🇨🇱🏛️📃 S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, realiza Cuenta Pública 2024 [1 de junio de 2024].
Transmisión oficial de la Cuenta Pública 2024 del Presidente de la República @GabrielBoric, desde el Salón de Honor del Congreso Nacional.
Disponible en:
https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=285231
https://prensa.presidencia.cl/lfi-content/uploads/2024/06/01.06.2024-cuenta-publica-ok.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=N1I-GNeAd-E
#GabrielBoric #CuentaPública2024 #Chile
Texto completo de la Cuenta Pública 2024:
"Honorables miembros del Congreso Nacional, pueblo de Chile:
Antes de entrar en materia, quisiera recordar a quien desde este mismo lugar se dirigiera a la nación en el período presidencial pasado, el ex Presidente Sebastián Piñera Echenique, fallecido trágicamente este verano. Desde aquí envío un gran abrazo a su familia. Saludo también a los ex presidentes que, por diversas razones, hoy no han podido acompañarnos: a Eduardo Frei Ruiz - Tagle, uno de los artífices de la apertura de Chile al mundo; a Ricardo Lagos Escobar, ineludible referente y constructor de nuestra democracia; y a Michelle Bachelet Jeria, cuyos caminos pioneros en derechos sociales, equidad de género, protección del medio ambiente y tantos otros, hemos transitado y buscado ampliar. Cómo no recordar, en este momento, también al ex Presidente Patricio Aylwin Azócar, quien lideró la difícil tarea de la recuperación y consolidación de la democracia.
Los cambios materiales, políticos y sociales que Chile y el mundo están enfrentando han sido y seguirán siendo vertiginosos. Como gobierno hemos asumido estas nuevas realidades y demandas. Por ello es que en base a la diversidad política y generacional de las distintas trayectorias de esta coalición de gobierno hemos ido construyendo una síntesis: un proyecto que defiende y profundiza la democracia, le da estabilidad y certidumbre al país, abriendo camino hacia una sociedad más justa e igualitaria. Esta es la esencia de mi gobierno, la que nos va adaptando a los nuevos escenarios que enfrentamos.
Si bien la paz, la democracia, la globalización y el comercio internacional siguen siendo un anhelo compartido por gran parte de los pueblos y gobiernos del mundo, hoy vemos con horror cómo la guerra y la matanza de inocentes han retornado como armas de la política y los Estados. Cómo los populismos y sus atajos pasan por alto las reglas más básicas de la democracia. Cómo se forman bloques guiados por intereses geopolíticos y no por el bienestar de los pueblos y del planeta. Para Chile, un país proverbialmente identificado con la paz y la democracia, y para el cual la apertura al mundo ha sido en las últimas décadas su motor de progreso, el curso actual de la humanidad plantea desafíos gigantescos.
Hace años la economía chilena ha venido perdiendo impulso. Esto afecta todo, desde la calidad de vida al ánimo de las personas, desde la tolerancia a las frustraciones a la violencia cotidiana, desde las ilusiones de los jóvenes al merecido descanso de los mayores.
Algunos culpan de esto a la burocracia o a determinadas reformas, otros a la pérdida de empuje empresarial y a la excesiva desigualdad. Muchos al contexto mundial. También a la indolencia de la política, que pareciera más preocupada de pelear entre bandos que de idear medidas creativas para salir adelante. Como sea, el hecho es que en Chile, durante los últimos años, se parece haber perdido la confianza en nosotros. El deseo de destacar nuestros defectos pareciera superar a nuestra motivación por resaltar nuestros logros. Los tenemos, y muchos. Y no me refiero a los logros del gobierno, sino a los logros del país. Podemos constatar que el monstruo de la desesperanza ha estado sentado aquí en el living, y tenemos que expulsarlo. Para esto es necesario construir confianza en el país que somos y en el que podemos ser. Chile, estimados y estimadas, tiene todo el potencial para ver con esperanza el futuro y materializar paso a paso aquellos cambios que nuestro país necesita. Como me enseñara, hace muchos años, un sabio profesor ya fallecido, la buena tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego.
Muchos lo advirtieron años atrás: en Chile podría sobrevenir una explosión social si es que no se destrababan las reformas que habían esperado demasiado tiempo, si no se acordaba una nueva generación de políticas públicas para reducir la desigualdad, si no se castigaba con fuerza la corrupción de los sectores privilegiados, si es que no tomábamos medidas drásticas contra los abusos, si no se enfrentaban las diferencias de trato que reciben las personas según su origen social.
Esta visión de hacer cambios enfrentó la resistencia de sectores políticos y económicos que tomaron la advertencia a la ligera. Nadie imaginó, sin embargo, que esa explosión social se iba a producir en octubre de 2019. Malestares acumulados, debates que no supimos y decisiones que no se tomaron a tiempo, y que siguen todavía pendientes, condujeron a cientos de miles de chilenas y chilenos, sin distinción de color político, a copar las calles en gran parte del país. Los actos de violencia existieron y son inaceptables, pero reducir todo lo que sucedió a eso, es engañarse. Podrá ser más cómodo tratarlo así hoy, pero no por ello deja de ser un autoengaño. Las demandas allí expresadas —malestar con la política, pensiones dignas, mejor salud, mayor justicia social, igualdad de género, reconocimiento de los pueblos originarios, cuidado del medio ambiente— siguen tan vivas y vigentes como antes. Y la buena política, estimados y estimadas, no es aquella que está permanentemente con calculadora en mano pensando en la próxima elección, sino aquella que se atreve a cruzar barreras poniendo el bien común de Chile y de su gente por delante de los intereses particulares.
Nos tomará mucho tiempo, sin duda, entender todo lo sucedido en los últimos años; pero lo que sí sabemos es que esos eventos manifestaron una crisis profunda de las bases mismas de nuestra convivencia, de nuestra democracia y de nuestra economía. Así lo reconocieron todos los actores políticos y económicos. Fue el acuerdo de noviembre de 2019 el que significó iniciar un proceso constitucional que fue ampliamente respaldado por la ciudadanía, lo que permitió encauzar institucionalmente esta grave crisis que vivíamos.
Eso significó que nuestro gobierno hubo de convivir con un proceso constitucional e inéditamente con elecciones en todos los años de nuestro período. Se arribó, a partir de este proceso, a dos propuestas constitucionales, pero ninguna logró satisfacer las aspiraciones de las y los chilenos.
Hay quienes, a propósito de este resultado, dicen que fue una pérdida de tiempo. No comparto ese juicio. Hoy tenemos un Chile en paz donde nadie pone en duda la democracia, y las lecciones de un proceso intenso que nos dejó como aprendizaje, que espero quede grabado a fuego en nuestro ethos democrático, que cuando nos atrincheramos en posiciones irreductibles negando la validez de quien circunstancialmente está en minoría y dejamos de dialogar las legítimas diferencias que tenemos para poder construir en conjunto, el país no avanza y rápidamente el péndulo cambia.
Las llagas y las demandas del estallido aún estaban vivas, y el proceso constitucional recién iniciaba su marcha, cuando sobrevino otra crisis inesperada: la pandemia del Covid-19 que, con su dolorosa estela de más de 50 mil fallecidos, aún nos duele. Con todo, logramos salir de ella con relativo éxito en atención al escenario mundial, lo que debemos en gran parte a la fortaleza del sistema de salud chileno y lo oportuno de las decisiones de las autoridades del momento. El Estado tuvo que usar sus ahorros para salir en ayuda de las familias, a lo que se sumó el cuestionado retiro de los fondos de pensiones, que contó con un respaldo parlamentario transversal en su momento. Esto ayudó a las familias a salir del paso, pero generó una presión inflacionaria y fiscal como la que no habíamos experimentado en muchísimos años. Nos correspondió a nosotros como gobierno, en conjunto con el Banco Central, enfrentar estas amenazas. Cumplimos exitosamente la tarea de estabilizar la economía mediante un ajuste necesario que no se hizo a costa de los más vulnerables como dicta la ortodoxia.
Nos correspondió también encarar la violencia que venía en aumento durante el período anterior, que afecta a nuestros compatriotas del sur de Chile por obra de pequeños grupos que se escudan en la causa del pueblo mapuche para sembrar el terror y asociarse con el robo de madera y el narcotráfico. Al país le consta que en esto no nos ha temblado la mano.
Nos duele y moviliza cada caso de violencia y muerte. Y gracias al trabajo conjunto y a la valentía de Carabineros, PDI, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía hemos logrado disminuir en los dos años de nuestro gobierno en un 37% los hechos de violencia en la zona respecto a los dos años anteriores. A todas estas instituciones les agradezco su abnegado trabajo. Vamos a seguir en este camino sin vacilación.
Cuando asumimos, nuestra frontera norte se encontraba totalmente desbordada por la inmigración ilegal. Se había cometido el error de no prever la magnitud de este fenómeno, de no aquilatar su impacto en la sociedad, de no adoptar las medidas oportunas. No obstante, hoy podemos decir que Chile, con las dificultades propias de una frontera tan extensa como la nuestra, ha reforzado su control, que es lo mínimo que se le exige a un Estado en forma. Junto con eso, hemos desplegado un masivo plan de empadronamiento y desarrollado una diplomacia activa sin la cual, recuerdo, la expulsión de aquellos extranjeros que no cumplen con nuestras leyes no es más que demagogia.
En América Latina y el mundo, sabemos, el crimen organizado sabotea la convivencia, la democracia y el crecimiento económico. Este, vale decirlo, no se contendrá con facilidad, pues responde a fenómenos muy profundos de nuestras sociedades. Urge, entonces, crear los mecanismos para defendernos antes que sea tarde. Para esto no hay atajos.
La presencia del crimen organizado en nuestro país nos ha estremecido, pero no nos va a paralizar. Nos debe poner alertas para hacernos actuar con lucidez y racionalmente. Y es que el crimen organizado ha prosperado en todo el mundo y lo hace valiéndose de la debilidad de las instituciones y del retroceso de la legitimidad del orden social. Ahí donde se valida la violencia, donde se permite pasar por encima de los demás, donde se subestima el valor de la vida y la dignidad humana, el crimen prospera. Cuando la idea de la ganancia económica obtenida a cualquier precio es aceptada, el músculo moral de nuestra sociedad para defenderse del delito se debilita. Las fisuras de nuestras instituciones, y sus flaquezas para resistir la corrupción son, entonces, aprovechadas por los delincuentes.
Es cómodo pensar que el crimen organizado es un agente externo que nos invade desde afuera, pero la verdad es que cuando prospera lo hace valiéndose de nuestras propias debilidades. La mayor de ellas es la presencia de la violencia en muchos ámbitos de la vida social. Por largo tiempo ésta ha venido colándose en nuestra convivencia: la hemos visto en las escuelas, en las barras, la hemos visto en las manifestaciones públicas o en la vida familiar, en el trato a las mujeres y a los niños.
Por eso quiero decirles hoy, compatriotas, que el adversario es la violencia, que la lucha que estamos dando contra la criminalidad se apoya en políticas públicas especializadas y bien financiadas, pero su base más profunda depende de nuestro esfuerzo por alejar a la violencia de nuestra sociedad en todas las dimensiones. Este es uno de nuestros mayores propósitos que tenemos como gobierno: que aprendamos todos a vivir juntos sin dañarnos, aceptando nuestras diferencias, debatiéndolas con pasión, pero respetándonos. En paz. Una comunidad que se trata así y que resuelve de esta forma sus problemas, tiene más recursos para defenderse del delito y de quienes lo utilizan para prosperar.
¿Hemos conseguido resultados en esta tarea? La respuesta es que sí. No todos los que nos gustaría, por cierto, pero hay signos de que avanzamos por la senda correcta. Ya quebramos la tendencia al alza de los homicidios. Y como explicaré más adelante, ahora vamos por más.
En estos dos años de gobierno hemos debido enfrentar también el gran desafío de esta generación, un desafío epocal: mitigar los efectos del calentamiento global, construir sociedades, economías e infraestructuras más resilientes, dando pasos de gigante en la transición energética.
Y es que Chile es un país altamente expuesto al cambio climático, lo sabemos bien por las tragedias naturales que nos ha tocado enfrentar, y por lo mismo debe dar el ejemplo en las medidas para combatirlo. Y lo estamos haciendo, por ejemplo, al ponernos a la vanguardia mundial en la protección de los océanos. Lo estamos haciendo con la sustitución de la energía fósil por energía renovable y nuestro compromiso de avanzar hacia la carbono neutralidad. Lo estamos haciendo poniendo en marcha un Plan de Acción de Hidrógeno Verde. También con nuestra producción de cobre, de litio y de otros minerales críticos para la transición energética.
Y es que, estimados y estimadas, Chile puede ser un líder global en la respuesta al cambio climático y en la transición a una economía verde. No podemos dejar pasar esta oportunidad.
Chilenos y chilenas: somos un eslabón de una larga historia de luchas sociales, progresos institucionales y de emprendimientos destinados a construir una mejor patria común. Es este espíritu, de unidad y optimismo, con el que vengo hoy a dar cuenta ante ustedes de lo que hemos logrado como gobierno, también de las dificultades que hemos enfrentado, y de qué es lo que lograremos al final de nuestro mandato.
Concentraré mi exposición en seis propósitos que nos han guiado y que guían nuestra acción de gobierno: 1) Garantizar el derecho de las familias chilenas a la seguridad; 2) Crecer más y mejor, con equidad y cohesión social; 3) Avanzar hacia una sociedad de cuidados compartidos; 4) Gestar el Chile que viene desde la educación, la cultura y el deporte; 5) Alcanzar un desarrollo justo, resiliente y sostenible; y 6) Proteger y ampliar los derechos humanos y la democracia.
Lo digo desde lo más profundo de mi corazón y mis convicciones: el dolor de quienes han sido víctimas del crimen y la delincuencia es también nuestro dolor, porque es nuestra obligación como Estado brindar a las familias chilenas la seguridad para poder disfrutar de una vida segura y sin violencia en nuestros barrios, calles y casas.
La seguridad, chilenos y chilenas, es un derecho. Si fracasamos en garantizarla, todos los demás derechos y libertades que nos entrega la democracia, se van a ver hipotecados. Por ello, la seguridad tiene que ser un proyecto de Estado, que comprometa a todos sus poderes, a todos los sectores políticos sin diferencia y, por cierto, a toda la ciudadanía.
