Abogado y político chileno. Litigante, defensor y colegiado. Demócrata, reformista y popular. Mail: andresretamales@yahoo.com. WhatsApp: +569 9755 7091. Facebook: https://www.facebook.com/AbogadoAndresRetamales

martes, 10 de mayo de 2022

Contraloría General de la República, Dictamen N°E208180N22, fecha 28-04-2022. Materia: Imparte instrucciones sobre el plebiscito de salida del artículo 142 de la Constitución Política de la República

Contraloría General de la República, Dictamen N°E208180N22, fecha 28-04-2022. Materia: Imparte instrucciones sobre el plebiscito de salida del artículo 142 de la Constitución Política de la República.

Dictámenes relacionados: Aplica dictámenes 5210/2020, 16848/2014, 86368/2016, 24886/95, 34684/99, 69300/2016, 49202/2008, 41996/2013, 71422/2013, 79472/2016, 20451/2019, 75618/2016, 35593/95, 42410/2013, 14880/2010, 13915/2013, 40853/2013, 11552/2005, 82191/2016, E173171/2022.

Fuentes legales: POL art/142, POL art/130, ley 21200, ley 21221, POL art/6, POL art/7, ley 18575 art/2, ley 18575 art/3, ley 18575 art/5 inc/1, ley 18575 art/7, POL art/1, ley 18575 art/19, ley 18575 art/62 num/4, ley 18834 art/84 lt/h, ley 18883 art/82 lt/h, POL art/13, ley 18556 art/77 inc/2, ley 18700 art/204 inc/1, ley 18700 art/204 inc/2, POL art/101 inc/fin, ley 18948 art/2, ley 18961 art/2, ley 18603 art/18, DTO 1445/51 defen art/28, DTO 1445/51 defen art/76 num/2, DTO 1232/86 defen, DTO 900/67 inter, DTO 40/81 defen, ley 19974 art/14 inc/2, POL art/8 inc/1, ley 18575 art/52 inc/2, ley 18575 art/53, ley 18834 art/65, ley 18883 art/62, ley 18575 art/11, ley 18575 art/12, ley 18834 art/61 lt/f, ley 18834 art/64 lt/a, ley 18883 art/58 lt/f, ley 18883 art/61 lt/a, ley 18700 art/165 inc/2, ley 18575 art/18, ley 18834 art/120, ley 18883 art/119, ley 18575 art/62 num/9, ley 18834 art/125 lt/d, ley 18883 art/123 lt/e, ley 20205, ley 18575 art/62 num/3, ley 19628, DL 799/74, DL 1263/75, POL art/100, ley 10336 art/56, ley 19896 art/3, ley 21395 art/21 inc/4, ley 21395 art/21 inc/5, DTO 854/2004 hacie sub/22, ley 18834 art/11, ley 18883 art/4, ley 18834 art/87 lt/b, ley 18883 art/85 lt/b, DL 1608/76 art/16, DTO 98/91 hacie, DTO 250/2004 hacie cap/XII .

Descriptores: Facultades CGR, instrucciones plebiscito de salida.

Disponible en:

https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E208180N22/pdf


Contraloría General de la R... by Andrés Retamales

Documento completo:


Nº E208180 Fecha: 28-IV-2022


I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.


En primer lugar, conviene destacar que de conformidad con lo ordenado por el artículo 130 de la Constitución Política de la República -introducido por la ley N° 21.200 y modificado por la ley N° 21.221-, se convocó y celebró un Plebiscito Nacional, cuyo resultado derivó en la instalación de la Convención Constitucional encargada de redactar una Nueva Constitución para Chile.


Con ocasión de ese proceso plebiscitario -conocido como plebiscito de entrada- esta Entidad de Control impartió instrucciones en su oficio N° 5.210, de 2020, en cuyo apartado de “Consideraciones Preliminares” señaló, en lo que importa resaltar, que según aparece en el preámbulo de la aludida ley N° 21.200, dicha modificación constitucional responde al acuerdo político alcanzado por diversos sectores y anunciado el 15 de noviembre de 2019, y que los preceptos incorporados a la Carta Fundamental permiten concluir que ese plebiscito cuenta con una regulación particular, producto del contexto en que se generó, otorgándole una fisonomía diversa de los plebiscitos de reforma constitucional y comunal previstos en la Constitución Política de la República.


Se añade que, a diferencia de estos últimos plebiscitos en el que el Ejecutivo y el alcalde tienen un rol directo que les permite promover una de las alternativas sometidas a decisión de la ciudadanía, en el plebiscito de entrada el Presidente de la República aparece como un ejecutor del mandato constitucional, de manera que su rol está limitado a desarrollar el proceso plebiscitario ciñéndose a las pautas fijadas por el constituyente, sin que corresponda al Ejecutivo asumir, en el ejercicio de la función pública, una posición sobre la materia sometida a decisión.


Efectuada esa precisión, se debe señalar que el artículo 142 de la Carta Fundamental -incorporado también por la citada ley N° 21.200-, previene que comunicada al Presidente de la República la propuesta de texto constitucional aprobada por la Convención, éste deberá convocar dentro de los tres días siguientes a dicha comunicación, mediante decreto supremo exento, a un plebiscito nacional constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta, el que se conoce también como plebiscito de salida.


Luego, corresponde anotar que si bien las reseñadas instrucciones fueron impartidas con ocasión del plebiscito de entrada regulado en el citado artículo 130 de la Constitución Política de la República, las mismas consideraciones esgrimidas en ese documento son aplicables respecto del plebiscito de salida, por lo que procede colegir, tal como se hizo en las referidas directrices impartidas por el oficio N° 5.210, de 2020, que el Ejecutivo no puede asumir, en el ejercicio de la función pública, una posición sobre la materia que será objeto de consulta en este nuevo proceso eleccionario.


Es en este contexto que se emiten las presentes instrucciones, a las cuales deben ajustarse las actuaciones de las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado en relación con el plebiscito a que se refiere el artículo 142 de la Constitución Política de la República.


II. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS


1) Principio de Juridicidad.


En primer lugar, es necesario tener presente que de acuerdo con el anotado principio, contemplado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y con lo dispuesto en los artículos 2°, 3°, 5° y 7° de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, es obligación primordial de los servidores públicos propender al bien común -artículo 1° de la Carta Fundamental-, debiendo cumplir fiel y esmeradamente, dentro de su competencia, las tareas propias de sus funciones, a fin de atender en forma eficiente las necesidades públicas a su cargo.


Sobre el particular, cabe tener presente que el artículo 19 de la aludida ley N° 18.575, aplicable a todos los órganos y servicios que integran la Administración del Estado, señala que el personal que la compone "estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración", regla que se aplica a quienes la integran, bien sea como autoridades, jefaturas o funcionarios.


