus competencias, teniendo además en consideración lo expuesto en el presente pronunciamiento.


Saluda atentamente a Ud.



JORGE BERMÚDEZ SOTO

Contralor General de la República 


Contraloría General de la R... by Andrés Retamales

miércoles, 11 de agosto de 2021

Resolución exenta n° 797, de 2021, de Ministerio del Medio Ambiente, Reconoce de oficio humedal urbano Petrel, en DO. 11 de agosto de 2021.

Resolución exenta n° 797, de 2021, de Ministerio del Medio Ambiente, Reconoce de oficio humedal urbano Petrel, en DO. 11 de agosto de 2021.
Disponible en:

   

Resolución exenta n° 797, d... by Andrés Retamales

"Reflexión de la mesa sobre tema de DDHH, presentada por la vicepresidenta Tiare Aguilera Hey", Convención Constitucional de Chile. Discurso de Tiare Aguilera Hey, Convencional Constituyente por escaño Rapa Nui [10 de agosto 2021].

"Reflexión de la mesa sobre tema de DDHH, presentada por la vicepresidenta Tiare Aguilera Hey", Convención Constitucional de Chile. Discurso de Tiare Aguilera Hey, Convencional Constituyente por escaño Rapa Nui [10 de agosto 2021].
Disponible en:


Texto completo:

Discurso Tiare Aguilera Hey
Convencional Constituyente por escaño Rapa Nui
Pleno de la Convención Constitucional
Martes 10 de agosto 2021

Hablar de vulneraciones a los derechos humanos en Chile es un tema sensible, complejo y doloroso, que nos enfrenta y nos sitúa en veredas opuestas y  que, sin lugar a duda, estará siempre en el centro de las discusiones y debates en esta  Convención Constitucional. Sin embargo, por difícil que sea discutirlo, tenemos  como convencionales el deber de hacerlo, mirándonos a las caras, reconociéndonos y respetándonos en nuestras diferencias.

Como Mesa Directiva ampliada, representamos a las diversas fuerzas políticas que integran esta Convención  Constitucional, con nuestras trayectorias y nuestros  pensamientos, muchas veces disímiles sobre cómo conducir el camino de esta Convención.

Elisa Loncón, Jaime Bassa, Rodrigo Rojas, Elisa Giustinianovich, Pedro Muñoz, Lorena Céspedes, Rodrigo Álvarez, Isabel Godoy y yo, representamos en parte la  diversidad de este Chile Plurinacional que se está construyendo y que también se  ve reflejado con más fuerza en este Pleno. 

En la discusión sobre las controversias que se han dado acerca de los integrantes  de las comisiones provisorias que han sido puestas en conocimiento de esta Mesa,  no tenemos una opinión uniforme, pero sí coincidimos en el respeto que debe existir respecto a la autonomía que posee cada comisión para decidir internamente sobre  sus reglas, sus procedimientos y sus acuerdos.  

Esta Mesa Directiva Ampliada tiene además la obligación y el deber de contribuir a  generar y propiciar el espacio para el diálogo y la reflexión, en el marco del respeto y de la tolerancia, y creando espacios para la educación y el conocimiento de nuestras diversas realidades, historias y culturas. 

Creo firmemente que esta Convención Constitucional es el lugar, la oportunidad y el momento histórico para comenzar a sanar heridas, las que deben surgir desde la petición de perdón, del entendimiento y del respeto mutuo.

Muchas y muchos de los que estamos presentes hoy -como representantes de pueblos, colectivos, territorios y demandas- somos herederos y herederas de largas historias de discriminación y exclusión. Todas y todos los que estamos aquí, cargamos con nuestra historia, con la historia de nuestras familias, con lo que nos enseñaron, lo que hemos visto y vivido. Todas y todos respondemos a intereses y sensibilidades distintas y las razones y aspiraciones que nos trajeron hasta aquí también difieren.
 

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lunes, 2 de agosto de 2021

Contraloría General de la República, Dictamen N° E115036N21, fecha 16-06-2021. Materia: Sin perjuicio de los deberes y prohibiciones que se mencionan, corresponde al Servicio Electoral la fiscalización de lo dispuesto en el artículo 31, inciso cuarto, de la ley N° 18.700

Contraloría General de la República, Dictamen N° E115036N21, fecha 16-06-2021. Materia: Sin perjuicio de los deberes y prohibiciones que se mencionan, corresponde al Servicio Electoral la fiscalización de lo dispuesto en el artículo 31, inciso cuarto, de la ley N° 18.700. Atiende oficios Nos 74857 y 74859, ambos de 2021, de la Cámara de Diputados. Dictámenes relacionados: Aplica dictámenes E50319/2020, 28330/2017, 75318/2016, 88189/2016, 21895/2018, W105328/2021. Descriptores: SERVEL, competencias, denuncia intervencionismo electoral, fiscalización.