Lo dije al comenzar estas palabras en el preámbulo: la delincuencia y la criminalidad organizada son hoy nuestra principal amenaza. Para derrotarlas, debemos actuar con unidad, perseguir y sancionar a los delincuentes y, también, con unidad para prevenir que el crimen se expanda y penetre en las comunidades, los barrios, los jóvenes y las instituciones.
Estimados congresistas, estimado pueblo de Chile: no podemos quedarnos sólo en la competencia cortoplacista de quién propone para el momento la medida más drástica sin enfrentar las formas y fisuras a través de las cuales el delito se reproduce en nuestra sociedad. Esa es la esencia de un gobierno progresista como el nuestro: atacar al mismo tiempo y con la misma energía las causas y las consecuencias de la criminalidad.
Los homicidios son la expresión más brutal de la delincuencia, y comenzaron a aumentar en nuestro país a partir de 2016. Sin embargo, los presupuestos de seguridad, en lugar de aumentar, se estancaron e incluso disminuyeron, mientras que los proyectos de ley para robustecer la respuesta del Estado se entramparon en discusiones eternas en el Congreso.
En los últimos años hemos logrado, todos juntos, revertir esta situación. En 2023 y 2024 los recursos para la seguridad pública han tenido los mayores aumentos presupuestarios porcentuales en ocho años. Y gracias a la colaboración de este Congreso, hemos aprobado 55 leyes en este ámbito, lo que nos ha permitido actualizar nuestra institucionalidad. Desde el retorno a la democracia, ningún otro gobierno había publicado tantas leyes sobre seguridad como el actual.
Esto nos ha permitido dotar a las instituciones de más herramientas para combatir el crimen organizado, quitar poder de fuego a las bandas y recuperar e intervenir espacios públicos para poder prevenir delitos. En este trabajo, la labor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública junto a Carabineros de Chile, la PDI, Gendarmería, la Fiscalía, los municipios y los gobiernos regionales ha sido fundamental.
Entrego nuestro respaldo a Carabineros y la PDI, y digo que ese respaldo no se ha quedado en gestos y palabras al viento. Se ha reflejado en recursos y medidas concretas. El plan de adquisiciones en curso es el mayor de la década: incluye blindados, drones, detectores de droga, mejor armamento, reposición de la flota vehicular, nuevas tecnologías y, sobre todo, mejores condiciones para que las policías realicen su labor; además estamos realizando un centenar de proyectos de infraestructura para la seguridad en las 16 regiones de Chile.
La Reforma y Modernización de las Policías es una tarea primordial. Pero para ello, y no hay que olvidarlo, se requiere el compromiso de este Congreso para poder despachar hasta el mes de septiembre el fast track legislativo con proyectos del Pacto Fiscal, que nos dejará en condiciones de financiar estos programas de seguridad de manera responsable en el tiempo. Este incluye las siguientes medidas:
1. Elevaremos estructuralmente las dotaciones policiales. Ustedes vecinos, también lo saben, a cada lugar donde voy la gente me dice: “necesitamos más carabineros”. Hoy se forman 2.700 funcionarios en las escuelas matrices de Carabineros. Vamos a subir esta cifra en cerca de un 30%, sumando 800 nuevas plazas. Para la PDI, presentaremos en octubre un proyecto que modernizará la carrera policial, aumentando paulatinamente los agentes policiales desde 950 a 4.000, a un ritmo de 250 funcionarios adicionales al año.
2. Reforzaremos ahora mismo el contingente de carabineros porque sabemos que nuestros barrios, nuestras poblaciones, nuestra gente no puede esperar. Vamos a adelantar la implementación de la Ley de Llamado a Servicio aprobada el año pasado. Y en esa misma línea, estamos financiando el reemplazo por personal civil de 1.000 carabineros que hoy desarrollan labores administrativas y de notificación para poder devolverlos a tareas realmente policiales. Estas dos últimas medidas van a significar que durante el 2025 tendremos alrededor de 1.392 carabineros adicionales que estarán dedicados a tareas de control y patrullaje en las calles que hoy no lo están.
3. Otorgaremos un reconocimiento monetario más adecuado a la esforzada labor que realizan los carabineros. El año pasado avanzamos en esta dirección elevando las gratificaciones de riesgo en aquellas regiones que no recibían el tramo más alto de este beneficio. Ahora vamos a dar un paso adicional: he decidido aumentar el monto de la gratificación de los 24 mil carabineros que trabajan en las calles en todas las regiones del país y a los efectivos de Control de Orden Público, GOPE y PPI. Este incremento llegará a representar hasta un sueldo entero adicional al año. Esta modalidad operará de manera provisoria, sin esperar que se elabore y apruebe en el Congreso la Ley de Carrera de Carabineros, donde incorporaremos un sistema moderno de incentivos al desempeño que reconozca el cumplimiento de metas y objetivos y permita fortalecer los mecanismos de control y evaluación de la función policial.
4. Vamos a seguir reforzando la formación ética y el control interno en las instituciones policiales, para que se prevengan, se castiguen y no se repitan las conductas de algunos pocos que enlodan el bien ganado prestigio de las instituciones. La confianza de las personas en las policías es, sin lugar a dudas, su arma más poderosa. Por eso, debemos cuidarla celosamente.
También debemos pensar y actuar para las personas afectadas por la delincuencia, que demandan contar con mayor apoyo de las instituciones del Estado en la entrega de información, orientación legal y acompañamiento psicológico. Con este fin, en noviembre pasado ingresamos indicaciones y dimos impulso al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas que —si el Congreso lo tiene a bien— podría estar aprobado de aquí a septiembre.
Informo al país que en 2023 fiscalizamos más de 67 mil armas, un 30% más que en 2022. Y trituramos más de 25 mil, destruimos más de 25 mil armas, el mayor número desde 1990. Esto es una buena noticia porque, piensen ustedes, que cada arma decomisada y destruida es un arma que no podrá ser usada en un asalto, una balacera o un portonazo. El desarme es, desde nuestra perspectiva, una condición indispensable para enfrentar la violencia delictual.
También en 2023, junto a Carabineros y la PDI logramos desarticular más de 1.600 bandas criminales. A abril de este año, como seguramente han visto en masivos operativos, el último realizado en Pozo Almonte esta semana, ya son más de 500 las bandas que han caído. También estamos implementando el primer sistema de televigilancia con inteligencia artificial, lo que va a ser posible ubicar automóviles con orden de búsqueda de manera mucho más rápida.
En otro de los avances, Chile cuenta hoy con la primera Política Nacional para combatir el crimen organizado con un programa presupuestario inédito. Este esfuerzo ha tenido como uno de sus puntales el Plan Calles sin Violencia, cuyo foco es detener el alza de homicidios que venía desde 2016. Como parte de este plan, hemos fortalecido el trabajo de la Fiscalía, institución a la que agradezco, para hacer más efectiva la persecución penal, con 250 nuevos profesionales contratados allí donde más se necesita. Cuando se apruebe el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público vamos a haber avanzado aún más, aumentando en 25% la dotación de fiscales. En su primer año, la ejecución del Plan Calles sin Violencia logró quebrar la tendencia al alza de los homicidios que, como les decía, venía del 2016 reduciéndolos en un 6%. Esto es insuficiente, lo tengo claro, porque cada asesinato nos duele y sé que cambiar una tendencia no repara en ningún caso el tremendo e infinito dolor de las familias que han sido víctimas de un homicidio o un femicidio. Pero este logro sí indica algo importante: que la delincuencia, por el camino que estamos siguiendo, no nos va a ganar la partida.
Quisiera, estimados y estimadas, referirme a otro delito que atenta contra la seguridad pública, que amenaza la democracia, que corroe nuestras instituciones: la corrupción. Chile se ha solazado durante mucho tiempo de tener la corrupción en niveles muy distintos a los de otros países, pero ninguna sociedad está exenta de faltas a la probidad, la diferencia está en cómo las enfrentamos.
Hace pocas semanas la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, dio a conocer un grave caso de colusión entre empresas que proveían gas medicinal a hospitales en plena pandemia. En buena hora contamos con una institucionalidad robusta que descubrió la trampa y la llevó a la justicia.
Tal como hicimos con la ley de delitos económicos de cuello y corbata, este año ingresaremos un proyecto de ley para aumentar las chances de que quienes se coluden terminen efectivamente en la cárcel, que es donde les corresponde. Esto tiene que ver con que, para nuestro gobierno, y no me cabe ninguna duda que, de manera transversal, nadie está sobre la ley, no importa su origen ni color político, y estos casos no pueden quedar impunes. Por ello es que, a propósito del Caso Convenios, convocamos a la Comisión Jaraquemada para regular de mejor manera la relación entre corporaciones, fundaciones y el Estado. También lanzamos la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública, que incluye 210 medidas: entre ellas, por ejemplo, la protección al denunciante, el levantamiento del secreto bancario y el proyecto de ley de integridad en municipios.
Ahora, es importante decirlo: cualquier estrategia de seguridad pública va a estar incompleta si no incorpora la seguridad y las condiciones en las cárceles, tal como nos lo demuestra duramente la realidad de muchos países de nuestra región.
Por ello, el segundo semestre de este año presentaré al país un plan maestro de infraestructura carcelaria. En nuestro gobierno vamos a haber habilitado más de 5 mil nuevos cupos en cárceles, superando el compromiso que asumimos el año pasado. Y, gracias a las gestiones que estamos haciendo en nuestro período, de aquí al 2030 se habrán habilitado más de 12 mil nuevas plazas para así poder enfrentar el aumento de la población penal y el hacinamiento de la misma. Esto lo hacemos con énfasis en los cupos en las cárceles de alta seguridad.
Además, en el último año hemos mejorado el equipamiento de las cárceles como, por ejemplo, con los inhibidores de señales telefónicas que ya están implementados en las principales cárceles de la Región Metropolitana, y que seguiremos ampliando a todos los recintos del país. No vamos a permitir que, a ojos de todos, desde las prisiones se sigan planificando y cometiendo delitos.
Y tan importante como tener más y mejores cárceles es tener una política de reinserción que sea real y efectiva. El Estado tiene el deber de reconocer la dignidad inherente a todas las personas, reconociendo el derecho a volver a empezar. En enero iniciamos en Coquimbo las actividades del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y he mandatado al Ministerio de Justicia a formular un modelo de reinserción para adultos que pueda lograr y entregar verdaderas opciones sociales y laborales para quienes quieran dejar atrás su trayectoria delictual.
Permítanme contarles lo que me dijo un joven que estaba preso condenado en una cárcel en Coquimbo. Me dijo: “si no tengo oportunidades de trabajo, si no aprendo un oficio en este lugar, y quiero hacerlo, cómo cree usted que me va a ir cuando salga de la cárcel”. Él estaba condenado a 10 años. Si no rompemos ese círculo vicioso, si no nos preocupamos de la reinserción al interior de las cárceles, especialmente los jóvenes, tenemos un grave problema. Y eso podemos solucionarlo, hay experiencia comparada exitosa.
En estos dos años, por las circunstancias, hemos debido priorizar el control, la persecución y la sanción de los delitos debido al incremento de la inseguridad que venía sacudiendo al país cuando llegamos al gobierno. Sin embargo, ello no significa que hayamos abandonado la tarea de la prevención. En estos dos años hemos avanzado y mucho en esa línea.
Por ejemplo, los recursos que se entregan desde la Subsecretaría del Prevención del Delito, para que las municipalidades hagan prevención, han crecido en más de un 50% y si consideramos lo que hemos adicionado desde la SUBDERE para proyectos comunales de seguridad los recursos se triplican desde el inicio de nuestro mandato.
El incremento de los recursos para el Sistema de Seguridad Municipal ha permitido acciones concretas y durante nuestro gobierno las comunas beneficiadas aumentarán de 59 a 233 al final de nuestro mandato. A éstas, además, se les asigna financiamiento de acuerdo a sus necesidades, dejando de una vez por todas atrás la lógica de los concursos para estos recursos que terminaba casi siempre beneficiando a las comunas más ricas. Esto ha permitido, por ejemplo, que las comunas que cuentan con vehículos de seguridad municipal aumentaran en este periodo de 65% a 98%.
El esfuerzo de prevención se expresa también y de manera muy importante en la recuperación de los espacios públicos, porque los espacios públicos tienen que ser lugares de encuentro para la ciudadanía. Por eso, transformar calles, plazas y parques en lugares más amables y seguros para los vecinos, niños, niñas y jóvenes y personas mayores de nuestra patria es una prioridad y tenemos que hacerlo con deporte, cultura, educación. Este es un eje central de la estrategia de seguridad de mi Gobierno. Es también parte esencial de una política progresista para poder enfrentar las causas de la delincuencia, porque es así como construimos una sociedad más cohesionada y, por ende, más segura.
Sólo por poner un ejemplo, el año pasado instruí transferir los recursos, desde esta misma cuenta pública, necesarios a los municipios para destruir cualquier memorial relacionado con el narco. Desde entonces, ya han sido demolidos más de una decena de narcomausoleos en 15 comunas. Y es que donde el Estado se hace presente, la ciudadanía se empodera; la delincuencia, la violencia y el miedo, entonces, retroceden.
En esta etapa queremos ampliar y reforzar esta tarea de la prevención. Necesitamos llevarla a otro estándar y dejar de tratarla como el pariente pobre de la seguridad. Con este propósito estamos partiendo la primera fase de dos intervenciones preventivas que van a ser la base de una acción más profunda del Estado en este campo. La primera actúa con los jóvenes de barrios amenazados por la criminalidad entregando factores positivos de socialización a través del deporte, la cultura y la ciencia, apoyando a los muchachos que enfrentan riesgos con la presencia de los mejores programas del Estado como, por ejemplo, Lazos y de 4 a 7. La segunda estrategia interviene en barrios para interrumpir los ciclos de violencia, siguiendo la mejor experiencia comparada, desactivando las escaladas de enfrentamiento que culminan muchas veces en represalias y ajustes de cuentas.
Adicionalmente, en el próximo presupuesto vamos a replicar la buena experiencia que hemos tenido con los programas presupuestarios de combate al crimen organizado, aplicándolos también al ámbito de la prevención social del delito. Esto va a significar que carteras como deporte, educación, cultura, desarrollo social, vivienda y mujer reciban, a través del Ministerio de Seguridad, recursos para poder dedicarlos exclusivamente a las tareas de prevención del delito. Así aseguramos un trabajo integral, que sea intersectorial, que permitan abordar en serio el desafío de la prevención en seguridad y cumplir con esta que es la principal prioridad de los ciudadanos que nos están viendo el día de hoy.
