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— Defensoría Metropolitana Norte (@DPP_MetroNorte) April 26, 2023
miércoles, 26 de abril de 2023
... hoy en la Región Metropolitana el examen que habilita para ejercer la Defensa Pública
sábado, 22 de abril de 2023
sábado, 8 de abril de 2023
jueves, 6 de abril de 2023
miércoles, 5 de abril de 2023
jueves, 23 de marzo de 2023
DECLARACIÓN DE SANTA MARTA. “La región, unida por el cambio”. Grupo de Puebla. Santa Marta, Colombia, 10 y 11 de noviembre del 2022
DECLARACIÓN DE SANTA MARTA. “La región, unida por el cambio”. Grupo de Puebla. Santa Marta, Colombia, 10 y 11 de noviembre del 2022.
Disponible en: https://www.grupodepuebla.org/declaraciondesantamarta
https://issuu.com/andresretamales01/docs/declaraci_n_de_santa_marta._la_regi_n_unida_por_e
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Texto completo de la Declaración:
"DECLARACIÓN DE SANTA MARTA
“La región, unida por el cambio”
Santa Marta, Colombia, 10 y 11 de noviembre del 2022
El Grupo de Puebla une a mujeres y hombres de América Latina y del Caribe con firmes convicciones en favor de la paz, la democracia social y sostenible, la lucha contra la pobreza, por la igualdad y un orden internacional de cooperación y solidaridad. El VIII encuentro de este foro de debate de ideas y de solidaridad se ha logrado abrir un espacio amplio de cooperación y puesta en común de una gran pluralidad de posiciones, en un ambiente amable y de unidad que fortalece a todas las opciones progresistas de nuestros países.
En los últimos años, América Latina se enfrentó a la peor crisis económica de su
historia por cuenta de la pandemia. La coyuntura dejó un saldo de muertes revelador sobre las vulnerabilidades sociales y económicas que hoy padecemos. De acuerdo con la CEPAL, con un 8% de la población mundial, el porcentaje de fallecimientos en América Latina llegó al 34% del total global. A esto se suman los 45 millones de empleos que se sacrificaron durante la prolongada crisis agravada por el desmonte en décadas anteriores, de los esquemas de protección social que dejaron a los Estados desprovistos de mecanismos públicos para proteger a su población.
Las mujeres latinoamericanas sufrieron particularmente, pues durante el
confinamiento vivieron la pandemia en la sombra por cuenta de la violencia de género.
Según ONU MUJERES una de cada tres mujeres en el mundo, sufre violencia sexual o física, en la mayoría de los casos por parte de su pareja, con lo cual, mujeres y niñas quedaron encerradas con sus potenciales agresores. En la coyuntura quedaron al desnudo las vulnerabilidades y la desproporcionalidad en las tareas y sus contribuciones en la economía del cuidado invisibilizadas injustamente.
Con perspectivas de recuperación y gracias al crecimiento post Covid surgió una
esperanza moderada en medio de muchas carencias que fue interrumpida por la
Guerra en Ucrania. El conflicto en Europa ha tenido efectos nefastos sobre la economía del Sur Global, incluida América Latina y el Caribe. El número de personas que padecen hambre en el mundo actualmente asciende a los 828 millones de personas según las advertencias de la FAO. En 2021, casi 60 millones de personas corren el riesgo de inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Este año, se advirtió sobre la posibilidad de que en Haití unos 4,7 millones estuvieran bajo ese factor de riesgo. La situación en esa nación caribeña está lejos de resolverse mientras los más vulnerables sufren por cuenta de la violencia y la inestabilidad política, desatendida en los últimos años por buena parte de los actores institucionales multilaterales, en especial de la Organización de Estados Americanos.
La región viene de un panorama adverso, la época del llamado “invierno conservador (2016-2021)”, por lo que buena parte del electorado ha optado por gobiernos progresistas, alentados por los movimientos sociales, el activismo juvenil, el despertar feminista, la necesidad inaplazable de recuperar esquemas de protección social, la garantía de acceso a derechos económicos y sociales y por la coincidencia en que se debe procurar un desarrollo sin alterar los equilibrios ambientales. El proyecto político de Puebla apunta, por ello, hacia una profundización de la democracia social, ambiental, participativa y local.