Del mismo modo, el N° 4 de su artículo 62 advierte que contraviene especialmente la probidad administrativa el "Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales".


En armonía con lo anterior, es útil expresar que igual idea se contempla en la letra h) del artículo 84 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que de manera expresa prohíbe a los funcionarios regidos por este cuerpo legal "Realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones".


Similar norma se contiene en la letra h) del artículo 82 de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.


Atendido lo expuesto, las autoridades y servidores públicos no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar alguna de las alternativas consultadas en esta oportunidad, ya sea directamente o a través de las tendencias o partidos políticos que las apoyan.


De lo expuesto, y lo señalado en el Título I de este instructivo acerca del origen y regulación constitucional de este plebiscito, resulta que las autoridades, jefaturas y funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el desempeño de la función pública que ejercen, no deben promover alguna de las posturas de este plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto, ni, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar algunas de las proposiciones plebiscitadas.


En razón de iguales fundamentos, configura también un ilícito administrativo usar para los indicados propósitos, los recursos públicos, así como los bienes fiscales, municipales o de otras entidades estatales, tal como se precisa en el Capítulo V de estas instrucciones.


Lo anterior, no obsta a que, al margen del desempeño del cargo, las autoridades, jefaturas y funcionarios -con las salvedades que más abajo se precisan-, en su calidad de ciudadanos, se encuentran habilitados para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente sus opiniones en materias políticas y realizar actividades de esa naturaleza, siempre que las desarrollen fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios (aplica dictámenes N°s. 16.848, de 2014, y 86.368, de 2016).


Conviene agregar que dichas acciones, realizadas en las condiciones antedichas, son por esencia voluntarias, sin que, por consiguiente, sea admisible que los servidores públicos, por cualquier medio, coaccionen a otros empleados, requiriéndoles su participación, colaboración o intervención de cualquier índole, en las mismas.


Ahora bien, lo anteriormente señalado, es sin perjuicio de las prohibiciones especiales que el ordenamiento jurídico contempla para determinados servicios, con el objetivo que, en el ejercicio de sus cargos, los funcionarios -en atención a las particularidades de esos organismos- no puedan realizar ciertas actividades relacionadas con el ejercicio de sus derechos políticos, lo que no obsta al derecho a sufragio que reconoce la Constitución Política a todos los ciudadanos.


Tal es el caso de la prohibición que afecta al personal del Servicio Electoral, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 77 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, que en lo pertinente, establece que "Ni el personal del Servicio, ni las personas que a cualquier título desempeñen alguna función en él, podrán militar en partidos políticos, ni participar en o adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, publicaciones o cualquier otro acto que revista un carácter político-partidista o de apoyo a candidatos a cargos de representación popular", añadiendo que “Tampoco podrán participar de modo similar con ocasión de los actos plebiscitarios”.


Luego, el inciso primero del artículo 204 de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, previene que “Los embajadores, cónsules y todos los funcionarios de las plantas del Servicio Exterior, secretaría y administración general, agregados y de los servicios dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores que presten servicios en el exterior, así como los empleados locales de las embajadas y consulados de Chile no podrán durante el período de campaña electoral realizar, ejecutar o participar en eventos o manifestaciones públicas que tengan por finalidad la promoción o rechazo de alguna nominación, candidatura o posición plebiscitaria, por ningún medio, sea éste escrito, audiovisual, electrónico o a través de imágenes. Lo anterior, salvo la difusión de la información electoral que disponga el Servicio Electoral mediante las instrucciones que imparta”.


El inciso segundo de esa misma norma establece que “Las infracciones a este artículo se sancionarán como falta grave al principio de probidad administrativa y serán conocidas y resueltas por la Contraloría General de la República”.


Por otra parte, en cuanto al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, cabe advertir que de acuerdo con lo prescrito en el inciso final del artículo 101 de la Carta Fundamental, dichas instituciones, "como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes".


Del mismo modo, el artículo 2° de la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, además de reiterar lo señalado en aquel precepto constitucional, establece que el personal que integra las Fuerzas Armadas no podrá pertenecer a partidos políticos, a organismos sindicales, ni a instituciones, organizaciones o agrupaciones cuyos principios u objetivos se contrapongan o sean incompatibles con lo dispuesto en esa norma o con las funciones que la Constitución Política de la República y las leyes encomiendan a las Fuerzas Armadas.


Igual prohibición contempla el artículo 2° de la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en lo que respecta al personal de este organismo. A su vez, el referido artículo 18 de la ley N° 18.603, hace extensible el mismo criterio a todo el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, es decir, comprendiendo también a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, de acuerdo al inciso segundo del aludido artículo 101 de la Constitución Política de la República.


En concordancia con lo anterior, el decreto N° 1.445, de 1951, del Ministerio de Defensa Nacional, que contiene el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, expresamente dispone en su artículo 28 que "el militar no debe mezclarse en política. Se le prohíbe pertenecer a asociaciones de carácter político y concurrir a actos de esta índole", agregando en su artículo 76, N° 2, que son faltas contra la disciplina, entre otras, participar en política o en manifestaciones o reuniones de esta naturaleza.


Similares disposiciones prevén los Reglamentos de Disciplina de la Armada, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, contenidos en los decretos N°s. 1.232, de 1986, del Ministerio de Defensa Nacional; 900, de 1967, del entonces Ministerio del Interior; y 40, de 1981, del citado Ministerio de Defensa Nacional, respectivamente.


En términos semejantes, el artículo 14, inciso segundo, de la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, establece que los funcionarios de dicha entidad administrativa "Desde el momento de su nombramiento, no podrán pertenecer a partidos políticos ni participar o adherir a reuniones, manifestaciones o asambleas, apoyar a candidatos a cargos de representación popular o intervenir en cualquier otro acto que revista carácter político partidista".


De las normas consignadas, aparece de manifiesto que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, cualquiera sea su jerarquía, así como los servidores de las instituciones aludidas precedentemente, están sometidos a un estricto régimen de prohibiciones y deberes, que los obliga a observar una absoluta prescindencia política y a abstenerse de toda actividad de carácter político partidista, tanto en el desempeño de sus cargos como fuera del servicio (aplica criterio contenido en el dictamen N° 24.886, de 1995).


2) Principio de Probidad Administrativa.


Enseguida, debe considerarse que, conforme con lo prescrito en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política de la República, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa en todas sus actuaciones.


A su turno, el inciso segundo del artículo 52 de la aludida ley N° 18.575, previene que ese principio consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.


En armonía con lo anterior, el artículo 53 de la citada ley N° 18.575 precisa que el interés general "exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.".