La violencia contra la mujer también es un asunto de seguridad pública. Y no vamos a descansar hasta que puedan sentirse tranquilas, sin tener que estar pensando en cómo escapar o defenderse de un eventual ataque; hasta que puedan trabajar y estudiar en lugares libres de abuso y de acoso; hasta que estén seguras al interior de sus hogares, sin ser víctimas de agresiones o amenazas.
En vísperas del 8 de marzo, este Congreso aprobó con apoyo transversal la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Esta es una ley histórica, que establece los deberes del Estado en esta materia. Y es un logro compartido por millones de mujeres de todo el país, de distintas generaciones. Esta iniciativa se suma a otros avances, como la ley de protección y reparación en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, y la llamada Ley Antonia, que incorpora derechos para las víctimas de violencia sexual en el transcurso de la investigación y evita, de esta manera, su revictimización.
Sé también de la inseguridad que padecen los compatriotas que viven en localidades de nuestra frontera norte. Son ustedes, y les hablo directamente, quienes viven en su día a día, y con mayor intensidad, los efectos del ingreso irregular de migrantes.
Gracias a la reforma constitucional de infraestructura crítica y fronteras, estamos reforzando el control de la frontera norte, la cual está custodiada por las Fuerzas Armadas. En 2023 se inauguró un puesto de observación fronteriza en Colchane y un punto militar con cámaras térmicas, tecnología y habitabilidad completa. Y en febrero de este año finalizó el primer proceso de empadronamiento de personas extranjeras con ingreso irregular, el cual logró empadronar a 182 mil personas.
Quiero aprovechar esta instancia para, mediante los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea aquí presentes, agradecer a todos los efectivos de las Fuerzas Armadas por su trabajo en terreno durante mi mandato, que ha sido fundamental tanto en situaciones de excepción constitucional como ante catástrofes ambientales.
Los masivos flujos migratorios de los últimos años que son un fenómeno de todo el planeta y no van a dejar de suceder, son un desafío global, y por eso estamos trabajando en mejorar la coordinación y cooperación internacional. Para ello, firmamos acuerdos para mejorar nuestra coordinación con Bolivia, Venezuela y Perú.
Y en esto quiero ser bien claro. Quienes vienen a Chile legalmente con la intención de aportar y contribuir al desarrollo de nuestro país, son bienvenidos. Quienes vengan vulnerando o a vulnerar nuestras leyes y a delinquir, no lo son.
Estimados congresistas:
Al término de nuestro gobierno vamos a entregar instituciones de seguridad más robustas, que incluyen un nuevo sistema de inteligencia del Estado —con un muy necesario subsistema de inteligencia económica para seguir la ruta del dinero del crimen organizado—, funciones preventivas de los municipios; una nueva Defensoría de las Víctimas, y una Fiscalía Supraterritorial capaz que enfrentar la criminalidad más compleja. El nuevo Ministerio de Seguridad avanza decididamente en este Congreso, y gracias a la labor de los parlamentarios y parlamentarias aquí presentes, hoy podemos afirmar que el próximo año en este mismo salón, en la próxima cuenta pública, estará presente un nuevo ministro o ministra de Seguridad.
Para terminar con este apartado, señalo que para nuestro gobierno sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia posible. Por eso nuestro pueblo merece sentirse seguro de habitar en nuestro hermoso país, compuesto en su gran y abrumadora mayoría por gente trabajadora, esforzada y honesta, que merecen una vida tranquila, y debemos dársela.
Estimados, la convicción que ha guiado nuestro quehacer como Gobierno es que Chile necesita crecer y puede crecer más y, al mismo tiempo, puede distribuir su riqueza de manera más equitativa. Nuestra primera tarea en este sentido fue estabilizar la economía, y asegurarnos de no trasladar los costos de este necesario ajuste a las familias.
2024 es el año en que la economía chilena se reactivó. Gracias a un trabajo responsable, en conjunto con el Banco Central logramos bajar la inflación al 4%, llegó a estar en más de un 14%. Hemos creado más de medio millón de nuevos empleos, tuvimos buenas cifras en el último trimestre móvil. Estamos ejecutando una ambiciosa cartera de inversión pública y la inversión extranjera es la más alta desde 2015. A su vez, el alza del precio del cobre y la oportunidad histórica del litio nos permiten mirar el futuro con entusiasmo.
Afirmamos que, una vez estabilizada la economía, despejada la incertidumbre y normalizado el orden público, vendrían cifras mejores. Algunos, ante esta afirmación, prefirieron el pesimismo e incluso pronosticaron una recesión. Pero dejemos que los datos hablen: la proyección de crecimiento para este año del Ministerio de Hacienda recientemente aumentó a un 2,7%, en línea con los principales organismos nacionales e internacionales y por sobre el promedio regional. Y lo más relevante, la pobreza disminuyó a un mínimo histórico del 6,5%, por debajo de las cifras pre pandemia. Esto lo he dicho en diferentes foros empresariales y en diferentes espacios públicos, me rebelo rotundamente frente a los pronósticos que dicen que Chile está destinado a crecer solamente un 2% promedio en las próximas décadas. Estoy convencido y sé que Chile puede más y lo vamos a demostrar.
Estos buenos resultados económicos no son casualidad ni fruto del chorreo, sino que son fruto de una acción decidida del Gobierno para estabilizar la economía, y desde allí volver a crecer con equidad y cohesión social.
Hoy, entramos en una etapa de aceleración.
Tengo la convicción que el Estado puede y debe jugar un rol en áreas estratégicas para aprovechar nuestras ventajas comparativas. Pero eso tenemos que hacerlo en colaboración y coordinación con el sector privado, no compitiendo. Es lo que estamos realizando de distintas formas, por ejemplo, en las industrias del litio y del hidrógeno verde.
Hemos constituido para apuntalar el crecimiento una instancia especial, el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo. Su primera tarea fue acelerar la inversión pública, lo que hemos logrado en los primeros meses del 2024. Este gabinete especial ha sesionado en catorce regiones del país. Y en conjunto con mis ministros, nos hemos reunido con inversionistas y empresarios locales de pequeñas y grandes empresas para monitorear el desarrollo de los proyectos, y entender y mejorar las dificultades que enfrentan. Todo, por cierto, dentro de la legalidad vigente.
Pero esto no basta, porque he escuchado la impotencia de empresarios y emprendedores por la lentitud y, muchas veces, la incoherencia e irracionalidad de los procesos conducentes a la obtención de permisos para sus proyectos, lo que se ha terminado constituyendo en una gran traba a la inversión. Por eso hemos avanzado en la digitalización de los permisos. Piensen que si hace dos años el Estado tenía alrededor de 30 permisos digitalizados, hoy día ya tiene más de 146 y, antes de fin de año, vamos haber alcanzado los 200.
Pero lo más importante, encargué al ministro de Economía y a la ministra de Medio Ambiente presentar al Congreso una reforma de modernización integral al sistema de permisos. La meta es reducir en un 30% promedio los plazos efectivos de tramitación y dar certezas a todas las partes involucradas para reactivar la inversión, en particular la inversión local. En los próximos meses, además, enviaremos indicaciones a los proyectos para mejorar el proceso de obtención de concesiones marítimas y para mejorar la institucionalidad a cargo de nuestro patrimonio, en particular el caso del Consejo de Monumentos Nacionales.
Y esto debo decirles que no son promesas y palabras, sino que está avanzando con la concurrencia de todos ustedes. Fue aprobado unánimemente en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el proyecto sectorial de permisos y por una amplia mayoría en la Comisión de Medio Ambiente del Senado el proyecto de modernización del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Estamos avanzando y vamos a llegar a puerto.
Estos proyectos de ley son, además, parte del fast track que hemos acordado con las mesas de la Cámara y el Senado para poder acelerar 21 proyectos que están vinculados a la economía y el crecimiento. Esto incluye la modernización del sistema de notarios y registral largamente postergada, el fortalecimiento del transporte marítimo de carga que también tuvo avances importantes en la última semana, la Ley de Rentas Regionales, regiones más fuertes, la creación de una Agencia de Financiamiento Desarrollo y la regulación de las desaladoras, entre otros proyectos. Espero que pronto, el acuerdo es antes del ingreso de la próxima Ley de Presupuesto, el país pueda ver los frutos de este acuerdo que tomamos con las mesas del Senado y la Cámara.
Ahora quiero hablarles a las PYMES porque sabemos que no va a haber aceleración económica justa, diversa y sostenible sin el desarrollo de las PYMES en toda su variedad. La nueva Ley de Compras Públicas les permitirá aumentar sus ventas al Estado en alrededor de 300 millones de dólares, y sabemos que aquí el Estado tiene que ser un mejor pagador. Además, este énfasis va a estar centrado en las PYMES regionales y aquellas que tengan innovación.
Hemos entregado nuevos recursos para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, otorgando mayor acceso a liquidez y más capacidades para poder competir y crecer. Y cumpliendo con un compromiso programático, creamos el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo.
Estimados, me toca verlo cada vez que represento a Chile en el extranjero: Chile es visto desde el exterior como un país confiable, seguro y atractivo para invertir. Nuestras instituciones son fuertes, las reglas se cumplen y las diferencias se resuelven con más democracia. La infraestructura de nuestro país gracias a la labor continuada de tantos años es de alto nivel, poseemos una matriz energética renovable y sostenible, hay una fuerte inversión en educación, contamos con universidades de prestigio y tenemos recursos naturales extraordinarios.
Pero esto no es solamente una expresión de deseo o cómo nosotros entendemos Chile. No lo decimos nosotros, sino que lo dicen los analistas internacionales y lo revela el movimiento de capitales. De hecho, en 2023 logramos la mayor cifra de inversión extranjera directa desde el 2015, con más de 21.700 millones de dólares. El riesgo país está en su nivel más bajo desde el 2018. Y estos son buenos signos que, independientemente de nuestra posición en el tablero político, no podemos dejar pasar. Y quisiera que este optimismo empresarial extranjero se contagie también a la inversión nacional, porque sabemos que allí estamos todavía muy por debajo de nuestras posibilidades. Quiero que en nuestro país queden atrás las visiones pesimistas y se recupere la iniciativa empresarial que toma riesgos, crea y emprende. Porque nadie los puede sustituir en esta tarea.
Dicho esto, tenemos que seguir trabajando con visión de Estado de largo plazo en consolidar esta buena imagen de nuestro país en el extranjero, que ha sido forjada en las últimas décadas, y también en fortalecer vínculos con otros países, una tarea que he encargado con especial énfasis al ministro de Relaciones Exteriores.
Durante mi mandato me he reunido con empresarios e inversionistas en Estados Unidos, Francia, España, Bélgica, Canadá, México y China, país con el que firmamos 13 acuerdos de cooperación el año pasado y que hoy es nuestro principal socio comercial. Y este año hemos programado giras oficiales a Alemania, Suecia, India, Indonesia y Emiratos Árabes con el objetivo de afianzar y abrir nuevos lazos económicos, diversificar el origen de los capitales que generan proyectos en el país y abrir nuevos mercados para nuestros exportadores, muchos de ellos pequeños empresarios.
La entrada en vigencia de la enmienda al Convenio para Evitar la Doble Tributación entre Chile y Estados Unidos y la firma de la actualización del Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea, tratado de primer nivel, son dos grandes palancas para el fomento del comercio internacional chileno.
Ahora, al mismo tiempo que vamos consolidando estos avances, no podemos perder de vista que todavía a muchas familias les cuesta llegar a fin de mes y viven con lo justo, y preocupados si es que podrán sostenerse ante imprevistos como un accidente o una enfermedad. En ellos tenemos que poner todos nuestros esfuerzos.
Hemos implementado, para esto, una serie de medidas que impactan directamente a la economía de los hogares como, por ejemplo, el Bolsillo Familiar Electrónico, con el cual apoyamos a cerca de 3 millones de personas para contrarrestar las alzas que tuvimos en los precios de los alimentos. Tras un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), este beneficio será reactivado durante los meses de invierno de este año, e inyectaremos recursos para evitar que el precio de la parafina suba de mil cincuenta pesos.
Este acuerdo con la CUT considera, además, un nuevo incremento al Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar que mes a mes apoyan a más de 1 millón y medio de hogares. Asimismo, durante estos años también hemos ampliado el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a más de 50 mil niñas y niños de kínder y prekínder que antes no lo tenían, y hemos aumentado la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) para muchísimos estudiantes que, además, no había reajustada desde el 2012.
Junto a estos apoyos directos, parte significativa de nuestras acciones han estado dirigidas a fortalecer los derechos y mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores.
Cuando asumimos en marzo de 2022 el salario mínimo era de 350 mil pesos. El 1° de julio habremos cumplido con nuestra promesa de llegar a un salario mínimo de 500 mil pesos. Este es uno de los incrementos de sueldo mínimo más relevantes en la historia del país. Y lo hemos conseguido mediante el diálogo con todos los actores y sin afectar el empleo.
Asimismo, tal como prometimos al país, este año cumplimos con iniciar la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas. Desde este año son millones los trabajadores de nuestra patria que están llegando más temprano a casa para poder construir familia y para poder descansar. Este logro histórico también se logró gracias al virtuoso diálogo que permitió acuerdos.
Permítanme ponerles un ejemplo, el de la empresa Fresh Day. Su fundadora y gerenta general, Marisol Burgos, a quien tuve la oportunidad de conocer, sabía lo que significaba faltar a eventos escolares de sus hijos por tener que cumplir con extenuantes horarios laborales. Por eso, Marisol conversó con su equipo para acordar cómo implementar las 40 horas y, de forma pionera, desde enero del 2023 todas y todos sus trabajadores entran media hora más tarde y salen media hora más temprano. Ese es un ejemplo de cómo se puede avanzar mediante políticas públicas con acuerdos, con diálogo, para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.
Ahora, los apoyos directos como los que he mencionado son importantes, pero no empoderan ni crean capital social de largo plazo. Por eso, un eje fundamental de mi Gobierno es mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores, y fortalecer sus derechos.
Sé, y la historia así lo demuestra, que las organizaciones de trabajadoras y trabajadores fuertes y sólidas son una garantía para el diálogo social que es propio de una democracia sana. A lo largo de la historia, han sido ellos —organizados en sindicatos, mutuales y mancomunales— quienes han empujado los cambios sociales, económicos y políticos. Como líderes señeros de esas luchas pienso en Clotario Blest, Teresa Flores, Moisés Labraña, María Rozas, y en Manuel Bustos cuando se cumplen 25 años de su muerte.