La región viene de un panorama adverso, la época del llamado “invierno conservador (2016-2021)”, por lo que buena parte del electorado ha optado por gobiernos progresistas, alentados por los movimientos sociales, el activismo juvenil, el despertar feminista, la necesidad inaplazable de recuperar esquemas de protección social, la garantía de acceso a derechos económicos y sociales y por la coincidencia en que se debe procurar un desarrollo sin alterar los equilibrios ambientales. El proyecto político de Puebla apunta, por ello, hacia una profundización de la democracia social, ambiental, participativa y local.
Cuando apenas restan poco más de 7 años para que culmine el plazo fijado para la
realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las asimetrías, carencias, brechas laborales, de género, rurales -y ahora digitales- siguen marcando a América Latina y el Caribe. Por eso el Grupo de Puebla incorpora a las mujeres, jóvenes, movimientos sociales, pueblos indígenas, y gobiernos locales como sujetos activos de este cambio y se alimenta de las luchas sociales que llevaron al progresismo al poder. La reducción de esas brechas es un objetivo inaplazable.
Soplan nuevos vientos …
Por fortuna, en estos meses llegan buenas noticias desde las urnas. Por primera vez en la historia, el progresismo gobierna en Colombia con Gustavo Petro, luego de
experiencias exitosas de la izquierda en el nivel local o subnacional lo cual es más
significativo tomando en cuenta que, cuando se produjo el primer ciclo de progresista a comienzos de siglo, Colombia fue de las pocas excepciones que mantuvo al conservatismo neoliberal alejado de los discursos sobre redistribución del ingreso y consolidación de la vocación integracionista. Los triunfos de nuevos líderes progresistas como Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras y Luis Arce en Bolivia se suman a los liderazgos ya consolidados de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina. Siguiendo esa lógica, se rescata el triunfo de Luis Inacio Lula da Silva, tras cuatro años desastrosos en los que más de 688 mil brasileños perdieron su vida por el negacionismo de Jair Bolsonaro durante la pandemia. A esto se suman las constantes agresiones verbales y discriminatorias hacia las mujeres, afrodescendientes y población LGBTI+ por parte del actual mandatario brasileño. Lula abre caminos amplios de esperanza para retomar el camino perdido de la integración, la libertad y la justicia social en la región.
En buena parte de los Estados de América Latina y el Caribe el progresismo es hoy
gobierno, una oportunidad inmejorable para continuar con la tarea iniciada a
comienzos de siglo y que fue trascendente en materia de políticas sociales para reducir las brechas. Asimismo, abrió espacios de concertación política a escala regional en una zona habituada a los esquemas de libre comercio, pero no necesariamente al diálogo político y el respeto a la diversidad.
Esta diversidad parece amenazada en todo mundo, donde el tema migratorio ha
generado niveles inaceptables de discriminación. Las migraciones son un asunto que debe ser incluido en la regionalización, sin dar la espalda a ninguno de los actores comprometidos en esos flujos y en el ideal de garantizar los derechos de un segmento poblacional que viene en aumento en América Latina y el Caribe. Al contrario, el progresismo debe convertirse en el constructor de una nueva ciudadanía latinoamericana que empiece por reconocer el derecho de las personas que emigran a tener derechos donde quiera que lleguen y cualquiera sea su lugar de origen.
Los temas del diálogo político regional.
La región necesita incorporar y enfatizar nuevos temas en la agenda regional que
antes, por distintas razones, no tenían la visibilidad que hoy parece indiscutible como las políticas públicas de medio ambiente, la equidad de género, la libre movilidad de las personas, la transición ecológica, la defensa de la selva amazónica y de los derechos los pueblos indígenas, el desarrollo de energías alternativas y la necesidad de incluir nuevos actores sociales y económicos en los procesos regionales de integración. En esta misma dirección la apuesta del Grupo de Puebla debe promover la seguridad y soberanía alimentaria, la gratuidad y calidad de la educación pública, así como una política de seguridad y defensa común.
América Latina y el Caribe necesitan relanzar una arquitectura financiera adaptada a sus necesidades y sin imposiciones que amenacen la soberanía de nuestros pueblos y centren la mirada en la creación de una moneda única latinoamericana.
El Grupo de Puebla constata que el narcotráfico se ha convertido en un problema
transnacional y global. La llamada Guerra contra las drogas, como lo han afirmado
diferentes organizaciones y figuras políticas, ha sido un fracaso, y no ha resuelto el
problema, sino que lo ha profundizado. Los principales países consumidores, deben asumir su responsabilidad en buscar una salida distinta al problema. Por eso,
proponemos una alianza latinoamericana para encontrar una salida distinta consistente en buscar salidas de desregulación de la prohibición de las drogas, y de dar un tratamiento social y sanitario y no exclusivamente penal a la adicción y al consumo.