Atendido todo lo expuesto, los cargos públicos que sirven autoridades, jefaturas y funcionarios deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, sin emplear los medios institucionales para favorecer o perjudicar alguna de las posiciones plebiscitadas.


III. REGULACIONES ATINGENTES AL PERSONAL QUE DEBEN TENERSE ESPECIALMENTE EN CUENTA


1) Cumplimiento de la jornada de trabajo.


Los funcionarios públicos deben dar estricto cumplimiento a su jornada de trabajo, lo que tiene que ser fiscalizado por la autoridad o jefatura que corresponda, toda vez que aquélla es un medio fundamental para dar la consecución a una de las finalidades de la Administración del Estado, cual es, la atención continua y permanente de las necesidades de la comunidad, que no puede verse alterada por las actividades de carácter político a que se alude en el Título precedente.


Al respecto, es útil señalar que el artículo 65 del Estatuto Administrativo establece que la jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios será de 44 horas semanales distribuidas de lunes a viernes no pudiendo exceder de 9 horas diarias, lo que se reitera, en similares términos, tratándose de los funcionarios municipales, en el artículo 62 de la ley N° 18.883.


En virtud de la normativa expuesta sobre la materia, los funcionarios públicos no pueden, con ocasión del plebiscito en referencia, realizar la señalada actividad política dentro del horario que trabajan para la Administración del Estado.


2) Viáticos, pasajes y horas extraordinarias.


En relación con estas materias, debe señalarse que los gastos que ocasionen tales rubros deben corresponder a cometidos y labores estrictamente institucionales.


3) Descuentos de remuneraciones.


Así también, cabe consignar que, según lo expresado por esta Entidad de Fiscalización mediante el dictamen N° 34.684, de 1999, no resulta procedente que los servicios públicos efectúen descuento alguno en las remuneraciones de sus funcionarios, en favor de determinada candidatura política, lo que resulta aplicable a las posturas relacionadas con lo consultado en el plebiscito a que se refieren las presentes instrucciones.


4) Control jerárquico.


Al respecto, es del caso manifestar que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, están obligadas a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia, obligación que se encuentra consagrada en los artículos 5°, inciso primero, 11 y 12 de la ley N° 18.575; 61, letra f) y 64, letra a), de la ley N° 18.834, y 58, letra f) y 61, letra a), de la ley N° 18.883 (aplica dictamen N° 69.300, de 2016).


En este sentido, es necesario precisar que tal control es de carácter permanente y comprende tanto la legalidad como la oportunidad de la actuación del subordinado.


Asimismo, es pertinente consignar que, como manifestación del referido control jerárquico, los órganos y servicios de la Administración, a través de sus unidades de control interno, deben velar por el correcto funcionamiento de la respectiva entidad, así como de la actuación del personal, del cumplimiento de los planes y fines institucionales, y por la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, extendiéndose tal labor a la eficacia y eficiencia en la concreción de sus objetivos.


5) Órdenes impartidas por la jefatura.


Ahora bien, es menester precisar que las referidas autoridades y jefaturas de los órganos y servicios de la Administración no pueden, por ningún medio, dar órdenes, instrucciones o sugerencias que impliquen o induzcan a los funcionarios de su dependencia a transgredir los principios y normas acerca de la prescindencia política de los servidores de la Administración del Estado en este plebiscito.


6) Facilidades para concurrir a votar.


Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 165 de la ley N° 18.700, ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o trabajo alguno que impida votar a los electores.


Añade el inciso segundo del mismo precepto que en aquellas actividades que deban necesariamente realizarse el día en que se celebrare una elección o plebiscito, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas, a fin de que puedan sufragar, sin descuento de sus remuneraciones.


Lo anterior cobra relevancia tratándose de todos los funcionarios que trabajen el día en que se celebrará el referido plebiscito de salida.


IV. RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y DENUNCIAS


Como cuestión previa, debe tenerse en consideración que la infracción a la preceptiva que regula las materias antes aludidas puede dar lugar a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal, que de la misma contravención pudiera emanar, según lo previenen los respectivos incisos finales de los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental; 18 de la ley N° 18.575; 120 de la ley N° 18.834; y, 119 de la ley N° 18.883.


Enseguida, cabe hacer presente que acorde con las modificaciones que la ley N° 20.205 introdujo a las leyes N°s. 18.575, 18.834 y 18.883, es obligación de cada funcionario, en lo que interesa, denunciar a la autoridad competente los hechos de carácter irregular o las faltas al principio de probidad de que tome conocimiento, denuncias que, cumpliendo los requisitos legales, originan para el denunciante los derechos que esa normativa establece, entre los cuales cabe destacar el de solicitar que sean secretos, respecto de terceros, la identidad del denunciante o los datos que permitan determinarla, así como la información, antecedentes y documentos que entregue o indique con ocasión de la denuncia.


De tal modo, se debe advertir que, acorde a lo prescrito en los artículos 62, N° 9, de la ley N° 18.575; 125, letra d), de la ley N° 18.834; y, 123, letra e), de la ley N° 18.883 -agregados por la referida ley N° 20.205-, contraviene el principio de probidad administrativa y hace procedente la medida disciplinaria de destitución, efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al señalado principio, de las que se haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.


V. RESTRICCIÓN EN EL USO DE BIENES, VEHÍCULOS Y RECURSOS FINANCIEROS EN ACTIVIDADES POLÍTICAS


Los recursos físicos y financieros que el ordenamiento jurídico ha puesto a disposición de los órganos de la Administración del Estado para el cumplimiento de sus funciones, deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus objetivos propios fijados tanto en la Constitución Política como en las leyes respectivas.


En consecuencia, y respecto del plebiscito que se llevará a efecto el 4 de septiembre de 2022, está prohibido usar esos recursos para realizar o financiar las actividades de carácter político a que se hace referencia en el Título II del presente instrumento.


En este contexto, cabe expresar que según lo ordenado en los N°s. 3 y 4 del artículo 62 de ley N° 18.575, implica una falta a la probidad administrativa el emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros y ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, por lo que tales actuaciones comprometen la responsabilidad administrativa de quienes infrinjan esos deberes.


Luego, es necesario hacer presente que los bienes de los órganos de la Administración o los destinados a ellos para el cumplimiento de su función y los entregados en simple administración, no pueden ser empleados por las autoridades o funcionarios para las actividades de carácter político antes enunciadas, como por ejemplo, colocar en ellos cualquier clase de distintivos o afiches, pintarlos con colores o símbolos que identifiquen a una determinada coalición o partido político, o posición plebiscitaria, o llevar a efecto en los mismos cualquier actividad en apoyo a éstas, ya sea en forma directa o indirecta, toda vez que ello no solo implica ocupar tales bienes en un fin totalmente distinto de su objetivo sino que también importa el uso de recursos financieros o físicos en beneficio de una determinada postura relacionada con lo consultado en el plebiscito de que se trata.