En homenaje a ellos, y a tantas y tantos luchadores sociales, me comprometo con el mundo sindical, tal como acordamos recientemente con la CUT, a iniciar un proceso de diálogo tripartito entre autoridades, trabajadores y empresarios, que culmine a fines de este año con la presentación al Congreso de un proyecto de ley de negociación colectiva multinivel. Esto nos va a permitir extender el alcance de la negociación colectiva y otorgar mayor autonomía a las organizaciones sindicales y a los empleadores para poder resolver los desafíos de un mundo del trabajo que cambia rápidamente.
Me dirijo especialmente a las mujeres trabajadoras de la patria para decirles que, desde el primer día, nuestro Gobierno ha trabajado para abordar las injustas desigualdades y brechas que deben enfrentar a lo largo de sus vidas.
Por eso, les anuncio que este mes de junio indicaremos el proyecto de ley de equidad salarial para que las mujeres sean remuneradas en función de sus méritos y no en función de una discriminación de género. A igual trabajo, igual paga.
Además, ratificamos el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso y conseguimos la aprobación de la Ley Karin. Desde ahora, trabajadoras y trabajadores están más protegidos con mecanismos para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en sus espacios de trabajo. Quiero reconocer en esto la persistencia de Claudia Salgado, quien, para que no volvieran a ocurrir casos como el de su hermana Karin, promovió y luchó por la creación de esta ley.
Asimismo, la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que está vigente desde este año, facilita la vida a las madres, padres y personas cuidadoras, que son en su mayoría mujeres.
Y para fomentar el empleo femenino ingresamos a principios de mayo las indicaciones a la iniciativa de Sala Cuna para Chile que beneficiará a padres y madres por igual, poniendo fin al tope de 20 trabajadoras por empresa y, al mismo tiempo, resguardando la calidad educativa de estos establecimientos.
Otra buena noticia en materia laboral es que este año se revirtió el anuncio de cierre de la Siderúrgica Huachipato. Y fue en base al análisis técnico de la Comisión Antidistorsiones que se tomaron medidas para que nuestra industria del acero nacional compita en una cancha pareja. Con esto se salvaron más de 20 mil empleos. Les quiero decir fuerte y claro a los sindicatos de Huachipato y al país entero: el acero tiene futuro en Chile, y vamos a avanzar en acero verde, y lo vamos a construir juntos.
Chilenas y chilenos: en esta misma línea, pensando en el acero, invertir en infraestructura pública es fundamental para el emprendimiento, para el comercio, para mejorar la calidad de vida y también para generar buenos empleos.
Durante nuestra gestión, hemos reiniciado un 65% de las obras públicas que habían sido paralizadas por la pandemia y la contracción de la economía. Adicionalmente, la ministra de Obras Públicas presentó una ambiciosa cartera de concesiones al 2028 por más de 17 mil 600 millones de dólares, lo cual va a generar cerca de 48 mil nuevos empleos. Estamos hablando, entre otras, de la anhelada doble vía de la Ruta 5 entre Chacao y Chonchi, así como el teleférico que va a unir a Iquique con Alto Hospicio.
Estamos impulsando, además, el proyecto Puerto Exterior San Antonio que hemos demostrado que se puede hacer preservando el medio ambiente, que busca expandir y ampliar el puerto de dicha ciudad para ponernos al día en la infraestructura portuaria de nuestro país. Estos proyectos son cruciales para poder hacer crecer la competitividad de las empresas exportadoras e importadoras de Chile y defender nuestra posición como puerta de entrada al continente americano.
La inversión en infraestructura pública también aborda la cultura. Con gran satisfacción anuncio que hemos retomado el trabajo para completar el Centro Cultural Gabriela Mistral como fue ideado e iniciado durante los gobiernos de la Presidenta Michelle Bachelet. Vamos a cumplir con este compromiso de dotar al país de un gran centro nacional de excelencia para las artes escénicas y musicales en el eje central de nuestra capital. Y lo vamos a hacer recuperando el tiempo perdido, pues se lo debemos a la comunidad de artistas nacionales y a la sociedad chilena. Ese triángulo patrimonial de la ciudad de Santiago se va a convertir en un gran complejo cultural abierto a la ciudadanía, tal como fue concebido durante el gobierno del Presidente Allende en 1971.
Permítanme ahora referirme a una materia que es de extrema urgencia y de preocupación principal para miles de familias a lo largo y ancho de Chile. El derecho a la vivienda. A pesar de las políticas habitacionales de las últimas décadas, el país enfrenta una brecha importante en esta materia. Nos faltan cerca de 600 mil soluciones habitacionales para que todas las familias de nuestra patria puedan tener un lugar donde desarrollar sus proyectos de vida.
Esta constatación nos condujo a implementar el Plan de Emergencia Habitacional, cuyo objetivo es llegar a las 260 mil viviendas construidas al final de mi mandato, una meta que sabemos es ambiciosa, pero que es posible y la vamos a lograr. Es una labor a la que se ha dedicado sin descanso el ministro de Vivienda y Urbanismo, en un proceso virtuoso que genera empleo y dinamiza las economías locales. También ha trabajado en esta dirección la ministra de Bienes Nacionales, con la entrega de terrenos fiscales para poder alcanzar este objetivo.
Hoy doy cuenta ante este Congreso y el país que, a la fecha, durante nuestro gobierno, hemos entregado 122 mil viviendas, y están en ejecución ya 120 mil más. Además, como la construcción de viviendas es necesariamente una política de Estado más allá de un gobierno, y tal como nosotros recibimos un stock en construcción del gobierno anterior, vamos a dejar 100 mil viviendas en proceso de construcción para ser entregadas por el próximo gobierno. Además, hemos desarrollado otras modalidades como el programa arriendo a precio justo, que ha ampliado significativamente su cobertura.
Pero no basta con entregar las viviendas como si fueran un objeto aislado. Tenemos que construir comunidades, barrios y ciudades que estén integradas. Por eso, como parte del Plan Ciudades Justas, en 2023 iniciamos 12 nuevos proyectos urbano-habitacionales que incluyen más de 140 hectáreas de parques en ocho regiones, como Antofagasta, Coquimbo, Los Ríos y Magallanes, y que ya han comenzado a entregarse con espacios públicos de calidad y servicios asociados.
Así lo he conversado directamente con los pobladores, por ejemplo, del conjunto habitacional Orlando Letelier en San Vicente de Tagua Tagua, con los nuevos habitantes de la Villa Panamericana y Parapanamericana en Cerrillos o los vecinos del nuevo conjunto Clarines 10 en Coquimbo: barrios más cohesionados, donde los vecinos se conocen, se protegen y llenan de vida los espacios comunes, son también barrios más seguros.
Por eso, estamos financiando proyectos para recuperar espacios públicos y habilitar luminarias, pavimentos, zonas de juego y de ejercicio. Un ejemplo de ello es la Villa Renacer, en Peralillo, o la plaza Los Cuncos de Renca, barrios de gente trabajadora y de esfuerzo. Además, estamos recuperando los cascos históricos de comunas como Santiago, La Serena, Coronel y Concepción. En la capital, y de esto ha dado larga cuenta la ministra del Interior, el Eje Alameda-Providencia va a ser transformado y renovado, partiendo desde Plaza Italia hasta la remodelación del nudo Pajaritos, pasando por el rediseño del Parque Santiago Bueras, nuevas ciclovías y muchas obras de infraestructura que mejorarán el espacio público de nuestra principal arteria en la capital.
Hoy, además, quiero anunciar que el MOP inicia el diseño y la construcción de diez nuevas plazas, centros cívicos que van a estar sobre —esto es importante imaginárselo— las rutas 5, 68 y Américo Vespucio, para cubrir las autopistas y crear nuevos espacios públicos que den mayor seguridad a las vecinas y vecinos, y así que las carreteras no sigan siendo a la vez cicatrices que dividen las ciudades en sus barrios más pobres. Además, con este mismo proyecto público-privado, vamos a transformar cinco pasos bajo nivel en lugares para el deporte y el esparcimiento. Estoy convencido que el deporte y la cultura tomándose los espacios públicos son de las mejores armas que tenemos para enfrentar parte importante de los problemas que tenemos como país. Vamos a construir también dos comisarías de autopistas urbanas, una en Renca y la otra en el eje General Velásquez.
Estas obras van permitiendo construir y recobrar la confianza y la cooperación entre los vecinos y las comunidades. En Chile tenemos que y podemos recuperar la confianza en nosotros. Lo mismo sucede con las organizaciones de barrio, deportivas y culturales, a quienes hago un homenaje a sus dirigentes, que son en su mayoría lideradas por mujeres. Pienso, por ejemplo, en Roxana Pinto, de la población Huamachuco 3 de Renca con quien he estado presencialmente, o en Verónica Labarca, quien lidera comités de seguridad ciudadana del sector Gómez Carreño de Viña del Mar. Ambas nos están acompañando el día de hoy: a través de ellas, a todos los dirigentes y dirigentas sociales, les entrego un sentido reconocimiento por su tremenda labor.
Los recursos que moviliza el Estado también se destinan a mejorar nuestro transporte público, para que todas y todos, independientemente de si viven en grandes urbes o en zonas aisladas, tengan opciones dignas y accesibles para transportarse.
Por eso, estamos invirtiendo en nuevas barcazas en zonas como el Lago Tagua Tagua de Cochamó y estamos realizando mejoras al transporte en buses a lo largo de Chile como, por ejemplo, la regulación del transporte público en el Gran Concepción y a las que prontamente se sumarán en Rancagua, Curicó, Talca y Temuco para fijar la frecuencia, los horarios y la tarifa, o el pago electrónico que hoy está funcionando en Chillán y que se está expandiendo a comunas como Punta Arenas. Cuántas veces a muchos de ustedes, o a ustedes, vecinos que están viendo esto en sus casas, se quejan con razón de que el bus no pasa, de que no respeta los horarios. Esto vamos a corregirlo. A su vez, reafirmo nuestro compromiso de mejorar el sistema de transporte público de Valparaíso, para lo cual estamos avanzados ya en los procesos para realizar la licitación.
Acá hay una reflexión que es importante, en muchas ciudades de Chile, me ha tocado verlo desde mi natal Punta Arenas, hoy hay tacos que uno pensaba que sólo eran propios de Santiago. Para poder terminar con esos tacos, tenemos que mejorar la infraestructura pública, pero sobre todo tenemos que mejorar el transporte público para que la gente elija el transporte público por sobre la movilización privada. Cuando uno se queja por un taco estando en el auto, no tiene que quejarse del taco en abstracto, el taco es uno mismo. Y por eso es importante fortalecer el transporte público.
Y aquí hay ejemplos virtuosos. El año pasado, Antofagasta se convirtió en la primera ciudad fuera de Santiago en tener buses eléctricos, a la que hace poquito se sumó Rancagua. En 2025, los habitantes de La Serena, Coquimbo, Ovalle, Valparaíso, Tiltil, Lota y Osorno se podrán desplazar en buses eléctricos. Y, este mismo año, Copiapó se va a transformar en la primera ciudad de Sudamérica con el 100% de su flota conformada por buses eléctricos. Esto también es mejor calidad de vida porque reduce significativamente el ruido ambiental en las ciudades y le cambia la vida a la gente que vive en las vías por donde circula la locomoción colectiva y la locomoción pública. Y en esto vamos muy avanzados como país, de hecho, Santiago es la ciudad del mundo, fuera de China, que cuenta con más buses eléctricos en todo el mundo.
Sigo con el transporte. Como anuncié aquí en 2022, bajo nuestro Gobierno estamos recuperando la centenaria tradición ferroviaria de nuestro país con Trenes para Chile. Esta tarea, que he encomendado al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, avanza a toda máquina: en 2023 la Empresa de Ferrocarriles del Estado alcanzó una cifra histórica de 65 millones de pasajeros en tren, cifra que —escuchen bien— vamos a triplicar en 2030 gracias a los futuros servicios.
Como me comprometí con La Araucanía, en 2023 comenzó a operar el tren desde Pitrufquén a Temuco; cumplimos también con Maule, donde hace algunos días comenzó a funcionar el tren Curicó-Talca-Linares con paradas en Molina y San Javier, y celebramos el retorno del servicio entre Santiago y Chillán con los trenes más rápidos y modernos de toda Sudamérica. Y, luego de siete años de espera, ha vuelto el tren nocturno entre Santiago-Temuco, que operará en días festivos y vacaciones de invierno y verano.
Pero no nos conformamos, vamos a seguir por esta vía: en diciembre de 2024 va a comenzar a operar el tren entre Llanquihue y La Paloma en Puerto Montt, con paradas en Puerto Varas y Alerce, y decidimos extender el tren en La Araucanía hasta Gorbea, que tendrá su inicio parcial en 2026 y estará completo en 2028.
En paralelo, la licitación para el tren que unirá Santiago con Viña del Mar avanza a paso firme y en los plazos estipulados. Estamos invirtiendo de manera firme y esto será un legado de muchos años en infraestructura y en nuevos trenes para mejorar el servicio del Biotren y el tramo Limache-Puerto.
También hemos iniciado los estudios de prefactibilidad para la nueva conexión ferroviaria entre Chillán y Concepción, así como para el tren urbano de Arica, ciudad que —además, aprovecho de decirlo— en 2029 va a celebrar el centenario de su incorporación definitiva a la República de Chile gracias al Tratado de Lima. Para que esa conmemoración se realice en grande, anuncio desde ya la formación de una comisión asesora presidencial que tenga trabajo en la región, para preparar un programa completo de actividades para celebrar el centenario de dicho tratado.
Si nos estuvieran mirando desde su lugar en la historia, Manuel Montt y José Manuel Balmaceda, que fueron los grandes precursores de los ferrocarriles en Chile a mediados del siglo XIX, verían satisfechos que estemos actualizando su legado: la red ferroviaria como eje de la integración territorial de nuestra larga y angosta franja de tierra y, también, de integración social y motivo de orgullo para los habitantes de nuestra patria.
En la Región Metropolitana, el Metro es un eje estructural de la conectividad, todos lo saben. En 2023 inauguramos la extensión de la Línea 2 que beneficia a compatriotas de El Bosque, San Bernardo, La Cisterna, y este año inauguramos la extensión de la Línea 3, que facilita el transporte de vecinas y vecinos de Quilicura. No se imaginan la alegría de los vecinos de Quilicura cuando se inauguró esta nueva estación, que es, por cierto, política de Estado, no es mérito de un solo gobierno. Las inversiones de estas características requieren muchos años y por eso hay que hacerlas sin pensar en el corto plazo.