Disponible en:
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E115036N21/pdf
 
https://issuu.com/andresretamales01/docs/cgr_dictamen_n_e115036n21_fecha_16-06-2021._mat 
  
Documento completo

Nº E115036 Fecha: 16-VI-2021

Se han dirigido a esta Contraloría General el señor Prosecretario Accidental de la Cámara de Diputados, a requerimiento de los parlamentarios que individualiza; la Diputada Camila Vallejo Dowling; el Diputado Pablo Vidal Rojas; el Senador Alejandro Navarro Brain; don Mauricio Andrews Carrasco y don Leonardo Cubillos Ramírez, Secretario General y Subsecretario General, respectivamente, del Partido Radical de Chile, así como diversos particulares, todos para denunciar una eventual infracción a lo dispuesto en el artículo 31, inciso cuarto, de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que habría ocurrido con ocasión del operativo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que se llevó a cabo el día 7 de junio del presente año en la comuna de Las Condes, con la presencia y participación del alcalde de esta, don Joaquín Lavín Infante, quien a esa data ya se encontraba inscrito por el Pacto Chile Vamos como candidato en las elecciones primarias para Presidente de la República.


El señalado operativo habría consistido en la inscripción de familias de esa comuna que no contaban con Registro Social de Hogares, lo que les permitirá solicitar el beneficio de ingreso familiar de emergencia, todo ello a raíz de la publicación e implementación de la ley N° 21.352, que modifica la ley N° 21.289, de presupuestos del sector público correspondiente al año 2021, y la ley N° 21.230, que concede el referido ingreso.


Argumentan que el hecho de que el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, haya resuelto efectuar dicho operativo desde la aludida comuna, con la presencia e intervención del mencionado alcalde y candidato a la anotada elección primaria, constituiría un acto de intervencionismo electoral y proselitismo.


En relación con la materia es menester recordar que conforme con lo prescrito en el artículo 8° de la Carta Fundamental, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, siendo dable añadir que el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, previene que aquel consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.


En armonía con lo anterior, el artículo 53 de la citada ley N° 18.575 precisa, en lo que importa destacar, que el interés general se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas y en lo razonable e imparcial de sus decisiones.


Conforme a ello, y tal como ha sido expuesto por esta Contraloría General en diversas instrucciones impartidas con ocasión de procesos electorales, como, por ejemplo, en sus oficios Nos E50319, de 2020 y 28.330, de 2017, cuando las autoridades afectas a aquellas directrices dispongan u organicen actos, ceremonias o eventos oficiales, que devenguen gasto público, deben procurar la igualdad de trato, en términos de oportunidad, entre los distintos sectores políticos, sea respecto de candidatos o autoridades en ejercicio.


Los mismos oficios, entre otros, destacan que el N° 4 del artículo 62 de la anotada ley N° 18.575, advierte que contraviene especialmente la probidad administrativa el "Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales", mientras que su artículo 19 previene que "el personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración".


Por ello, señalan esos oficios, que ningún funcionario público puede realizar, en el desempeño de su cargo, actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse de ese empleo para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político, lo que resulta esencial para garantizar la absoluta transparencia y el adecuado, imparcial y continuo funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado durante el período establecido por la ley para la promoción de las campañas destinadas a elegir las autoridades.


Expuesto lo anterior, cabe señalar que el artículo 1° de la ley N° 18.700, dispone que dicho cuerpo normativo regula los procedimientos para la preparación, realización, escrutinio y calificación de los plebiscitos y de las elecciones de Presidente de la República y parlamentarios, disposiciones que, en lo pertinente, también se aplican al sistema de elecciones primarias regulado por la ley N° 20.640, según consta en el artículo 6° de esta última norma.


Enseguida, el artículo 31, inciso cuarto, de la citada ley N° 18.700, establece que “Las autoridades públicas que realicen inauguraciones de obras u otros eventos o ceremonias de carácter público, desde el sexagésimo día anterior a la elección, deberán cursar invitación por escrito a tales eventos a todos los candidatos del respectivo territorio electoral. El incumplimiento de esta obligación será considerado una contravención al principio de probidad contemplado en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.


Asimismo, corresponde anotar que el artículo 157 de la citada ley N°18.700 prescribe, en su inciso segundo, que “la fiscalización de lo dispuesto en el párrafo 6° del título I corresponderá al Servicio Electoral, de conformidad a su ley orgánica”, apartado este último en el que precisamente se encuentra inserto el antes aludido artículo 31, inciso cuarto.