1) Uso de bienes muebles e inmuebles.


Al respecto, cabe precisar que de acuerdo con las normas que regulan la administración de los bienes del Estado, éstos solo pueden emplearse para el logro de los fines del órgano público al que pertenezcan o se encuentren afectados, o de manera excepcional y en casos calificados, en otros fines de interés general, aunque no sean los específicos de la respectiva entidad, siempre que su uso no entorpezca la marcha normal de ésta o signifique un menoscabo de la afectación principal que el bien debe cumplir, ni importe una discriminación arbitraria.


Conforme a lo expuesto, si las autoridades competentes, ajustándose a los requisitos que la ley respectiva establezca, ponderan la facilitación de inmuebles, con o sin previo pago por su uso, esta debe arbitrarse en condiciones igualitarias en términos de montos, horarios, días y condiciones de uso, sin discriminación de ninguna especie respecto de todos quienes lo requieran a fin de no incurrir en una distinción arbitraria que atente contra la igualdad de trato que las autoridades y funcionarios públicos deben otorgar a todos los sectores políticos, exigiendo, asimismo, las garantías o compromisos que sean pertinentes conforme a la naturaleza del bien o espacio de que se trate, a fin de velar por el debido cuidado de los mismos (aplica dictámenes N°s. 49.202, de 2008 y 41.996, de 2013).


Asimismo, cabe manifestar que tratándose de los inmuebles del Estado que han sido destinados a casa habitación de funcionarios públicos, estos no pueden ser utilizados en actividades de propaganda política, como sería, por ejemplo, la exhibición de afiches en favor de una determinada posición plebiscitaria, ni para reuniones públicas de esa índole.


Enseguida, corresponde señalar que aquellos organismos públicos que, como apoyo para el cumplimiento de sus funciones, dispongan de periódicos, revistas, radio, televisión u otros medios de información electrónicos o, en general, de comunicación social -en las condiciones fijadas en la ley y la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora-, no podrán destinar sección o espacio alguno de esos medios para favorecer o perjudicar cualquier posición plebiscitaria.


En este sentido, es del caso manifestar que los medios de información de carácter institucional -tales como páginas electrónicas y redes sociales-, solo pueden ser utilizados para emitir expresiones que digan relación con el funcionamiento del organismo respectivo (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 71.422, de 2013; 79.472, de 2016 y 20.451, de 2019).


En concordancia con lo anterior, no corresponde que los funcionarios públicos utilicen las bases de datos a que tienen acceso en el organismo público en que se desempeñan, para fines relacionados con el plebiscito de que se trata y que sean ajenos a las funciones del organismo.


Al respecto, cabe indicar que la obtención, utilización y protección de la información contenida en las aludidas bases de datos se rige por las disposiciones contenidas en la ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, lo que implica que el tratamiento de dicha información por parte de un organismo público solo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y dentro de las funciones propias de la respectiva entidad (aplica dictamen N° 75.618, de 2016).


Asimismo, tratándose del uso de medios electrónicos, tanto de las plataformas informáticas, como de los servidores institucionales, cuentas institucionales en redes sociales y las casillas asignadas a los funcionarios, solo pueden utilizarse para los fines propios del servicio, sin que resulte admisible su empleo con fines proselitistas.


2) Vehículos.


Según lo expresado en la circular N° 35.593, de 1995, de esta Contraloría General, relativa al uso y circulación de los vehículos estatales, regulados por el decreto ley N° 799, de 1974, los medios de movilización con que cuentan los entes del Estado -incluyéndose aquellos que se encuentran arrendados o a su disposición a cualquier título-, solo pueden ser empleados para el cumplimiento de sus fines.


De este modo, existe la prohibición absoluta de usar los vehículos estatales en cometidos particulares o ajenos al órgano o servicio al cual pertenecen, ya sea en días hábiles o inhábiles, siendo útil agregar que dicha prohibición no admite excepciones de ninguna especie y afecta a todos los servidores que emplean vehículos sujetos al citado decreto ley.


A su vez, quienes se encuentren gozando de un permiso administrativo, feriado o licencia médica quedan también afectos a las anotadas obligaciones (aplica criterio contenido en el dictamen N° 42.410, de 2013).


Cabe destacar, que las eventuales infracciones a los preceptos del aludido cuerpo legal, serán investigadas y sancionadas directamente por esta Entidad Fiscalizadora, con arreglo a las atribuciones que le confiere esa misma normativa.


3) Recursos financieros.


Los recursos financieros con que cuentan los organismos públicos, sea que integren o no sus presupuestos, deben destinarse exclusivamente al logro de los objetivos propios de tales entidades, fijados tanto en la Constitución Política como en las leyes respectivas, y administrarse de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, contenida en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y demás normas especiales relativas a la materia.


En ese orden de ideas, la jurisprudencia administrativa ha sostenido que en materia de administración de haberes públicos y como expresión del principio de juridicidad, el Estado y sus organismos deben observar el principio de legalidad del gasto, que se fundamenta en los artículos 6°, 7° y 100 de la Carta Fundamental; 2° de la ley N° 18.575; 56 de la ley N° 10.336; y, en el decreto ley N° 1.263, de 1975, así como en las leyes anuales de presupuestos, de forma tal que los desembolsos que se otorguen con cargo a fondos públicos solo pueden emplearse para las situaciones y fines previstos en el ordenamiento jurídico (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 14.880, de 2010; 13.915 y 40.853, ambos de 2013).


4) Gastos de publicidad y difusión.


Al respecto, el artículo 3° de la ley N° 19.896 dispone, en lo que interesa, que los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.


Luego, es del caso hacer presente que el artículo 21, inciso cuarto, de la ley N° 21.395, de Presupuestos del Sector Público para el año 2022, dispone que “Las actividades de publicidad y difusión que corresponda realizar por los ministerios, delegaciones presidenciales regionales, delegaciones presidenciales provinciales, los gobiernos regionales y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley N° 19.896”.


Agrega que “En ningún caso podrán efectuarse campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una autoridad específica o del Gobierno en general, con excepción de las cuentas públicas que los organismos señalados en el citado artículo realicen”.


Añade el inciso quinto del citado artículo 21 de la ley N° 21.395 que “Para estos efectos, se entenderá que son gastos de publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, aquellos necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso, comunicación o concursabilidad de beneficios o prestaciones sociales” y, “en general, aquellos gastos que, debido a su naturaleza, resulten impostergables para la gestión eficaz de los mismos organismos”.


VI. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS


1) Contratación de servicios no personales.