También hemos iniciado las obras para extender la Línea 6, con una nueva estación en Cerrillos que conectará con el Tren a Melipilla; y decidimos extender el trazado de la futura Línea 9, con la cual Metro pasará por primera vez por La Legua, La Pintana y Bajos de Mena, beneficiando a más de 2 millones de personas. Además, iniciamos la construcción de la futura Línea 7 con una moderna tecnología que nos va a permitir reducir el tiempo de las obras. Y es que cuando el Metro crece nos sentimos orgullosos porque estamos conectando a millones de chilenos.
Ahora, las familias chilenas merecen más apoyo aún y para eso debemos trabajar en conjunto con sus gobiernos locales. Para enfrentar sus urgencias y prioridades de manera sostenible en el tiempo, necesitamos que los recursos del crecimiento económico se destinen a las necesidades de las familias. Y eso es justamente lo que hemos hecho, por ejemplo, con la Ley del Royalty que, tras largos años de discusión, por fin logramos aprobarla y distribuirá recursos nuevos por cerca de 450 millones de dólares desde la minería del cobre para necesidades esenciales de las comunas.
Y es que, si el cobre es el sueldo de Chile, tiene que llegar a todos los chilenos y chilenas. Es así como, al día de hoy, más de 93 mil millones de pesos del royalty ya se están distribuyendo directamente a las comunas donde la actividad minera tiene impacto; y también a 307 comunas más donde se requieren estos recursos como, por ejemplo, Alto Hospicio, Monte Patria, Quilpué, Parral, La Unión, Carahue o Porvenir. Esto se traduce en obras concretas que usted, que nos está viendo en su casa, sabemos, aprecia: luminarias, áreas verdes, refuerzos a la seguridad local y más recursos para actividades deportivas y culturales.
Recuerdo cuando hace poquito lanzamos o dimos cuenta de esta política en Calama y lo hicimos al mismo tiempo que se desarrollaban actividades deportivas en un nuevo centro deportivo con canchas en el centro de la ciudad y también con actividades culturales. Y la gente estaba feliz. Y es que el royalty es un gran ejemplo de cómo podemos avanzar cuando somos capaces de ponernos de acuerdo, pero no es suficiente. Chile necesita más recursos para poder responder a las familias que siguen necesitando un Estado más eficiente contra la delincuencia, una reducción de los tiempos de espera en materia de salud y mejorar la Pensión Garantizada Universal en las pensiones.
Por eso, el rechazo de la reforma tributaria por dos votos en marzo de 2023, y luego de haber escuchado las voces de todos los sectores políticos, organizaciones y expertos, presenté a la ciudadanía y a este Congreso Nacional un Pacto Fiscal por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Esto no es una simple alza de impuestos, como algunos han querido caricaturizar: es una agenda integral para alcanzar un sistema tributario más moderno, más justo, más transparente y verde, con medidas de eficiencia del Estado e impulso al crecimiento, para así poder generar recursos adicionales de manera responsable y usarlos de manera más eficaz.
Hay muchas de estas medidas que ya están en marcha o en proceso, como el proyecto de ley de cumplimiento tributario para enfrentar con firmeza el abuso y la evasión, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y está actualmente en el Senado y dentro del proyecto del Pacto Fiscal, por lo tanto, espero se despache antes de septiembre.
Porque seamos claros, estimados y estimadas: más allá de nuestras diferencias ideológicas que son legítimas, la economía chilena no soportaría una nueva ola de gasto público si no tiene el financiamiento adecuado para ello, y la ciudadanía a su vez no soportaría más expectativas frustradas o promesas incumplidas. Por eso, invitamos a todos los miembros de este Congreso Nacional a flexibilizar posiciones para poder encontrar fórmulas para que quienes tenemos más recursos, paguemos más. Es tan simple y justo como eso. Ese es justamente el objetivo del proyecto de reforma al impuesto a la renta que enviaremos próximamente al Congreso.
Chilenas y chilenos:
Lo más difícil en materia económica ya pasó. Vencimos la inflación, pusimos nuestras cuentas en orden, sorteamos las divisiones surgidas del proceso constitucional, está aumentando la inversión extranjera, y el mundo requiere de nuestro cobre, litio, frutas y alimentos, productos forestales, pesca, hidrógeno verde y minerales críticos. Por eso les digo que tenemos buenos motivos para mirar el futuro inmediato con renovada esperanza.
Al finalizar nuestro mandato la economía chilena per cápita habrá crecido anualmente por encima del promedio de los ocho años anteriores, habrá generado más de 700 mil nuevos empleos, se habrá reducido la pobreza, las tasas de informalidad serán menores que cuando comenzamos, y habremos frenado el crecimiento de la deuda pública. En esto me pueden cobrar la palabra.
Estimados:
El cimiento de nuestra vida en común son esas personas que muchas veces, y esto lo saben quienes nos están viendo en sus casas, han sido invisibilizadas y que con dedicación y esfuerzo preparan la comida, lavan la loza, hacen el aseo, educan, cuidan la salud y apoyan a familiares con discapacidad, acompañan a las personas mayores, protegen y crían a los niños. En su mayoría son mujeres quienes realizan una labor fundamental, muchas veces solitaria y poco reconocida, que a veces se torna agobiante, y que en muchos casos implica postergar la vida personal. Seguramente en este momento hay muchas mujeres asintiendo en casa porque refleja su experiencia cotidiana. Ellas sostienen el andamiaje de nuestra comunidad porque son estos cuidados los que hacen posible que otros trabajen remuneradamente o estudien, y en conjunto producen el crecimiento económico y el desarrollo del país. En una sociedad que está envejeciendo es crucial que asumamos la responsabilidad de los cuidados de manera colectiva.
Por eso, reconocer el cuidado como un trabajo y un derecho es tanto un acto de justicia como una necesidad social. También lo es avanzar en corresponsabilidad. Los hombres también debemos hacernos cargo de estas tareas porque no hay roles asignados de manera natural. Para esto, dimos los primeros pasos en 2022 y 2023, y vamos a seguir avanzando firme en la misma dirección.
Creamos el Registro Nacional de Personas Cuidadoras y la credencial de persona cuidadora que ya tiene más de 100 mil inscripciones, lo que les da el derecho a acceder de manera preferente a los diversos servicios y trámites del Estado.
Hemos abierto y construido nuevos centros diurnos y residencias para personas mayores y aumentamos en un 25% el presupuesto para los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que nos permite extender la red de cobertura de apoyos y cuidados a 46 nuevas comunas.
Estos avances, sin lugar a dudas, nos alegran, pero queremos ir más lejos: queremos erigir a los cuidados como un cuarto pilar de la protección social, en conjunto con la salud, la educación y las pensiones, que nutra, de esta manera, la sociedad del bienestar que estamos construyendo.
Con este objetivo, tengo la alegría de anunciar hoy la puesta en marcha del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, Chile Cuida. Con esta iniciativa les decimos a las personas cuidadoras y a quienes requieren de cuidado que no están solas, que la sociedad en su conjunto, que el Estado se compromete, las reconoce y las apoya.
Hoy existen programas de apoyo a personas que necesitan cuidados, pero están dispersos, son insuficientes y no abordan el fenómeno de manera integral. Por eso, Chile Cuida articulará y ampliará los actuales servicios, incorporará a las personas cuidadoras y va a disponer de recursos para expandirse progresivamente. Gradualmente, de aquí al 2026, dispondremos de recursos para apoyar en sus hogares a las 75 mil personas con dependencia severa registradas en el Registro Social de Hogares del país y aliviar, de esta manera, la carga de sus cuidadores.
Hoy, para que se hagan una idea de la magnitud de los números, el Estado atiende a sólo 6 mil de esas 75 mil personas. El Sistema Chile Cuida va a entregar apoyo y atención a personas concretas, de carne y hueso, como Cristina Tarifeño de Independencia que hoy nos está acompañando en esta Cuenta Pública. Déjenme contarles brevemente su historia. Cristina cuida a Jorge, su esposo, quien tiene Alzheimer. Ella, como muchas mujeres cuidadoras, desempeña esta ardua e importante tarea postergando su vida personal.
Este sistema le va a entregar reconocimiento social y, con su entrada en funcionamiento, Cristina ya no va a tener que ir más de oficina en oficina para acceder a programas y beneficios sociales; una ventanilla única municipal atenderá todos sus trámites.
Y, al acceder a Chile Cuida, Cristina va a recibir la credencial que la reconoce como cuidadora y tendrá un acceso preferente a diferentes servicios públicos. Además, se le entregará un kit con elementos de autocuidado, tendrá acceso gratuito a atenciones de salud mental y será parte de una red de cuidadoras que va a permitir terminar con la soledad y aislamiento de quienes dedican sus días completos a esta labor.
Las familias como la de Cristina y Jorge van a ser atendidas en su casa por profesionales de Chile Cuida, como ya lo hacen, por ejemplo, en Independencia a través de la Red Local de Apoyos y Cuidados. Este equipo lo que hace es entregarle atenciones a Jorge que le permita a Cristina tener tiempo y la tranquilidad para cuidar de sí misma, descansar o ver a alguna amiga.
Y quiero contarles que, para poder fortalecer las redes de colaboración que se van tejiendo a nivel barrial, vamos a construir centros comunitarios de cuidados a lo largo de todo Chile, partiendo por Arica y Puerto Saavedra y siguiendo en lugares como Monte Patria, Cerro Navia, Padre Las Casas o Illapel. Cuando termine nuestro Gobierno en menos de dos años, vamos a haber llegado a construir 100 de estos centros de cuidados colectivos. En ellos, personas como Cristina podrán acceder a operativos móviles de servicios públicos, a talleres de emprendimiento, a actividades de ocio, mientras que profesionales van a atender a quienes requieren de cuidado.
Para poder proyectar y consolidar Chile Cuida, en los próximos días vamos a presentar un proyecto de ley que le dotará de su marco institucional y garantizará progresivamente el derecho al cuidado.
Ahora, sabemos que en esto no partimos de cero. El programa Chile Solidario y Chile Crece Contigo de los presidentes Lagos y Bachelet fue señero en esto y lo que estamos haciendo es consolidarlo y ampliarlo significativamente.
Nuestra sociedad de cuidado requiere que las familias se sientan apoyadas tanto en sus vulnerabilidades como en sus proyectos de vida. Hemos asegurado la inclusión de personas con trastorno del espectro autista gracias a la Ley TEA, lo que ha significado formar y capacitar equipos multidisciplinarios para la detección temprana y atención integral de niños, niñas y sus familias.
Sin embargo, debo decirles que no estoy conforme con el estado de implementación de esta ley. Aún hay mucho que mejorar y subsanar, tal como me lo manifestaron desde la Fundación Inclusión Azul y la Corporación Padres de Familiares Autismo en Rancagua. Por eso, he mandatado a los ministros de Educación, Salud y Desarrollo Social a revisar en detalle el funcionamiento de esta ley que ha sido tan importante para miles de familias, a poner más esfuerzo en su correcta implementación y destinar más recursos a ella.
Quiero, además, celebrar el acuerdo que permitió mejorar la importantísima Ley SANNA. Gracias a ella, madres y padres tienen la tranquilidad de poder acompañar a sus hijos e hijas menores de 5 años que padecen enfermedades graves que requieren hospitalización en un UCI o UTI. Son familias que van a poder cuidar a sus hijos sin temor a perder su trabajo.
En otra materia, hemos dado un paso importantísimo en justicia para las madres y sus hijos e hijas cuando, hace un año, entró en vigencia la Ley de Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimento. Porque una madre que cría sola, sin apoyo económico para la mantención y el cuidado de sus hijos, es una madre que paga extra en deudas y empobrecimiento por la irresponsabilidad y abandono de otro. Quienes incumplen estas obligaciones que son básicas con sus hijos no son “papitos corazón”, digámoslo con todas sus letras, lo suyo es abandono parental.
Esta realidad bien la conoce Claudia Astudillo, quien debió salir adelante sola junto a sus hijas Agustina y Matilde, y que, gracias a esta ley, pudo, por fin, cobrar una deuda que se había acumulado por demasiado tiempo. Hoy el Estado se hace parte de este problema y facilita el pago de las pensiones adeudadas, identificando en bancos e instrumentos de ahorro y cotización dónde hay ingresos y montos para pagar. Puedo informar que en 12 meses de aplicación de esta ley se han pagado más de 300 mil millones de pesos en deudas de alimentos.
A pocos días de iniciado nuestro Gobierno asumimos el tremendo desafío de implementar la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia que llevaba más de 10 años tramitándose en el Congreso.
Las nuevas Oficinas Locales de la Niñez cumplen un rol fundamental y ya tenemos 199 instaladas, vamos a sumar otras 70 y vamos a habilitar en todas las comunas del país, de aquí al 2025, Oficinas Locales de Niñez que es dos años antes de lo estipulado por ley.
También, el Subsidio Único Familiar comenzó a entregarse de forma automática a hijos e hijas de las familias del 40% de menores ingresos, sin necesidad de postulación. Este avance es importante porque ha permitido que más de 390 mil niñas, niños y adolescentes accedan a este beneficio.
Ahora, un tema importante y difícil. Si bien hemos avanzado desde el antiguo Sename, hoy estamos enfocados en fortalecer el nuevo Sistema de Protección Especializada. La situación de los niños y niñas que están bajo la protección del Estado, debo decirlo, sigue siendo dolorosa. Para revertir esta realidad nos hemos propuesto consolidar y ampliar programas como familias de acogida, iniciativa que tengo la suerte de conocer y vivir muy de cerca. Con esto vamos a incrementar el número de niños y niñas que están al amparo de familias que les entregan un lugar seguro y cálido para sus vidas.
Pero no sólo eso, los abusos que sufrieron niños y niñas en el Sename es un capítulo particularmente doloroso de nuestra historia reciente respecto del cual la sociedad exige respuestas. Con este fin, anuncio la creación de la comisión especial para determinar toda la verdad sobre las vulneraciones a las víctimas del Sename y establecer las justas medidas de reparación que correspondan para ello, que contará con el apoyo de Unicef y de la Defensoría para la Niñez.