Precisado lo anterior, y en armonía con lo sostenido, entre otros, por los dictámenes Nos 75.318 y 88.189, ambos de 2016; 21.895, de 2018 y E105328, de 2021, todos de este origen, la fiscalización, el conocimiento y la sanción de las infracciones a lo dispuesto en el artículo 31, inciso cuarto, de la ley N° 18.700, constituyen atribuciones que el ordenamiento jurídico ha radicado expresamente en el Servicio Electoral.


Por todo lo anterior, si bien de los hechos denunciados podría colegirse una eventual infracción a las normas que regulan la prescindencia política, antes expuestas, no es menos cierto que en la especie la ley ha entregado al Servicio Electoral la competencia para investigar y sancionar un hecho como el denunciado.


De este modo, compete al Servicio Electoral, en concordancia con sus atribuciones, determinar si en el caso planteado se ha producido una contravención al deber que impone el artículo 31, inciso cuarto, de la ley N° 18.700, por lo que se remiten a ese organismo las pertinentes denuncias.


Saluda atentamente a Ud.



JORGE BERMÚDEZ SOTO

Contralor General de la República 

    

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sábado, 24 de julio de 2021

Sesión de Constitución para la Calificación de la Elección Municipal de San Ramón - 2° TER RM

Tribunal Constitucional, Rol N° 33, Sentencia de control de constitucionalidad del proyecto de Ley Orgánica Constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones, 24 de septiembre de 1985

Tribunal Constitucional, Rol N° 33, Sentencia de control de constitucionalidad del proyecto de Ley Orgánica Constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones, 24 de septiembre de 1985. Disponible en:
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=26819
 
https://issuu.com/andresretamales01/docs/tc_sentencia_rol_n_33_control_de_constitucional
   

Tribunal Constitucional, Ro... by Andrés Retamales

"Cuenta Pública Presidencia Corte Suprema 2021", Discurso del Presidente de la Corte Suprema señor Guillermo Silva Gundelach, 1 de marzo de 2021.

"Cuenta Pública Presidencia Corte Suprema 2021", Discurso del Presidente de la Corte Suprema señor Guillermo Silva Gundelach, 1 de marzo de 2021.
Discurso con motivo de la cuenta pública e inicio del año judicial 2021.
Disponible en:
https://www2.pjud.cl/documents/10179/23274937/Cuenta+P%C3%BAblica+2021.pdf/c0dd818e-4977-4dd1-9323-4e4d25d99669
 
https://issuu.com/andresretamales01/docs/cuenta_p_blica_presidencia_corte_suprema_2021_dis
   

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Tribunal Constitucional, Sentencia rol 9940-20, (acoge) requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Blanco y Negro S.A. respecto de los artículos 74 inciso final y 79 incisos primero y final del Decreto Ley N° 1094, 13 de julio de 2021.

Tribunal Constitucional, Sentencia rol 9940-20, (acoge) requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Blanco y Negro S.A. respecto de los artículos 74 inciso final y 79 incisos primero y final del Decreto Ley N° 1094, 13 de julio de 2021.
Disponible en:
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_sentencia2.php?id=8278
 
https://issuu.com/andresretamales01/docs/tc_sentencia_rol_9940-20_acoge_requerimiento_d
   

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Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 10094-21, (acoge) requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Coresam respecto del artículo 492 inciso segundo del Código del Trabajo, 14 de julio 2021.

Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 10094-21, (acoge) requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Coresam respecto del artículo 492 inciso segundo del Código del Trabajo, 14 de julio 2021.
Disponible en:
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_sentencia2.php?id=8283
 
https://issuu.com/andresretamales01/docs/tc_sentencia_rol_10094-21_acoge_requerimiento_
   

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domingo, 27 de junio de 2021

Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de Chile, Sentencia de Calificación y Escrutinio General de la elección de alcalde y concejales de la comuna de Conchalí, catorce de junio de dos mil veintiuno

Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de Chile, Sentencia de Calificación y Escrutinio General de la elección de alcalde y concejales de la comuna de Conchalí, catorce de junio de dos mil veintiuno.

Disponible en:

https://reclamos.primertribunalelectoral.cl/causes/8764/expedient/39846/?attachmentId=43974

https://issuu.com/andresretamales01/docs/sentencia_calificaci_n_comuna_de_conchal_-_copia




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miércoles, 23 de junio de 2021

Acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral, dicta normas e instrucciones para el desarrollo de las elecciones primarias para la nominación de candidatos al cargo de Presidente de la República del 18 de julio de 2021, en D.O. 18 junio 2021.

Acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral, dicta normas e instrucciones para el desarrollo de las elecciones primarias para la nominación de candidatos al cargo de Presidente de la República del 18 de julio de 2021, en D.O. 18 junio 2021.

Disponible en: https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/06/18/42982/01/1963810.pdf




Acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral, dicta normas e instrucciones para el desarrollo de la... by Andrés Retamales on Scribd