El Grupo de Puebla debe convertir su Manifiesto lanzado en febrero de 2021, en una serie de iniciativas concretas que tengan impacto en el bienestar de latinoamericanos y caribeños. Para ello, se propuso en diciembre pasado, un Modelo Solidario de Desarrollo cuyos ejes articuladores sean i) la búsqueda de la igualdad como valor central del desarrollo y la reducción de las asimetrías globales ii) la búsqueda del valor iii) una nueva política económica, diversificada y basada en la incorporación del conocimiento iv) la transición ecológica v) una nueva institucionalidad democrática y, vi) la integración regional.
El Modelo apunta a la reducción de las profundas asimetrías observables tras la
pandemia y que no habían sido suficientemente dimensionadas. Las brechas son
múltiples, por ende, el reto es complejo. Ello requiere de una política de generación de valor que vaya abandonado la distinción engañosa entre lo público y lo privado y la idea de que Estado y mercado van cada uno por su lado. Se trata de contar con Estados emprendedores que generen bienestar social a través de la creación de cadenas incluyentes de valor, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas y la reindustrialización y reprimarización de sus economías. Nuestros gobiernos necesitan reivindicar la soberanía alimentaria en todo momento y en especial en tiempos de guerra, incertidumbre y ante la riesgosa posibilidad de una desglobalización con efectos devastadores sobre el Sur Global. Como parte de este replanteamiento, el Grupo de Puebla condena la imposición de medidas coercitivas y sanciones unilaterales que llevan a bloqueos económicos como los que padecen Cuba y Venezuela. Ningún país puede atribuirse el derecho de sancionar a otro y mucho menos afectar las posibilidades de supervivencia de sus pueblos.
La generación y transferencia de conocimiento son esenciales, y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones desempeñan un papel vital. Las redes sociales y los medios de comunicación, espacios clave de la deliberación, en determinados casos se han convertido en generadores de noticias falsas, reproductores de la violencia de género e informaciones imprecisas, e incluso estando al servicio de causas políticas de dudoso carácter democrático.
Urge también una renovada lectura sobre el medio ambiente. Frente al cambio
climático vale recordar que, entre 1998 y 2020 más de 312.000 personas perdieron la vida por hechos relacionados con desastres naturales de acuerdo con las Naciones Unidas. América Latina y el Caribe concentran 57% de los bosques primarios del planeta. A esto se añade la necesidad de discutir la transición energética como parte de un nuevo modelo de desarrollo solidario que tenga en consideración las afectaciones al medio ambiente y a la supervivencia que los modelos extractivistas nos han dejado. Y la inaplazable necesidad de poner en vigor el Acuerdo de Escazú que, entre otros, impulsa la protección de los líderes ambientales (en la región de mayor riesgo para su vida) y entrega instrumentos de seguimiento al Estado y la sociedad sobre los compromisos mínimos en materia de protección ambiental.
El Grupo de Puebla se define como feminista y hace propias las justas reivindicaciones de las mujeres y el movimiento LGTBIQ+ en distintos lugares del mundo. Hace expresa su voluntad de contribuir a la lucha por la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia de género. Se declara, por tanto, partícipe de su lucha por la igualdad de oportunidades y derechos, desde una perspectiva popular e interseccional.
No hay progresismo, ni democracias sanas sin la participación activa de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en los espacios de poder político y de toma de decisiones. Por tanto, el enfoque de género debe ser elemento constitutivo de las propuestas programáticas del progresismo y sus gobiernos. Además, asumimos el desafío de incorporar los temas de género y equidad en nuestros diálogos y reflexiones, no solo desde las mujeres, sino como conjunto de nuestro grupo, incorporando el criterio de paridad en todos nuestros espacios de trabajo.
Si bien la época de las dictaduras militares parece cosa del pasado, las amenazas al
Estado de derecho siguen estando presentes bajo la figura de las guerras jurídicas
(lawfare), el desconocimiento de los resultados de las elecciones o la utilización de los poderes públicos para llevar a cabo golpes blandos. Todo ello requiere de la generación de conciencia sobre los riesgos que entraña la judicialización de la política que lleva a la politización de la justicia. Puebla debe promover la defensa de la independencia de las ramas del poder público, pues en esa autonomía se juega en buena medida el destino de nuestra democracia, cada vez más amenazada por poderes fácticos que acumulan prerrogativas sin que hayan sido elegidos ni rendir cuentas por sus acciones.