Siguiendo en materia de infancia, introdujimos modificaciones al proyecto de ley que establece un nuevo sistema de adopciones con menores tiempos de espera, gratuito y con un adecuado seguimiento y apoyo a las familias adoptivas. Llamo al Congreso encarecidamente a aprobar este proyecto con urgencia que lleva más de 10 años tramitándose aquí y que espero sea despachado este año.
En materia de salud, hace sólo un mes había gran incertidumbre sobre lo que ocurría ante la obligación de las Isapres de cumplir el fallo de la Corte Suprema respecto de los cobros abusivos que durante años realizaron a sus afiliados. Priorizamos la protección de la salud de las personas, por eso, Gobierno y Congreso, evitando cualquier tipo de perdonazo, otorgando estabilidad al sistema de salud y robusteciendo a Fonasa, arribamos a un acuerdo.
La nueva modalidad de Fonasa de cobertura complementaria va a dar más opciones a los afiliados a Fonasa y mejores condiciones si desean acceder a prestadores privados. Esto ofrecerá nuevos recursos para mejorar el acceso a la salud de todos quienes estamos en Fonasa, que somos 8 de cada 10 chilenos.
Conozco de primera mano la demanda por ampliar la red de hospitales públicos. Este año van a estar operativos 7 nuevos hospitales para los habitantes de Alto Hospicio, San Antonio, Casablanca, Curicó, Lonquimay, Villarrica y Quellón. Y en marzo del 2026 contaremos con los nuevos recintos de Huasco, Putaendo, Quillota, Petorca, Collipulli, Makewe-Padre Las Casas, Carahue, Queilén, Chile Chico y Ancud.
De esta manera, también hemos mejorado la gestión hospitalaria con los centros regionales de resolución para poder apoyar la realización de las cirugías más frecuentes de la lista de espera. El 2023 alcanzamos la cifra más alta de intervenciones quirúrgicas mayores electivas en la historia del sistema público.
Pero sé que tenemos que acelerar más la respuesta. Por eso, he instruido que se destinen 28 mil millones de pesos para aumentar la productividad y la eficiencia del sistema público y así realizar 16 mil nuevas cirugías mayores ambulatorias, 4.600 cirugías menores y 1.300 cirugías complejas traumatológicas y neuroquirúrgicas con prestadores privados que, junto a las 8 mil cirugías a través de la modalidad de licitación de Fonasa, nos va a permitir llegar a casi 30 mil nuevas cirugías para personas en lista de espera.
Junto a ello, estamos destinando recursos para 100 mil consultas de oftalmología y otorrinolaringología porque, como seguramente saben, estas son las primeras causas de espera en el sector público.
Pero no hay espacio para solazarse ni congratularse porque todo esto sigue siendo insuficiente para la magnitud del problema de las listas de espera y, sobre todo, para la angustia de quien sigue esperando una operación o una atención de un especialista. Para enfrentar este desafío, estimados y estimadas, necesitamos mejorar mucho más la productividad, aumentar y mejorar la formación de especialistas y disponer de aún más recursos.
Mi Gobierno tiene un fuerte compromiso con la salud mental. Creamos la línea telefónica 4141 de prevención del suicidio y estamos habilitando nuevos Cosam en comunas como Copiapó y Puerto Aysén, además de hacernos cargo de situaciones de precariedad de algunos Cosam como el de Punta Arenas.
Y es que como la salud mental importa, este mes enviaremos un proyecto de ley de salud mental integral que aborde esta materia como un compromiso de Estado porque, como sociedad, debemos hablar de salud mental, reconocer su importancia y hacernos cargo de la tremenda aflicción que viven miles de chilenos, muchas veces en silencio, por temor a la discriminación. No podemos seguir permitiendo esa discriminación. La salud mental importa y la vamos a valorar.
Como saben, hace unos días me reuní con Camila Gómez, la madre de Tomás Ross, Tomasito, quien caminó, ella, Camila, desde Chiloé hasta La Moneda con el objetivo de poder financiar el tratamiento para su hijo con enfermedad de Duchenne. Ella me lo dijo muy claramente: “Gracias a la solidaridad del pueblo de Chile logré mi meta. Y, por eso, estoy con usted —me decía cuando conversamos— no por mí, sino por los que están y los que vendrán”.
En el caso particular de Camila y Tomás hemos dispuesto que las donaciones recibidas por la familia no paguen impuestos.
Pero no queremos que cada madre o padre tenga que vivir con angustia frente a la enfermedad de su hijo que no esté cubierta por el GES o por la Ley Ricarte Soto. Por eso, presentaremos indicaciones al proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes para poder definir estas enfermedades, generar un registro nacional de personas que lo padecen y crear una comisión técnica integrada por diversos actores que asesore al respecto.
Además, el 2024 va a entrar en vigencia el decreto que incorpora tres nuevos medicamentos a la Ley Ricarte Soto y, desde el 2025, se ampliará el Programa de Pesquisa Neonatal, muy importante para detectar condiciones tempranas que tienen tratamiento y, con ello, evitar o moderar el daño que éstas puedan causar.
Les he contado anteriormente y lo hemos comentado por redes sociales más de una vez que, como Presidente, recibo cartas de personas de todo Chile. Uno piensa que las cartas escritas a mano están en desuso, pero recibo cientos de cartas de personas que me escriben por diferentes temas. Una de ellas fue Susana Moreira, quien me escribió para compartirme lo que significa padecer a diario dolores físicos atroces por una distrofia muscular que no le permite tener una vida digna. En su carta, Susana me solicitó que autorice su muerte asistida.
En esto tenemos un gran tema pendiente. Les debemos una respuesta a quienes sufren enfermedades terminales incurables que conllevan una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades con sufrimientos físicos persistentes e intolerables que no se pueden aliviar y que el o la paciente considera inaceptable.
Le digo a Susana que lo que me pide no está dentro de mis atribuciones, pero en tu nombre y en el de tantos otros invito a este Congreso a no evitar este debate. Por ello, anuncio que pondré urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado, porque aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, en septiembre del 2017 la presidenta Bachelet promulgó la Ley 21.030 que permitió el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Han pasado 7 años y con ese tiempo prudente de evaluación hemos decidido mejorar su aplicación. Así, hemos ingresado ya a Contraloría un nuevo reglamento para esta ley. Con ello, buscamos garantizar que la población conozca sus opciones, asegurar un derecho que está establecido en la ley, que la objeción de conciencia personal no obstaculice el aborto en esas tres causales y que el lugar donde se viva y la capacidad de pago no sean en una barrera para que la atención sea oportuna.
Pero dicho esto, como Presidente de la República, estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos, pese a que algunos diputados hombres se opongan. Por ello, es que durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal que someteremos a la discusión correspondiente con el compromiso que anima a nuestro Gobierno de avanzar y de no retroceder —no es extraño que en este tema sea un diputado hombre el que se ha retirado de la sala—, porque las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir.
Estimado y estimadas, podemos retribuir a quienes nos cuidan, podemos mejorar nuestro sistema de salud, pero, francamente Chile no va a ser una comunidad si no entregamos pensiones dignas para la vejez. Si hay un sector de la población que no puede seguir esperando a que algún día los políticos nos pongamos de acuerdo es aquel sector que está en la última etapa de su vida. Tenemos que ser capaces de mejorar las pensiones antes que las personas mueran esperando. Esa es una prioridad evidente para todas y todos, es insoslayable porque más de la mitad de los jubilados y jubiladas de Chile viven con una pensión inferior a los 230 mil pesos, pese a tener la PGU, y eso es una inmoralidad.
¿Es posible ponernos de acuerdo en esta materia? Por supuesto que es posible. Si lo conseguimos en materia de Royalty, si lo conseguimos en 40 horas, lo conseguimos en Isapres, todos temas difíciles, ¿por qué no vamos a poder lograrlo con las pensiones? Los invito, con humildad, a que todos y todas, independiente de nuestra posición política, nos pongamos en los zapatos de quienes han esperado años y siguen con una pensión miserable que no les garantiza una vida digna y que de una vez por todas cerremos un acuerdo, porque los jubilados y jubiladas hoy nos están mirando y no pueden seguir esperando.
¿Dónde se gesta el Chile que viene? En la educación, en la cultura y en el deporte.
Una sociedad requiere una educación pública robusta. Por eso, a inicios de mayo lanzamos la Agenda Sala Cuna para Chile, que busca fortalecer la educación parvularia, promover la corresponsabilidad y el empleo femenino. En este marco, presentamos un nuevo proyecto de ley de sala cuna y enviamos un proyecto de modernización de la educación parvularia.
En 2017 el Congreso protagonizó un amplio debate que culminó con la creación de un nuevo sistema de educación pública. El propósito compartido en forma transversal era superar las brechas educativas que generó la administración municipal para poder tener una educación pública de calidad, inclusiva e integral; el orgullo de la educación pública que forjó nuestro país.
La ejecución de esta nueva ley significó la puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública, los SLEP. Y como lo señala el informe del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, la mayoría de los SLEP muestran señales de ir en la dirección correcta. De hecho, los estudiantes de sus establecimientos han mejorado su rendimiento en una proporción mayor que la del resto del sistema educativo.
Ahora, no podemos obviar las dificultades. El caso del SLEP de Atacama que tuvo una profunda crisis y que fue motivo de justificado enojo y protesta, no es una excepción. Por lo tanto, tenemos el deber de mejorar todos los servicios locales de educación pública para que casos como el SLEP de Atacama sean la excepción y no la regla. Las dificultades se han ido enfrentando, aunque la demora en concretar las soluciones ha tomado más tiempo del que considero razonable. Por eso, hay que poner más esfuerzo en esta tarea.
Pero sepan que mi Gobierno no va a dar marcha atrás en el camino hacia una nueva educación pública para Chile. Y es que en una materia tan compleja y sensible para el futuro del país no podemos dejarnos llevar por el catastrofismo ni por la improvisación. Nos vamos a asegurar que todos los SLEP tengan los recursos y la infraestructura necesaria para funcionar adecuadamente.
Ahora, no podemos olvidar que aún seguimos afrontando las consecuencias de la pandemia. Por eso, pusimos en marcha el programa A Convivir se Aprende y en los próximos días enviaremos un proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar a las comunidades educativas que recoge, entre otros contenidos, el del proyecto José Matías, a quien, gracias a la infatigable lucha de su madre, no hemos olvidado. También queremos proteger a nuestros equipos educativos y lo haremos en memoria de la sensible muerte de la profesora Katherine Yoma. Así, nuestro proyecto de la Ley Kathy abordará de forma sistémica acciones orientadas a prevenir hechos de violencia, acoso y discriminación.
Una educación de calidad requiere cimientos adecuados. Entre el 2022 y el 2024 hemos destinado 300 mil millones de pesos para poder financiar proyectos de infraestructura en recintos educativos de todo el país y estamos trabajando por hacer crecer estos recursos de los dos años que nos restan. Les digo, y seguramente a ustedes les pasa también, y los que nos están viendo en su casa conocen, cada vez que veo el brillo en los ojos y el orgullo de los estudiantes, profesores y comunidades escolares de una escuela que mejora, me doy cuenta que cada peso invertido en educación vale la pena. Lo vi en la Jerónimo Lagos de San Javier, en el Ignacio Carrera Pinto de Quilpué o en la escuela rural Huyar Alto de Curaco de Vélez.
Pero la educación, y aquí creo necesario hacer una breve reflexión, no son sólo recursos o infraestructura. Para fortalecer una educación integral que permita responder a los desafíos de la sociedad, tenemos que preguntarnos qué educamos y cómo lo hacemos, actualizándonos a los desafiantes tiempos de radical y veloz cambio tecnológico que vivimos. Es por ello que convocamos a un Congreso Pedagógico y Curricular en el que participaron más de 800 mil personas en todo el país, donde compartieron su mirada sobre qué, cómo, cuándo y dónde quieren aprender, incorporando robótica, cultura, arte, salidas a terreno, visitas a empresas y a servicios públicos, relacionándose con su entorno y no quedándonos en anquilosados sistemas de educación que hoy aburren a los niños. Tenemos que actualizar nuestra educación. Por ello, estamos trabajando en una actualización y flexibilización del currículum nacional.
Ahora, en las semanas previas a esta Cuenta Pública se abrió, nuevamente, un amplio debate sobre el financiamiento de la educación superior. Ya es tiempo de que alcancemos una solución que sea permanente. El Crédito con Aval del Estado ha sido una política que cumplió un rol en el acceso a la educación superior en las últimas décadas, pero que adolecía de graves falencias. Por eso, junto con la política de gratuidad, Chile requiere un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior. Lo hemos dicho hasta el cansancio.
En septiembre ingresaremos al Congreso un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará el Crédito con Aval del Estado y al Fondo Solidario, y dará una solución progresiva y justa pensada en los deudores, especialmente en quienes han cumplido con sus deberes de pago y en quienes no han podido cumplir por no tener ingresos para hacerlo, que son la gran mayoría de los deudores. Este proyecto va a ser gradual, progresivo y autocontenido, no requiriendo recursos del Pacto Fiscal.
Y aprovechando, quiero referirme a otro tema que hemos postergado por demasiados años, la deuda histórica con los profesores y profesoras de Chile. En marzo me reuní con el Colegio de Profesores para tratar esto y ratifico aquí mi compromiso de enviar un proyecto de ley, cuyo financiamiento será gradual, tampoco estará sujeto al Pacto Fiscal, que va a ofrecer una reparación a todos los afectados por esta deuda, partiendo por los mayores de 80 años.
Queda poquito. Es que hemos hecho tantas cosas y quedan tantas por hacer.
Estimados y estimadas, la educación no se desarrolla solamente en las aulas y en la escuela, se despliega también en las familias y en la sociedad, así como en la cultura y en las artes.
Pero aquí valga otra reflexión que es ¿qué entendemos realmente por cultura? Yo entiendo la cultura como una construcción de una identidad compartida donde dialogan visiones, interpretaciones y relatos acerca de lo que nos ocurre, nos preocupa y nos anima como personas y como comunidad. La cultura es el espíritu de un pueblo y, como tal, tenemos que preguntarnos cómo ésta influye en nuestra cotidianidad, no como algo exento, no como un hobby, cómo incide en nuestras relaciones sociales, en nuestra interacción con el mundo. Son los artistas, los cultores y los gestores culturales quienes trabajan por mantener viva nuestra cultura, pero no lo hacen solos, lo deben hacer en conjunto con el apoyo del Estado y la sociedad civil en todas sus formas porque la cultura es, a la vez, una forma de preservar nuestra identidad compartida y una herramienta de transformación social.