La contratación de servicios no personales por parte de los organismos del Estado deberá asociarse a labores específicas que puedan ser identificadas y cuantificadas y su pago se verificará una vez que la entidad estatal constate su efectiva ejecución, lo cual deberá ser debidamente acreditado.


Este Organismo de Control examinará la legalidad de estos gastos cuando corresponda, comprendiéndose tanto los que se imputen al subtítulo 22 del clasificador presupuestario, contenido en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, como aquellos que queden comprendidos en proyectos aprobados y en transferencias para fines específicos, según las condiciones fijadas en las glosas presupuestarias pertinentes o en los respectivos convenios.


Especial énfasis se dará a la revisión de pagos por publicidad, difusión, comunicación y otros análogos, en conformidad con lo dispuesto en las leyes N°s. 19.896 y 21.395, esta última, de Presupuestos del Sector Público para el año 2022.


2) Contratos a honorarios y convenios que involucren la prestación de servicios personales.


Al respecto, este Organismo de Control fiscalizará especialmente las tareas encomendadas a las personas contratadas a honorarios respecto a su efectiva ejecución y al cumplimiento de horarios de trabajo, cuando corresponda, velando, desde luego, por la correcta emisión de los informes que en cada caso se contemplen en el respectivo contrato.


Sobre el particular, corresponde dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos 11 de la ley N° 18.834, y 4° de la ley N° 18.883, teniendo presente que las labores realizadas deben obedecer a aquellas contempladas en los contratos respectivos, relacionadas siempre con los objetivos de la institución de que se trate, y en el marco de las instrucciones impartidas por esta Entidad de Control mediante el dictamen E173171-22.


En cuanto a los funcionarios de planta o a contrata que además tengan contratos a honorarios, se hace presente que esas funciones deben ser realizadas fuera de la jornada ordinaria de trabajo, según lo dispuesto en los artículos 87, letra b), de la ley N° 18.834, y 85, letra b), de la ley N° 18.883.


Por último, deberá darse cabal aplicación a lo dispuesto en el artículo 16 del decreto ley N° 1.608, de 1976, reglamentado por el decreto N° 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda, que establece las modalidades a las que deberá ajustarse la celebración de convenios que involucren la prestación de servicios personales con personas naturales.


Asimismo, es necesario tener presente que la celebración de convenios sobre prestación de servicios personales con personas jurídicas se debe ajustar a lo previsto en el Capítulo XII del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (aplica dictamen N° 11.552, de 2005).


La Contraloría General de la República debe insistir en que durante este período previo al plebiscito las autoridades y jefaturas deben tener una significativa preocupación y extremo cuidado en dar estricto cumplimiento a las normas que regulan estas contrataciones, lo que será materia de las fiscalizaciones de rigor.


VII. CONSIDERACIONES FINALES


El ordenamiento jurídico impone a los funcionarios públicos la obligación de desempeñar su cargo con estricto apego al principio de probidad administrativa, por lo que deben observar una conducta funcionaria intachable, con absoluta preeminencia del interés público por sobre los intereses particulares.


En este contexto, cabe tener presente que, acorde lo dispuesto en el artículo 62 de la aludida ley N° 18.575, contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, las conductas que esa disposición señala, de manera que quien infringe tales deberes puede ser sancionado incluso con la medida disciplinaria de destitución o de término de la relación laboral.


Entre tales conductas, y con ocasión del presente instructivo, deben destacarse, particularmente, las que enseguida se enumeran:


1) Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros, beneficiando tendencias u opciones plebiscitarias.


2) Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, tales como la participación en campañas o reuniones o proclamaciones de carácter político en relación con lo plebiscitado en esta ocasión.


Por tanto, los servidores del Estado se encuentran impedidos de realizar, en el ejercicio del cargo y dentro de la jornada, la actividad política referida en el Título II de estas instrucciones, ni emplear al efecto recursos públicos, sean bienes muebles o inmuebles, vehículos, medios de información, y en general, cualquier otro recurso destinado al cumplimiento de la función pública incluidos, por cierto, los equipos computacionales o sistemas de información digital que los órganos de la Administración del Estado colocan a su disposición para el cumplimiento de las labores que el ordenamiento jurídico les encarga.


3) Ejercer para fines antes mencionados la autoridad que ha conferido la ley o los bienes de la institución, valiéndose del cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, alguna de las opciones en que recae el plebiscito, como asimismo a las asociaciones o partidos políticos en relación con las tendencias que sostienen acerca de dichas opciones.


Conforme a lo antes señalado, no pueden los funcionarios, durante el ejercicio de sus funciones, llamar a votar por alguna de esas alternativas. Tampoco pueden permitir que los beneficios que el Estado otorgue sean identificados en su entrega real a determinada opción plebiscitaria.


Del mismo modo, los funcionarios no pueden discriminar en la convocatoria a ceremonias públicas que tengan por objeto concretar las funciones de los servicios que dirigen o a los cuales pertenecen, en desmedro o con favoritismo respecto a alguna de las propuestas plebiscitadas, puesto que ello además de infringir la probidad, atentaría contra los fines esenciales que debe resguardar todo funcionario en atención a la servicialidad que caracteriza la actuación estatal (aplica dictamen N° 82.191, de 2016).


4) Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.


5) Disponer contrataciones de servicios no personales o a honorarios para las ya referidas finalidades políticas o ajenas a los objetivos del servicio.


VIII. CUMPLIMIENTO Y DIFUSIÓN DE ESTAS INSTRUCCIONES


Las respectivas autoridades deberán adoptar todas las medidas que procedan a fin de dar la debida y oportuna publicidad a las presentes instrucciones al interior del correspondiente organismo y, además, velar por su estricto cumplimiento.


Es del caso reiterar que las autoridades y jefaturas, en cumplimiento del control jerárquico que deben ejercer respecto del personal de su dependencia, están obligadas, por la naturaleza de la posición que ocupan, a velar por el cumplimiento de las normas que en el presente instructivo se señalan.


Cabe enfatizar que esta Contraloría General está facultada para investigar las infracciones a los deberes de probidad administrativa y de velar por el adecuado resguardo de los bienes y recursos públicos, debiendo, en su caso, perseguir las responsabilidades administrativas que deriven de su incumplimiento y aplicar las sanciones que el derecho establezca, de acuerdo con la gravedad de la infracción cometida, incluyendo la destitución o término de la relación laboral, si correspondiere.


Por último, es necesario hacer presente que no se opone a los citados principios de juridicidad, probidad y apoliticidad, el que el Estado a través de los organismos relacionados con funciones de comunicación tales como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, y los ministerios Secretaría General de Gobierno y de Desarrollo Social y Familia, efectúe una campaña sobre la importancia de concurrir a participar en el plebiscito y que informe acerca de las características de dicho proceso y las posiciones plebiscitadas, a fin de que la ciudadanía esté debidamente informada sobre la materia. Lo anterior, por cierto, en la medida que aquello se ejecute con la debida imparcialidad.