La región sigue observando procesos penales, juicios de contenido político y la guerra jurídica bajo el pretexto derivado de la lucha contra la corrupción como justificación, disfrazada de legalidad, para suprimir del juego político los liderazgos progresistas, como ha ocurrido en contra de Cristina Fernández, Rafael Correa, Carlos Caicedo, Luis Inácio Lula da Silva, Evo Morales y Marco Enríquez-Ominami, entre otros. Esta estrategia resultó en golpes parlamentarios y en transiciones hacia Estados autoritarios y de extrema derecha en nuestra región, bajo los cuales se producen cotidianamente suspensiones de derechos y usos estratégicos de mecanismos legales para perseguir proyectos políticos populares y tomar retaliaciones injustamente contra la oposición o contradictores políticos. Destacamos los esfuerzos del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) para visibilizar el lawfare y trabajar infatigablemente por la soberanía latino americana y por el respeto a los derechos humanos.
El Grupo de Puebla recomienda a los gobiernos de los diferentes países, independientemente de sus posiciones políticas-ideológicas, profundizar los procesos de integración que nos permitan resolver de forma articulada los problemas de nuestros pueblos enfrentado por una guerra que afecta a nuestros países y la necesidad de responder conjuntamente a los problemas del mundo contemporáneo.
Vemos con genuina esperanza la “paz total” en Colombia que acabe con la guerra que, durante décadas ha entorpecido las posibilidades de un desarrollo pleno y de justicia social. Apoyamos este enfoque que ataca las causas objetivas y sociales de la violencia y tal como sucedió con el Acuerdo de La Habana, confirma que el único camino para esa anhelada paz es la negociación y la concertación incluyendo a todos los actores.
La Organización de Estados Americanos, señala en su Carta, que tiene la misión de
articular para sus países miembros, los principios de solución pacífica de las
controversias y de no intervención en asuntos internos. Sin embargo, vemos con
inquietud que su secretario general, Luis Almagro, ha promovido consistentemente lo contrario: la intervención extranjera, la obstaculización de procesos de acuerdos y de paz, y la oposición sistemática al actuar soberano de los pueblos. Denunciamos, nuevamente, su rol en la desestabilización de las democracias latinoamericanas y caribeñas al que se suman ahora, denuncias de abuso de poder. Esperamos que los Estados exijan su renuncia.
Las respuestas a este conjunto variopinto de desafíos están en la integración, más aún, cuando el progresismo ha vuelto al poder en buena parte del continente. Las secuelas sociales del último ciclo de gobiernos neoliberales son inocultables en materia de medio ambiente, desigualdades, maltrato infantil, violencia de género, polarización y transgresiones al Estado de derecho. Transformar semejante escenario es uno de los desafíos más difíciles, pero urgentes para este progresismo renovado que debe restablecer los espacios de diálogo político regional cuanto antes. Este cambio no puede hacer abstracción de lo local pues en esos territorios se construye la democracia, desde la base. Más aún, siendo América Latina una zona rica en experiencias de democracia local con la cogestión, los presupuestos participativos o la planeación participativa donde la vocación progresista ha sido evidente incluyendo la promoción de procesos de autonomía territorial, regionalización o federalización según las condiciones de cada país.
Necesitamos más integración y diálogo político. Con el nuevo panorama en Brasil se despeja el camino para su retorno a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y para la reactivación de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur). Ambos espacios fueron debilitados y casi desmontados cuando los gobiernos conservadores fueron mayoría. Sin embargo, su permanencia no puede depender de los cambios de gobierno, pues son espacios indispensables para la concertación regional. América Latina necesita resignificar a Unasur y fortalecer la Celac y que, de paso, se relance el proyecto de convergencia que presupone la articulación de otras iniciativas regionales como la Comunidad Andina. El Grupo de Puebla recomienda a los gobiernos de los diferentes países, independientemente de sus posiciones políticas-ideológicas, profundizar los procesos de integración que nos permitan resolver de forma articulada los problemas de nuestros pueblos. Finalmente, el Grupo de Puebla recoge el sentimiento que expresan el ecologismo, el feminismo y el movimiento juvenil de la región como sujetos históricos en la construcción de las nuevas agendas de cambio.