Sabemos que en esta materia nos queda mucho por hacer para estar a la altura. Por lo mismo, le he encargado a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a hacer realidad el compromiso presupuestario del 1%, lo que supone un aumento muy significativo que ustedes verán expresados en el próximo presupuesto nacional para esta área durante los próximos dos años.
¿Qué es lo que va a permitir este aumento de recursos? Va a permitir entregar financiamiento directo y no concursable a ferias, festivales y agrupaciones de trayectoria aprobada por más de 10 años, como por ejemplo a la Orquesta de Niños del Altiplano en Antofagasta, el Festival de Jazz en Valparaíso, la Bibliolancha en Chiloé, la Furia del Libro de Santiago, Cielos del Infinito en Magallanes, Teatro Puerto en Coquimbo o el Festival Internacional de Cine de Valdivia, sólo por poner algunos ejemplos.
Con estos recursos vamos a ampliar también la oferta de cultura al servicio de recuperar los barrios que es fundamental para la construcción de cohesión social, vamos a mejorar la red pública de bibliotecas y museos, y protegeremos nuestro patrimonio material e inmaterial.
Y, además, con el objetivo de promover el ejercicio de los derechos culturales y siguiendo el ejemplo español, vamos a crear un pase cultural que se entregará a los jóvenes que fueron o son estudiantes prioritarios al cumplir 18 años y para las personas mayores que tienen la PGU al cumplir 65 años. Este pase entregará 50 mil pesos para utilizarlo en salas de cine, en teatros o librerías. De esta manera, fomentamos la cultura y, además, ayudamos a la reactivación de la industria cultural.
En esa misma línea, este 2024 decidimos dar un impulso a las industrias creativas con el regreso, tras 6 años estando inactivo, del Fondo del Banco Estado para el Fomento del Cine Chileno que se va a extender, por primera vez, también al teatro. Y presentamos una ley que establece beneficios tributarios a empresas para posicionar a Chile como un lugar atractivo para las producciones y coproducciones audiovisuales de series, películas y documentales. Aprovechemos el tremendo talento y las posibilidades que tenemos en nuestro país en esta materia.
Televisión Nacional de Chile, por su parte, es el canal de todos los chilenos y chilenas. Es por eso que durante junio enviaremos al Congreso Nacional indicaciones a un proyecto de ley que incluye un fondo de reserva para la modernización del canal estatal. Esto va a permitir fortalecer sus centros regionales, su canal cultural e infantil y su señal internacional, innovando, además, con la creación de una radio pública y el desarrollo de su formato multiplataforma.
En materia de libertad de expresión, bien vale señalarlo, estamos avanzando en la protección de quienes ejercen el periodismo y las comunicaciones con un proyecto de ley cuya aprobación será un logro inédito para Chile y sus periodistas. No queremos que vuelva a suceder en nuestro país un caso como el vil asesinato de Francisca Sandoval.
El 2023, entrando al deporte, Chile vivió un momento excepcional de alegría y orgullo nacional con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 que, además, tuvo episodios en regiones. Fue el evento multideportivo más grande de nuestra historia que nos deja como legado una gran infraestructura deportiva y, sobre todo, generaciones enteras motivadas con el deporte.
También dejaron en alto el nombre de Chile, por cierto, los deportistas, sus equipos y también los voluntarios y voluntarias que, con gran compromiso, permitieron el exitoso desarrollo de los juegos. Es el caso de Mariana Recabarren de Maipú que, con 70 años, colaboró en competencia de atletismo, de voleibol, entre otras tareas, y vivió con una tremenda alegría el cariño de la gente que la veía con su chaqueta de voluntaria.
Nos la vamos a seguir jugando por el deporte porque hemos visto lo que genera, ese clima de unidad nacional que tanto necesitamos. Este año, Chile seguirá albergando grandes eventos deportivos, seremos sede de los Sudamericanos de Básquetbol Femenino y, el próximo, del Americup. El 2025 seremos sede del Mundial de Fútbol Masculino Sub 20 y también del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI. Y, además, ya ha sido confirmado que el 2027, y le tocará hacerlo al próximo gobierno, seremos los anfitriones de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, lo que es un hito histórico en materia de inclusión.
Hemos probado, de esta manera, que nuestro país tiene las condiciones de organización y la capacidad de gestión y liderazgo internacional para organizar eventos deportivos de nivel mundial. Por eso anuncio que iniciaremos el camino para que Chile sea, por primera vez en su historia, candidato a sede de los Juegos Olímpicos 2036. Para ello, el ministro de Deporte ya ha formalizado ante el Comité Olímpico de Chile nuestra disposición para iniciar el proceso de postulación de nuestra sede con miras al 2036, proyecto de Estado. Sabemos que no va a ser fácil competir con las grandes potencias del norte global, pero tal como la generación del 62, los quiero invitar a soñar alto y a unirnos por este hermoso desafío de ser, por primera vez en nuestra historia, anfitriones de unos Juegos Olímpicos.
Ahora, el deporte no son solamente los grandes eventos y el alto rendimiento, también tiene que estar presente en nuestro día a día. Por eso, recogiendo una iniciativa parlamentaria, vamos a impulsar la promoción de la actividad física en los establecimientos educacionales del país durante una hora al día dentro de la actual jornada escolar.
Esta medida no reemplaza la hora de educación física, lo que estamos haciendo es abordar un importante mandato de salud pública porque reducir el estilo de vida sedentario que incide negativamente en el aumento de la población con sobrepeso y obesidad es fundamental para una vida sana y una sociedad sana.
Estimados y estimadas, con una educación de calidad al alcance de todas las familias chilenas, con una cultura vibrante, con una creación artística libre y una actividad deportiva accesible a todos los niveles estamos gestando la sociedad del futuro basada en la colaboración, en la disciplina bien aprendida, en el trabajo en equipo y en el respeto a nuestras diferencias.
Pasando al desarrollo. En el Chile de hoy, desgraciadamente, algunos parecieran creer que el pesimismo es un signo de madurez e inteligencia y ven el país sólo desde un prisma negativo. Como Presidente de la República me rebelo ante ese fatalismo que luego se convierte en profecías autocumplidas. No soy del coro de los pesimistas, sino del coro de los esperanzados.
Y lo digo porque he recorrido nuestra patria y he hablado fuera de ella con muchísimas personas, con líderes, con lideresas y he podido constatar que tenemos un potencial inigualable gracias a la fuerza y la sabiduría de nuestro pueblo y a la solidez de nuestras instituciones.
Pero no sólo eso, disponemos, además, de una relativa abundancia de materias primas para la necesaria transición energética que ya ha comenzado en el planeta y que es irreversible como son, por ejemplo, las energías renovables, el cobre y el litio.
Hoy nos preguntamos, ¿podremos aprovechar esta riqueza en todo su potencial para que el país se desarrolle y los chilenos y chilenas tengan un futuro más digno y de mayor bienestar? Nuestra respuesta categórica es sí, podemos.
Al llegar al Gobierno comprometí cambios profundos de forma gradual y ordenada. Eso es justamente lo que está logrando la Estrategia Nacional del Litio porque cuando finalice nuestro mandato se van a estar desarrollando diversos proyectos de inversión público-privada que permitirán más que duplicar la producción de litio en una década y estará funcionando el Instituto Nacional del Litio y el Salar con sedes descentralizadas en las regiones de Antofagasta y Atacama. Además, vamos a haber desplegado la política de conservación más ambiciosa en este ámbito, protegiendo más de un 30% de la superficie de los salares de Chile. Lideraremos, de esta manera, la transición a tecnologías de producción con menor impacto ambiental. Y estamos trabajando para instalar las primeras plantas de producción de cátodos del litio del país, lo que aumentará el valor agregado de nuestra industria. Esta estrategia involucra, por cierto, un constante diálogo social y protagonismo de sus comunidades.
Y esto está pasando hoy, no es una promesa de largo plazo. Prueba de ello es el Acuerdo de Asociación entre Codelco y SQM que consolidará a nuestro país como uno de los principales productores de litio del mundo. Chile tendrá el control de la fuente de producción de litio más grande del planeta y la mayoría accionaria de la nueva asociación va a estar en manos del Estado de Chile a través de la estatal Codelco. Estamos hablando de cifras que son realmente importantes. El Estado de Chile, a través de Codelco, Corfo y el Fisco, va a recibir el 70% del margen operacional que genere la nueva producción entre 2025 y 2030. Y a partir del 2031, por la misma vía, el Estado de Chile recibirá el 85% del margen operacional.
Por eso, hoy los invito, más allá de las diferentes posiciones que puedan haber existido, a estar felices por una noticia que les augura un mejor futuro a todos los chilenos, en especial a las nuevas generaciones. Este es un triunfo de Chile, no de un gobierno en particular.
Dicho esto, respecto al litio, la minería del cobre es y sigue siendo un puntal de nuestro desarrollo y Codelco, en un contexto de alta demanda y muy buen precio, se ha puesto la meta de aumentar su producción de mediano plazo, para lo que ha sido necesario realizar proyectos estructurales que son muy difíciles y que fueron postergados por demasiado tiempo. Al 2030 la estatal trabajará sólo con energías renovables y Codelco seguirá siendo una empresa que enorgullece y prestigia a Chile, más allá de las dificultades que haya enfrentado en los últimos años. Queremos aumentar el valor de lo que exportamos. Por eso, reafirmo aquí mi compromiso con la Región de Atacama y con Chile entero de entregar una nueva y moderna fundición del cobre.
Chile está también a la vanguardia en energías renovables gracias a una política de Estado que trasciende gobiernos. El primer semestre de este año el 41% de la generación eléctrica provino de esta fuente. El mundo nos admira por este logro.
La transformación de la matriz energética nos ha permitido estar en la avanzada, en la punta mundial en el desarrollo del hidrógeno verde que se produce con energía solar o eólica y se utiliza para fabricar combustibles no contaminantes. Esta industria está desplegándose ya, con múltiples proyectos, especialmente en Antofagasta y Magallanes, y con aplicaciones que tienen un impacto en la vida y oportunidades laborales de chilenos y chilenas.
Pienso, por ejemplo, en Silvana Cárdenas, una ingeniera nacida en Punta Arenas, que encontró en la planta Haru Oni una oportunidad para aportar al país desde su región y ser parte del gran hito de la primera exportación comercial de combustible en base a hidrógeno verde. Pienso en los más de 2 mil hogares de Coquimbo y La Serena que hoy encienden el calefón y cocinan con gas mezclado con hidrógeno verde. O en Emily y Maximilian que, junto a sus compañeros del Liceo Domingo Matte Pérez de Maipú, hicieron historia el año pasado al ser los primeros estudiantes de América Latina en participar en el Torneo Internacional de Autos a Escala impulsados con hidrógeno verde en Las Vegas, Estados Unidos. Estos son ejemplos del Chile que está naciendo y del Chile que viene.
Ya presentamos el Plan de Acción de Hidrógeno Verde de aquí al 2030 y Corfo, fiel a una vocación originaria que se remonta ya a 85 años, creará un fondo de mil millones de dólares para acelerar y concretar inversiones de hidrógeno verde.
Ahora, la economía digital es parte de este presente y futuro. Nuestro país ya tiene 22 data centers y pronto van a llegar 28 más. Tenemos como objetivo que este sector triplique el crecimiento promedio de la economía de aquí al fin de nuestro periodo de Gobierno. Para ello estamos invirtiendo en infraestructura como redes de fibra óptica y 5G.
En esta línea, este año anunciamos el acuerdo ya cerrado para construir el Cable de Humboldt, el primer cable submarino de fibra óptica que va a conectar el mundo de sur a sur, desde la costa de nuestro Valparaíso hasta Oceanía y Asia.
Y es que sin ciencia e innovación no hay desarrollo sostenible. Por eso, parte importante de los recursos del litio se van a destinar para incrementar el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que ya ha crecido en más del 10% intersectorialmente. Estos recursos ya impactaron a más de 1.500 empresas como, por ejemplo, la tecnología implementada en Hospital Las Higueras de Talcahuano o el primer bus a hidrógeno construido en Chile en la Región de O’Higgins.
Y hace pocas semanas anunciamos con Corfo la creación del startup Campus para impulsar el talento chileno y los emprendimientos de base científica-tecnológica.
Hay una reflexión que tenemos que hacer todos respecto a la inteligencia artificial porque hubo inventos que cambiaron al mundo y la inteligencia artificial lo está cambiando, nos guste o no. Genera temor que la inteligencia artificial reemplace a personas en sus puestos de trabajo, pero ello no nos debe paralizar, nos tiene que llamar a la acción. La inteligencia artificial puede ser un gran copiloto si es bien utilizada, puede aumentar nuestra productividad, pero para eso no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a ver que hacen otros países, tenemos que capacitarnos, crear nuevas habilidades y avanzar en una legislación donde mayor productividad no signifique más horas de trabajo, sino una mejor conciliación de la vida familiar y laboral.
Pienso en trabajos como especialista en interacción con la inteligencia artificial, auditores de ética en este ámbito, programadores de tecnología, especialista en datos que son perfiles laborales que el Ministerio de Ciencia ya ha propuesto a Chile Valora para que quien tenga esas capacidades, muchas de las cuales, por cierto, no se enseñan formalmente, tengan una certificación y las hagan valer en el mercado laboral optando, también, a futuros planes formativos. Además, en nuestras universidades estamos avanzando, por ejemplo, con el Doctorado en Inteligencia Artificial que ya recibe alumnos en la Región del Biobío.
Y es que, compatriotas, el chileno sabe que tenemos muchísimas posibilidades, el futuro está lleno de oportunidades. Y, por eso, los invito a mirarlo con optimismo.
Por eso, hemos seguido fortaleciendo el ecosistema de ciencia e investigación nacional, para no quedarnos atrás. Iniciamos el proceso para que Chile se una al Centro Europeo de Investigación Nuclear, CERN, y junto con la FACh vamos a construir en Cerrillos el Centro Espacial Nacional.
Y si hablamos de ciencia y futuro es inevitable referirnos, muy brevemente, a nuestra vocación antártica porque es la comprensión y protección de lo que sucede en este continente donde se juega parte importante de la lucha contra la crisis climática, como lo alertó el secretario general de las Naciones Unidas con quien visitamos, juntos, la Antártica, a través de Chile, el 2023.