Publíquese en el Diario Oficial.


Finalmente se informa que este instructivo se encuentra disponible en el sitio web www.contraloria.cl.


Saluda atentamente a Ud.



JORGE BERMÚDEZ SOTO

Contralor General de la República


Ministra del Interior y Seguridad Pública



lunes, 4 de abril de 2022

Presidente de la República Gabriel Boric Font deja ofrenda floral al general José de San Martín

Presidente de la República Gabriel Boric Font deja ofrenda floral al general José de San Martín. Monumento del Libertador General José de San Martín, Buenos Aires, Argentina [4 de abril 2022]. 🇨🇱🇦🇷 #Chile #Argentina 
Disponible en:





lunes, 14 de marzo de 2022

Primer discurso en el Palacio de La Moneda del Presidente Gabriel Boric Font [11 de marzo de 2022]

Primer discurso en el Palacio de La Moneda del Presidente Gabriel Boric Font [11 de marzo de 2022].

Disponible en:

https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=188237

https://prensa.presidencia.cl/lfi-content/uploads/2022/03/11.03.2022-primer-discurso-pdte-boric-transcripcion.pdf

https://prensa.presidencia.cl/lfi-content/uploads/2022/03/11.03.2022-primer-discurso-presidente-boric-en-la-moneda-ok.mp3

https://prensa.presidencia.cl/videos.aspx#





Primer discurso en el Palac... by Andrés Retamales

Transcripción:


"S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, realiza su primer mensaje presidencial y saluda a la ciudadanía presente en la Plaza de la Constitución.

Chilenas y chilenos, habitantes de nuestra patria, pueblo de Chile:


Esta tarde, por primera vez, les hablo como Presidente de la República, Presidente de todas y todos los que habitamos este país que tanto queremos y cuánto queremos a Chile, que ha sufrido tanto y qué tantas alegrías nos ha dado.


Gracias infinitas por darme este honor a ustedes, a quienes nos están viendo en sus casas a lo largo y ancho de todo nuestro país. También, a mi familia incondicional, a nuestro Gabinete, nuestros equipos y, también, personalmente a Irina.


Este Chile hecho de diversos pueblos y naciones, instalado en una cornisa del continente entre las cordilleras imponentes y su océano mágico, entre el desierto de vida y los hielos antárticos, enriquecido y transformado por el trabajo de su pueblo.


Es este Chile que solo en un puñado de años, y ustedes lo han vivido, ha debido atravesar terremotos, catástrofes, crisis, convulsiones y una pandemia mundial y violaciones a los derechos humanos que nunca más se repetirán en nuestro país. Pero en el que siempre, siempre nos sacudimos el polvo, nos secamos las lágrimas, ensayamos juntos una sonrisa, nos arremangamos y seguimos, chilenas y chilenos, siempre seguimos.


La emoción qué he sentido hoy día al atravesar la Plaza de la Constitución y entrar a este Palacio de La Moneda, es profunda y necesito, existencialmente necesito compartirla con ustedes. Son parte protagónica de este proceso, el pueblo de Chile es protagónico en este proceso, no estaríamos aquí sin las movilizaciones de ustedes.


Y quiero que sepan que no llegamos aquí solo para llenar cargos y solazarnos entre nosotros, para generar distancias inalcanzables, llegamos aquí para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor la vida en nuestra patria.


Quiero decirles, compatriotas, que he visto sus caras recorriendo nuestro país, las de las personas mayores cuya pensión no les alcanza para vivir porque algunos decidieron hacer de la previsión un negocio.


Las de quienes se enferman y sus familias no tienen cómo costearle los tratamientos. Cuántos de ustedes nos han hablado, nos hemos mirado a los ojos.


Las de los estudiantes endeudados, las de las y los campesinos sin agua por sequía y por saqueo.


Las de las mujeres que cuidan a sus niños con TEA que en cada lugar de Chile me las encuentro. A sus familiares postrados, a sus bebés indefensos.


Las de las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos qué no dejaremos de buscar.


Las de las disidencias y diversidades de género que han sido discriminadas y excluidas por tanto tiempo.


Las de los artistas que no pueden vivir de su trabajo porque la cultura no es lo suficientemente valorada en nuestro país.


Las de las dirigentas sociales que luchan por el derecho a una vivienda digna en las poblaciones de Chile.


Las de los pueblos originarios despojados de su tierra, pero nunca, nunca de su historia.


Las de la clase media acogotada, las de los niños y niñas del Sename, nunca más, nunca más, las caras de las zonas más aisladas de nuestro país como el Magallanes de dónde vengo, las de quiénes viven en la pobreza olvidada.


Con ustedes es nuestro compromiso.


Hoy iniciamos un período de grandes desafíos, de inmensa responsabilidad, pero no partimos de cero, no partimos de cero. Chile tiene una larga historia y hoy día este día nos inserta en esa historia larga de nuestra República.


Iniciar mi mandato como Presidente Constitucional de la República de Chile es hacerme parte, hacernos parte de una historia que nos excede a todos, pero que al mismo tiempo le da forma, le da sentido y dirección a nuestra mirada.


Por aquí pasaron antes que nosotros miles de personas que hicieron posible la expansión de la educación pública, el reconocimiento progresivo de los derechos de las mujeres y las disidencias en el país y en la casa, la democratización del país, el reconocimiento de los derechos sociales.


Por aquí, en este lugar desde donde hoy les hablo, pasó Balmaceda y su dignidad chilena, Pedro Aguirre Cerda y su “gobernar es educar” citando a Valentín Letelier.


Por acá pasó también Eduardo Frei Montalva y la promoción popular, el compañero Salvador Allende y la nacionalización del Cobre, Patricio Aylwin y la recuperación de la democracia, Michelle Bachelet abriendo caminos inexplorados con la protección social.


Aquí se escuchan también los ecos de quienes anónimamente se han levantado contra la opresión, defendiendo los derechos humanos, exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.


Por acá resuena el clamor feminista y su lucha por la igualdad.


Y algunos se acordarán también de las 1.800 horas corriendo alrededor de La Moneda por la educación.


Pero estas paredes también han sido testigos del horror de un pasado de violencia y opresión que no hemos olvidado y no olvidaremos. Por donde hablamos hoy, ayer entraban cohetes y eso nunca más se puede volver a repetir en nuestra historia.