Este encuentro del Grupo de Puebla en la ciudad de Santa Marta, morada del
fallecimiento del Libertador Simón Bolívar, constituye un esfuerzo en ese sentido, y ha congregado a distintas voces de un progresismo latinoamericano y caribeño, cada vez más diverso, para unirnos e integrarnos para el cambio."
viernes, 24 de febrero de 2023
GUÍA SOBRE EL PODER JUDICIAL EN LENGUA MAPUDUNGÚN, Poder Judicial de Chile [21-febrero-2023].
GUÍA SOBRE EL PODER JUDICIAL EN LENGUA MAPUDUNGÚN, Poder Judicial de Chile [21-febrero-2023].
"Guía de Acceso a la Justicia para ciudadanas y ciudadanos de Pueblos Originarios".
Disponible en:
viernes, 27 de enero de 2023
Contraloría General de la República, Dictamen N°E283349N22, fecha 01-12-2022. Materia: Resulta procedente otorgar el beneficio de sala cuna mediante el pago de una suma de dinero mientras se mantenga el estado de alerta sanitaria
Contraloría General de la República, Dictamen N°E283349N22, fecha 01-12-2022. Materia: Resulta procedente otorgar el beneficio de sala cuna mediante el pago de una suma de dinero mientras se mantenga el estado de alerta sanitaria. Fuentes legales: DTO 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/f. Dictámenes relacionados: Aplica dictámenes 9913/2020, E70289/2021, 25664/2017, 25569/2019; Reconsidera dictámenes E159334/2021, E197875/2022. Descriptores: SERNAGEOMIN, COVID-19, seguridad social, beneficio de sala cuna, entrega suma de dinero, requisitos, mantención estado de alerta sanitaria, disponibilidad presupuestaria.
Disponible en:
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E283349N22/pdf
https://issuu.com/andresretamales01/docs/contralor_a_general_de_la_rep_blica_dictamen_n_e2
Contraloría General de la República, Dictamen N°E283349N22, fecha 01-12-2022. Materia: Resulta procedente o... by Andrés Retamales on Scribd
Documento completo:
Nº E283349 Fecha: 01-XII-2022
I. Antecedentes
El Servicio Nacional de Geología y Minería -SERNAGEOMIN-, solicita un pronunciamiento respecto de la forma de pago del beneficio de sala cuna y cómo regularizar el pago efectuado en el mes de abril de 2022 a 28 funcionarios, por concepto de cuidador/a. A su vez, solicita se determine si es factible o no que se reconozca el otorgamiento de dicho beneficio durante el periodo que señala.
II. Fundamento jurídico
Sobre el particular, cabe hacer presente que en el dictamen N° 9.913, de 2020, de este origen, referido a las opciones de entrega del beneficio de sala cuna durante la pandemia del COVID-19, se manifestó que mientras se encontraban cerrados dichos establecimientos en virtud de las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria -lo que constituía un caso fortuito que impedía otorgar la prestación de sala cuna en cualquiera de las modalidades legales previstas en el artículo 203 del Código del Trabajo-, no se advertía inconveniente en que se entregase un monto en dinero para costear los cuidados de los niños menores de dos años que vieron suspendido el beneficio de sala cuna.
Ello, respecto de aquellas funcionarias que, atendidas sus funciones esenciales, se ven en la obligación de concurrir presencialmente a sus lugares de trabajo, y en la medida que no se estuviera cumpliendo la obligación de sala cuna, ya sea porque se posee una sala cuna institucional, pues la mantención de la misma y del personal que en ella opera implica sostener los gastos de su funcionamiento, o mantuviese contratos con salas cunas externas, y que, además exista disponibilidad presupuestaria.
Dicho criterio se extendió a las trabajadoras en teletrabajo o trabajo remoto en los términos que se detallan en el dictamen N° E70289, de 2021, y, en tal sentido, la entrega del bono en cuestión resultaba procedente en la medida que su otorgamiento no implicase un doble gasto.
En este sentido, cabe recordar que el dictamen N° E159334, de 2021, estableció que, con ocasión del cierre de las salas cunas y jardines infantiles decretado por la autoridad sanitaria durante la pandemia de COVID-19, muchos de los contratos suscritos con instituciones particulares se vieron suspendidos, por lo que ante la reapertura de dichos centros, procedía retomar la contratación de tales prestaciones, siendo plausible continuar otorgando un monto en dinero por concepto de sala cuna, con la finalidad de contribuir a los cuidados de los niños y niñas en su hogar, mientras se concretan las contrataciones necesarias para su otorgamiento conforme con las reglas generales.
Enseguida, a través del dictamen N° E197875, de 2022, se permitió mantener el pago del anotado bono, en la medida que se mantuviera la alerta sanitaria, y mientras se regularizaba el habitual funcionamiento de los establecimientos de esa naturaleza y se afinaban los respectivos procesos licitatorios, lo que no se podía extender más allá del inicio del año escolar del 2022, es decir, marzo de esta anualidad.
Añadió dicho pronunciamiento que si la madre así lo solicita y la Administración comparte su opinión, resulta posible suscribir un trato directo con la sala cuna que ella proponga, invocando para esto la causal de trato directo prevista en el artículo 10, N° 7, letra f), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Luego, es preciso hacer presente que la jurisprudencia de este Ente de Control contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 25.664, de 2017 y 25.569, de 2019, ha señalado que la obligación del empleador de proporcionar una sala cuna se traduce en la necesidad de otorgar a sus funcionarias el beneficio en análisis a través de una sala cuna de su dependencia o contratando ese servicio con algún establecimiento de la localidad, siendo improcedente sustituirlo por el pago de una suma de dinero a la madre funcionaria, como tampoco contratar, con cargo al empleador, a una persona para que atienda en el hogar al menor, ni reembolsarle a la madre los gastos ya efectuados con ese objeto, salvo en aquellas situaciones de excepción expresamente establecidas en la jurisprudencia de este origen.
III. Análisis y conclusión
Al respecto, cabe señalar que la vigencia del decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decretó alerta sanitaria por brote del COVID-19, fue prorrogada mediante el decreto N° 75, de 2022, de la misma cartera de Estado, hasta el 31 de diciembre del presente año.
Ahora bien, teniendo en cuenta la alta circulación de virus respiratorios, dentro de los cuales se encuentra el COVID-19, contra el cual los niños y niñas menores de dos años no se encuentran vacunados y atendido el interés superior de los niños en resguardo de su salud, se ha estimado pertinente reconsiderar el criterio contenido en los dictámenes N°s. E159334, de 2021 y E197875, de 2022, permitiendo que, de forma excepcional y mientras perdure la declaración de alerta sanitaria, se pueda pagar una suma de dinero a la madre o padre que sea titular del derecho a sala cuna, para costear el cuidado de su hijo o hija en su domicilio.
Atendido lo expuesto, es dable concluir que las personas funcionarias que recibieron una suma de dinero para solventar el pago por el cuidado de sus hijos no deben restituirlos y procede que sigan recibiendo dicha suma mientras dura la declaración de alerta sanitaria.
Sin embargo, cabe hacer presente que el servicio puede acceder a la solicitud voluntaria de la madre o padre de recibir el referido pago, en la medida que la entidad pública no incurra con ello en un doble gasto, sea porque mantiene una sala cuna institucional o contratos vigentes con establecimientos de esa naturaleza.
Por último, en cuanto a la entrega del beneficio de jardín infantil para los niños y niñas mayores de 2 años y menores de 6, cabe recordar que en el dictamen N° 9.913, de 2020, se indicó que, dado que se trata de un beneficio voluntario y sujeto a disponibilidad presupuestaria, no existe obligación legal de mantener su otorgamiento en las actuales circunstancias.
Ahora bien, y considerando que no existe regulación legal para la entrega del beneficio de jardín infantil, aquellos organismos públicos que tengan disponibilidad presupuestaria y no estén pagando un contrato para la entrega de esa prestación, pueden regularlo aplicando los mismos criterios indicados anteriormente para la sala cuna.
Saluda atentamente a Ud.
JORGE BERMÚDEZ SOTO
Contralor General de la República
Diario Oficial, (2020). “Informe de Publicaciones sobre Actividad Legislativa y Económica: Enero – Diciembre 2020”. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, República de Chile, Santiago, Chile
Diario Oficial, (2020). “Informe de Publicaciones sobre Actividad Legislativa y Económica: Enero – Diciembre 2020”. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, República de Chile, Santiago, Chile.
Disponible en:
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/assets/informes/IPALE-DO.pdf
https://issuu.com/andresretamales01/docs/diario_oficial_2020_._informe_de_publicaciones_s
Diario Oficial, (2020). “Informe de Publicaciones sobre Actividad Legislativa y Económica: Enero – Diciembr... by Andrés Retamales on Scribd
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