Este Palacio, esta Plaza, esta ciudad, este país tienen historia y a esa historia también nos debemos. Hoy, en esta jornada tan importante en el difícil, difícil camino de los cambios que la ciudadanía decidió echar a andar en unidad, repito, importante, en unidad, vienen a mi mente y a mi corazón los días en que, junto a muchos de los aquí presentes, y seguramente quienes nos están viendo en sus casas también, marchábamos juntos por un futuro digno.


¿Hacia dónde marchábamos, compatriotas? ¿hacia dónde marchábamos?  


No va a ser este Gobierno el fin de esa marcha, vamos a seguir andando y el camino, sin duda, va a ser largo y difícil, pero hoy los sueños de millones de personas están acá empujándonos, dándonos sentido para llevar a buen puerto los cambios que la sociedad demanda.


Chilenas y chilenos:


Mi sueño es que cuando terminemos nuestro mandato, y hablo en plural porque esto no es algo individual, esto no se trata de mí, esto se trata del mandato que el pueblo nos diera a este proyecto colectivo, cuando terminemos este mandato podamos mirar a nuestros hijos, a nuestras hermanas, a nuestros padres, a nuestras vecinas, a nuestros abuelos y sintamos que hay un país que nos protege, que nos acoge, que nos cuida, que garantiza derechos y retribuye con justicia el aporte y el sacrificio que cada uno de ustedes, de los habitantes de nuestra patria, hacen para el desarrollo de nuestra sociedad.


Quisiera, compatriotas y en los ejemplos uno siempre se queda corto, pero quisiera, compatriotas, qué la gente de Puchuncaví y de Coronel puedan mirar hacia el futuro y saber que sus hijos no van a crecer rodeados de contaminación, algo tan básico.


Que la gente, los trabajadores de Lota no van a seguir viviendo en la pobreza.


Que las comunidades de algueras y pescadores artesanales de la provincia de Cardenal Caro podrán seguir desarrollando sus actividades tradicionales.


Que los niños y niñas de Alto Hospicio, allá arriba, sepan que ellos también van a poder acceder a una vivienda digna.


Que los vecinos y vecinas de Antofagasta, de Maipú, de Hualpén sientan tranquilidad al volver de sus trabajos y tengan tiempo para vivir junto a sus familias. Por eso impulsaremos, como hemos comprometido, las 40 horas.


Que los jóvenes de Juan Fernández, ese lugar aislado, insular van a poder tener un colegio digno para estudiar.


Sabemos, compatriotas, que el cumplimiento de nuestras metas no será fácil, que enfrentaremos crisis externas e internas, que cometeremos errores y que esos errores los deberemos enmendar con humildad, escuchando siempre a quienes piensan distinto y apoyándonos en el pueblo de Chile.


Quiero decirles que vamos a vivir tiempos desafiantes y tremendamente complejos. La pandemia sigue su curso, con un saldo de dolor y pérdida de vidas que nos va a acompañar por mucho tiempo, seguramente todos ustedes conocen a alguien que ha partido producto de la pandemia.


Pensemos, pensemos por un segundo, por un segundo en quiénes se han ido y quienes nos han dejado, pensemos en el dolor que tiene cada familia en su intimidad por quién ha partido y no volverá. Tenemos que abrazarnos como sociedad, volver a querernos, volver a sonreír, esto más allá de discursos y más allá de lo que está escrito, qué importante, qué diferente es cuando en un pueblo nos queremos, nos cuidamos entre nosotros, no desconfiamos el uno del otro, sino que nosapoyamos. Le preguntamos a nuestro vecino cómo ésta, apoyamos al trabajador de al lado, nos queremos, salimos adelante juntos y juntas. Eso es lo que tenemos que construir, compatriotas.


Sabemos también que la economía sigue resentida y que el país necesita ponerse de pie, crecer y repartir de manera justa los frutos de este crecimiento, porque cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paga es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas, que producen quiénes habitan nuestra patria.


Sabemos que a todas estas dificultades se suma, además, un contexto internacional marcado por la violencia en muchos lugares del mundo y hoy también por la guerra. Y en esto quiero ser muy claro, Chile, nuestro país, promoverá siempre el respeto de los Derechos Humanos, en todo lugar y sin importar el color del gobierno que los vulnere.


Desde Chile, en nuestra América Latina, porque somos profundamente latinoamericanos y basta de mirar con distancia a nuestros países vecinos, somos profundamente latinoamericanos y un saludo a nuestros pueblos hermanos, desde aquí, desde este continente haremos esfuerzos para que la voz del sur se vuelva a escuchar firme en un mundo cambiante.


Son tantos los desafíos, la emergencia climática, los procesos migratorios, la globalización económica, la crisis energética, la violencia permanente contra las mujeres y disidencias. Tenemos que trabajar juntos con nuestros pueblos hermanos, como lo conversábamos hoy día con Presidentes de otros países. Nunca más mirarnos en menos, nunca más mirarnos con desconfianza, trabajemos juntos en América Latina para salir adelante juntos.


Practicaremos, compatriotas, la autonomía política a nivel internacional, sin subordinarnos nunca a ninguna potencia y cautelando siempre la coordinación y cooperación entre los pueblos.


Quiero que sepan que, como Presidente de Chile y nuestro Gabinete, nuestros equipos no le haremos el quite a los problemas, vamos a explicar, vamos a hablar con ustedes para contarles el porqué de nuestras decisiones para que sean parte, también, de las soluciones. Y eso requiere, también, cambiar de alguna forma la relación que se tiene con las autoridades, las autoridades no pueden ser inalcanzables; queremos ministros en terreno, en la calle, estando con el pueblo. Queremos no hacer visitas a las regiones que sean solamente de un par de horas para inaugurar una obra y chao. Escuchar, no estar escondidos.


Y, para eso, es importante que también haya reciprocidad y a qué me refiero con eso, que la relación con las autoridades no sea una de consumidores, que trabajemos juntos, que seamos ciudadanos y que este sea el Gobierno del pueblo y ustedes lo sientan como su Gobierno, de todas y todos los chilenos y chilenas.


Y para eso nos vamos a necesitar todos, Gobierno y Oposición, instituciones y sociedad civil, movimientos sociales. Nuestro Gobierno, cuya base política es Apruebo Dignidad y, también, un saludo a nuestros compañeros que han trabajado tanto por esto y, también, los partidos de Convergencia Progresista.


Quiero que sepan que no se agota, este Gobierno no se agota en sus adherentes. Seré el Presidente de todos los chilenos y chilenas y escucharé siempre las críticas constructivas y las propuestas de quienes piensan distinto a nosotros, los que siempre, siempre tendrán garantizada la libertad y el derecho de disentir.


Como he dicho más una vez, citando palabras nacidas al calor de las movilizaciones en un colegio tomado en una población, lejos, en una región perdida, porque de las movilizaciones venimos; hoy día estamos acá, pero no nos olvidamos de dónde venimos.


Vamos lento porque vamos lejos, vamos lento porque vamos lejos y no vamos solos, sino que con todos ustedes, hombres, mujeres, niños y niñas que nos acompañan hoy en esta plaza, a través de sus pantallas en sus casas, quizás, en el celular, en la micro, de donde sea que nos estén viendo o en el extranjero quienes también nos están siguiendo y añoran a su Chile querido porque es central, como he repetido varias veces en este discurso, que ustedes se hagan parte de este proceso porque no podemos hacerlo solos.


Desde este lugar quiero hacerles a todas y a todos, un llamado, que nos acompañemos en esta tarea. Caminemos juntos la ruta de la esperanza y construyamos todos el cambio hacia un país que sea digno y justo. Dignidad, qué palabra tan linda. Lo construiremos paso a paso con la sabiduría de quien sabe que los cambios que duran son los que tienen sustento en el conocimiento acumulado y que son respaldados por grandes mayorías.


Pondremos especial atención, cómo he señalado, a los efectos que la pandemia ha tenido sobre el sistema de salud, sobre los trabajadores y trabajadoras que nos han protegido y cuidado, sobre las listas de espera que tanta angustia generan en las familias.


Vamos a continuar, también, la exitosa estrategia de vacunación del pasado Gobierno colocando siempre la salud de las personas como prioridad primera y también implementaremos una estrategia específica para atender las consecuencias de la salud mental porque la salud mental también importa chilenos y chilenas.


Nos vamos a preocupar, específicamente, por la educación donde ha habido una brecha gigante producto de la obligación de cerrar las escuelas. Tenemos que volver a abrir las escuelas para que nuestros niños y niñas vuelvan a encontrarse generando, por cierto, todas las condiciones de seguridad para que ello sea posible.


Vamos a implementar, con mucha energía, la consolidación de nuestra economía, recuperar nuestra economía sin reproducir sus desigualdades estructurales. Un crecimiento que sea sustentable, nunca más zonas de sacrificio; el Estado también es responsable.


Queremos que las pequeñas y medianas empresas que generan valor vuelvan a crecer, queremos terminar con los abusos que tan injustamente, que tan justamente han indignado a nuestro pueblo y queremos volver a generar, en conjunto, dándole seguimiento a las buenas ideas de antes; empleo digno.


Reconocemos también que millones de chilenos y chilenas viven hoy día con temor. No podemos mirar para el lado ante eso y vamos a enfrentar el problema de la delincuencia enfrentando la desigualdad social que es su origen y también con una reforma las policías que asegure presencia en los lugares donde más se necesita, que aumente la efectividad de la investigación y que se concentre en las organizaciones criminales y de narcos que destruyen nuestros barrios.


Les doy un mensaje a quienes han hecho de la delincuencia algo común y que creen que pueden vivir en la impunidad. No quiero frases grandilocuentes, quiero decirles que los vamos a enfrentar con la comunidad.


Y quiero decir, también, que necesitamos reparar las heridas que quedaron del estallido social. Y, por eso, el día de ayer hemos retirado las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado porque tenemos la convicción de que como chilenos y chilenas tenemos que volver a encontrarnos y vamos a trabajar, vamos a trabajar intensamente en aquello; lo hemos conversado con los familiares de los presos, saben que estamos en ello.


Sabemos, también, compatriotas que enfrentaremos grandes desafíos en el Norte y en el Sur. En el Norte por la crisis migratoria donde vamos a retomar el control de nuestras fronteras y trabajaremos juntos nuestros países hermanos para abordar de manera colectiva las dificultades que conlleva el éxodo de miles de seres humanos, no nos olvidemos nunca que somos seres humanos, por favor.


Quiero decirle a la gente de Colchane, a la gente de Iquique, de Antofagasta, de San Pedro que no van a estar solos, a la gente de Arica, por cierto.


Quiero también decir que en el Sur tenemos un problema. El conflicto que no es como antes se hablaba de la pacificación de la Araucanía, que termino más burdo e injusto. Después algunos decían el conflicto mapuche, no señores, no es el conflicto mapuche, es el conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a existir. Y allí la solución no es ni será la violencia.


Trabajaremos incansablemente por reconstruir las confianzas después de tantas décadas, después de tantas décadas de abuso y de despojo. El reconocimiento a existir de un pueblo, con todo lo que eso implica, será nuestro objetivo y el camino será el diálogo, la paz, el derecho y la empatía con todas las víctimas, sí, con todas las víctimas. Cultivemos, cultivemos la reciprocidad, no nos veamos como enemigos, tenemos que volver a encontrarnos.


En este primer año de Gobierno también nos hemos impuesto como tarea acompañar de manera entusiasta nuestro proceso constituyente por el que tanto hemos luchado. Vamos a apoyar decididamente, decididamente el trabajo de la Convención. Necesitamos una Constitución que nos una, que sintamos como propia, una Constitución que, a diferencia de la que fue impuesta a sangre, fuego y fraudes por la dictadura, nazca en democracia, de manera paritaria, con participación de los pueblos indígenas, una Constitución que sea para el presente y para el futuro, una Constitución que sea para todos y no para unos pocos.


Los invito a que nos escuchemos de buena fe, sin caricaturas, sin caricaturas, tomémonoslo en serio, de todos los bandos. Nos lo digo a nosotros mismos también, escuchemos de buena fe, sin caricaturas para que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro y no de división y podamos aquí, junto al pueblo, firmar por primera vez en la historia de Chile una Constitución, democrática, paritaria, con participación de todas y todos nuestros pueblos.


Chilenas y chilenos:


El mundo nos está mirando. Quiero decirles chilenos y chilenas que el pueblo nos está mirando, el mundo nos está mirando y estoy seguro de que también ven con complicidad lo que está pasando en Chile.


Tenemos la oportunidad de ir aportando humildemente a la construcción de una sociedad más justa y estoy seguro que vamos a estar a la altura de este proceso democrático que fue decidido por una inmensa mayoría ciudadana, repliquemos ese resultado.


Queridos habitantes de nuestra tierra:


Asumo hoy con humildad, con conciencia de las dificultades el mandato que ustedes me han confiado, lo hago también con la convicción de que solo en la construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas. En Chile no sobra nadie, la democracia la construimos juntos y la vida que soñamos solo pueden nacer de la convivencia, el diálogo, la democracia, la colaboración y no la exclusión.


Sé que en 4 años más el pueblo de Chile nos juzgará por nuestras obras y no por nuestras palabras y que, como decía un viejo poeta, el adjetivo cuando no da vida, mata. Hoy era necesario hablar, mañana todos juntos a trabajar.


Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor.


Seguimos. ¡Viva Chile!"