Nuestra soberanía en la Antártica se funda en nuestra historia y en nuestra proximidad geográfica. Este año lanzamos al mar el Buque Rompehielos Viel que está íntegramente construido por los Astilleros y Maestranzas de la Armada, Asmar, al que se suma el remolcador Lientur. Y estoy convencido de que estamos para grandes proyectos en materia de producción naval, fortaleciendo la industria nacional. Por eso, instruí a la ministra de Defensa y al ministro de Economía, y también al comandante en jefe de la Armada para que, en 3 meses, me presenten una Política Naval de Construcción Continua para los próximos años con Asmar como líder en una articulación de la capacidad de nuestros artilleros públicos-privados, revitalizando la industria nacional.
En esta misma línea antártica, vamos a seguir apoyando la construcción del Centro Antártico Internacional del Inach, con base en Punta Arenas, en conjunto con el gobierno regional. Y esto lo he dicho a los líderes internacionales y a todo el mundo, Chile se opone y se opondrá a cualquier explotación comercial de minerales e hidrocarburos en la Antártica y trabajaremos con todos los países reclamantes y firmantes del tratado para velar por el respeto de esta norma.
Otro orgullo de Chile es su agricultura porque lo que produce nuestra agricultura es altamente apreciado en todo el mundo. Gran parte de nuestro país depende de la agricultura familiar campesina para abastecer las mesas de nuestros hogares. En mis recorridos por nuestra patria, en el marco de la extensión del Programa Siembra por Chile, he conocido a personas como Verónica Calfullán de Lanco que luchan por quedarse en el campo, pero me dicen que les resulta difícil. Recuerdo muy patentemente, fue hace muy poco, las manos trabajadoras de Imelda Narcisa Huerta, agricultora de hortalizas en Peralillo y beneficiaria del Indap, quien, a sus 77 años, tiene que seguir trabajando porque no tiene una pensión digna que le permita jubilar.
Queremos que la vida rural sea una opción real para las futuras generaciones, así se lo he encargado al ministro de Agricultura porque queremos que el campo mantenga su esencia, sus tradiciones y, además, sea sinónimo de calidad de vida, de innovación y de futuro. Para eso, estamos implementando una Política Nacional de Desarrollo Rural y el Programa Mi Negocio Rural que apoya emprendimientos de jóvenes rurales.
Y como reafirmé en este Congreso, también en otra materia importante para nuestro desarrollo, cumplimos con ingresar un nuevo proyecto de ley de pesca, que reemplace a la actual que está llena de cuestionamientos por su origen corrupto. Chile es la décima potencia pesquera mundial y merecemos una ley que avance en transparencia, justicia para la pesca artesanal y desarrollo pesquero sostenible que, a su vez, se haga cargo de las históricas demandas de mayor protección social en el rubro.
Estimados y estimadas, luchar contra la triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación es un pilar del desarrollo y una urgencia global porque si el desarrollo no es sostenible en el tiempo no es desarrollo, es sacrificio.
Por eso, una de las primeras acciones que adoptamos como Gobierno fue aprobar el Acuerdo de Escazú, cuyo plan de implementación ya está en marcha.
Y, además, durante nuestra administración hemos alcanzado un récord de 33 nuevas áreas protegidas, muchas de ellas, además, de fácil acceso para las personas que les invito a visitar como, por ejemplo, el Parque Nacional Desierto Florido en Atacama, el Área Marina Protegida Archipiélago de Humboldt en Pisagua, los santuarios de la naturaleza Cerro La Cruz en Zapallar, Cruz de Piedra en la Región Metropolitana, el Valle de Cochamó en Los Lagos y prontamente el Cabo Froward en Magallanes.
Además, tengo una gran noticia para la Región Metropolitana, estamos consolidando como una sola área protegida toda la cuenca de los ríos Olivares y Colorado en el Cajón del Maipo, en un terreno de más de 110 mil hectáreas, dando acceso al actual Parque Glaciares de Santiago.
En esto, el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas aumenta los recursos para hacer frente a la pérdida de especies y hábitats naturales y mejora la dotación del personal encargado de la custodia de las áreas porque proteger estas áreas significa, también, proteger a especies de nuestra tierra como nuestro copihue, la añañuca, la araucaria, el gato andino, el monito del monte, el pingüino de Humboldt o el popular sietecolores, conocido en nuestra patria como Fiu.
Para cumplir con estas obligaciones, en el próximo ejercicio presupuestario vamos a fortalecer la musculatura del Ministerio de Medio Ambiente.
Ahora, los efectos del cambio climático, sabemos, no son problemas del futuro, son problemas de hoy. Los trágicos incendios forestales, inundaciones y sequías en nuestro país son lamentables muestras de aquello. Frente a estas emergencias hemos trabajado en fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, así como la coordinación con la empresa privada. En preparación para el verano recién pasado aumentamos en un 47% los recursos destinados al trabajo preventivo para el combate de incendio. Gracias a esto, en la temporada de incendios 2023-2024 hubo un 83% menos de hectáreas quemadas respecto a años anteriores, un 83%.
Sin embargo, en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana nos golpeó fuerte un incendio de magnitudes nunca antes vista, donde 137 compatriotas perdieron la vida. Hemos confirmado que el incendio fue intencional y trabajamos con el Ministerio Público y las policías para encontrar a los responsables, porque como país no podemos permitir que personas indolentes cometan este nivel de barbarie; 137 personas fallecidas por estas personas. Da mucha rabia.
Pero hoy quiero hablarles a las más de 20 mil personas, mujeres, hombres, jóvenes y niños, que perdieron sus hogares en esta tragedia. Ya hemos construido más de 1.800 viviendas de emergencia, estamos acelerando los procesos para que las soluciones definitivas lleguen lo antes posible. Y, antes, creamos el Comité de Ayudas Tempranas que permitió que durante las primeras semanas posteriores a la emergencia entregáramos el Bono de Recuperación a todas las familias damnificadas. A esto le sigue el Plan de Reconstrucción que contará con cerca de un billón de pesos para los próximos 4 años. Pero, si bien hemos mejorado los montos y los estándares de los apoyos en relación a las catástrofes anteriores, tengo que decirles que no estoy conforme con la velocidad de los avances de reconstrucción. Hay demasiadas familias que aún tienen incertidumbre y que, después de haberlo perdido todo, no les estamos entregando la solución que merecen. Por eso, he instruido a los equipos a cargo redoblar los esfuerzos para atender las necesidades de quienes han sido afectados por esta tragedia.
Necesitamos también, para enfrentar estos casos, una institucionalidad más robusta y eficaz. Por ello, hemos incrementado los fondos para los Centros de Alerta Temprana de Senapred y creamos el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Insisto en la pronta aprobación en el Congreso de la Ley de Incendios Forestales y Rurales y la ley que crea el Servicio Nacional Forestal que va a reemplazar a la Conaf con mayores facultades.
Ahora, la crisis climática, sabemos, se expresa en la mega sequía que afecta a prácticamente todo Chile, pero particularmente a las regiones de Coquimbo y Valparaíso. He visto la angustia de los crianceros que no puedan alimentar a sus animales, de los pequeños agricultores que ven cómo se secan sus cultivos y tienen que recurrir a camiones aljibe, de poblados sin agua para su consumo humano diario. La crisis hídrica es una urgencia nacional.
El 2023 anunciamos un plan para construir 12 nuevos embalses, entre ellos, Las Palmas, Nueva La Punilla y Zapallar. A esto sumamos una inversión histórica de 252 mil millones de pesos en servicios sanitarios rurales más conocidos como APR. Aquí, quiero reconocer el trabajo y la persistencia de dirigentes y dirigentas de APR como, por ejemplo, Viviana Núñez de Pupuya en la comuna de Navidad que ha impulsado proyectos que permiten que ella y sus vecinos accedan a agua potable.
Hemos aprobado, con este Congreso, una ley que permite construir y gestionar infraestructura hídrica multipropósito como, por ejemplo, plantas desaladoras. Cumpliré el compromiso que adquirí con la Región de Coquimbo. El segundo semestre del 2024 licitaremos una planta desaladora para la Serena y Coquimbo que va a beneficiar a medio millón de personas. Y estamos desarrollando proyectos de planta de reúso de aguas servidas para Coquimbo, así como también para la conurbación Valparaíso-Viña del Mar y también en San Antonio.
Nuestro objetivo es que al finalizar nuestro mandato Chile tenga un desarrollo más justo, resiliente y sostenible, con una economía que ocupe los beneficios que nos otorgan nuestras condiciones naturales, para crear mayor valor agregado mediante la ciencia y la tecnología en el trabajo creativo de chilenas y chilenos.
Podremos tener legítimas diferencias políticas entre nosotros, pero Chile debe ser uno solo cuando se trata de proteger y promover los derechos humanos y la democracia. No sólo nuestra nación, este es un compromiso que asumimos ante la humanidad en su conjunto.
En septiembre del año pasado conmemoramos los 50 años del golpe de Estado y lo hicimos suscribiendo el Compromiso por la Democracia. Este gesto es hoy tan relevante como necesario con un mensaje que es muy sencillo, pero concreto: por la democracia y los derechos humanos hoy y siempre. Este documento fue firmado por todos los ex mandatarios de Chile.
Y me permito acá una reflexión. Creo que la derecha chilena comete un error histórico en el retroceso que ha tenido en los últimos años respecto a su compromiso con los derechos humanos en nuestra historia reciente. Importantes líderes de su sector habían hecho reflexiones y autocríticas relevantes para los 40 años del 11 de septiembre de 1973 y, esta vez, sin embargo, fueron muchos quienes se atrincheraron en un discurso para sus bases más radicales. Esto le hace mal a nuestro país y contrasta con la postura que, al respecto, siempre tuvo el presidente Sebastián Piñera, quien fue firmante y contribuyó a la redacción del compromiso por la democracia y los derechos humanos que sus partidos no quisieron suscribir. En esto, no podemos permitirnos falsos empates y ambigüedades, la defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una base sobre la cual construimos nuestro futuro compartido.
Es, justamente, con esta convicción que presentamos el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia para nuestros detenidos desaparecidos, a través del cual asumimos que es el Estado de Chile el responsable de esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada, apoyar los procesos judiciales y mantener viva su memoria y no una responsabilidad de las familias que durante demasiado tiempo tuvieron que estar en peregrinaje por diferentes organismos para tratar de acceder a una pizca de justicia. Este programa está en marcha, ha sido elaborado con las agrupaciones de derechos humanos que, por primera vez, tienen un espacio institucional para asesorar y hacer recomendaciones al Estado.
No podemos descansar mientras sigan existiendo detenidos desaparecidos en Chile.
Hemos avanzado en los compromisos legislativos adoptados en dicha conmemoración. Presentamos indicaciones al proyecto de ley que crea la calificación jurídica de persona ausente por desaparición forzada y la que pone fin a la reserva de las denominadas leyes secretas de la dictadura. Prontamente ingresaremos indicaciones a la iniciativa que tipifica los delitos de desaparición forzada y de ejecución extra legal.
Los derechos humanos y la memoria son una tarea que no reconoce fronteras. Desde hace ya varios años los gobiernos de Chile y Alemania han estado trabajando para convertir un antiguo espacio de horror y muerte en un lugar de memoria y futuro. Como resultado de ese proceso de colaboración, hoy puedo informar al país que esta semana hemos dado inicio al proceso expropiatorio de parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad en Villa Baviera. Este es un paso relevante para consagrar el lugar como un espacio de memoria y, así, desde el sur de Chile hasta Alemania le decimos, con una sola voz, al mundo: ¡Nunca más!
En otro ámbito, hemos creado una mesa interinstitucional para abordar —y esto es muy grave y se sabe poco— las adopciones forzadas o irregulares ocurridas durante décadas en Chile, desde los años 60 hasta fines de los años 90. Se estima que pueden haber más de 20 mil personas afectadas, tras lo cual hay familias que necesitan apoyo para reencontrarse y conocer su propia historia e identidad.
Y señalo, además, que el trabajo de reparación integral a víctimas de violación a los derechos humanos durante el estallido social como, por ejemplo, aquellos casos de pérdida de globo ocular no se han detenido. Esto incluye la elaboración del catastro de víctimas, derivación de las víctimas a programas de atención médica, apoyo psicosocial, asistencia social y asesoría legal.
Para nosotros, y en esto no le hablamos sólo a Chile, le hablamos al mundo, los derechos humanos hay que defenderlos siempre y en todas partes. Por lo tanto, su vulneración es siempre inaceptable, ocurra ésta en democracia o en dictadura, sean sus víctimas adultos o menores, sean sus motivaciones políticas o de otra índole.
Por eso, casos específicos como el fallecimiento del conscripto Franco Vargas en la zona de Putre nos indigna. Lo he dicho y lo reitero, los jóvenes que hacen su servicio militar están bajo la responsabilidad y el cuidado del Estado, y en su entrenamiento se espera que los conscriptos pongan su esfuerzo al servicio de la patria, no que paguen este compromiso con su vida, con su salud o con su dignidad. Desde acá, envío un abrazo gigante a la madre de Franco, Romy Vargas, con quien he tenido la oportunidad de compartir su dolor, que es desgarrador.
Estos hechos no pueden quedar impunes y deben investigarse a fondo para que no se repitan. Así se lo instruí al comandante en jefe del Ejército, quien adoptó medidas concretas para esclarecer los hechos y hacer valer las responsabilidades de mando correspondientes.
He instruido a la ministra de la Defensa Nacional que, en un plazo de tres meses, en trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, proponga mejoras concretas a los procedimientos de reclutamiento, selección, acuartelamiento y formación de conscriptos.
En esta materia, en materia de derechos humanos, Chile tiene un prestigio internacional que ha sido construido laboriosamente a lo largo de décadas. Por cierto, con el triste intervalo de la dictadura. Fuimos, con el canciller, a conversar con los principales líderes mundiales y hemos participado en foros globales poniendo a Chile, siempre, en un lugar protagónico en la construcción común y global de soluciones. Prueba de ello es que acogimos hace poco la reunión de la plana mayor de los ejecutivos de Naciones Unidas y la Cumbre Mundial de la Libertad de Prensa, porque Chile no va a abandonar nunca más su vocación de diálogo y entendimiento para asegurar un orden global estable y pacífico.
Somos parte del sistema de Naciones Unidas desde su fundación, tuvimos una destacada participación en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cuando en Chile esos derechos humanos fueron violados recibimos la solidaridad de todas las naciones y los pueblos del orbe. Esto ha dado lugar a un compromiso histórico que no podemos abandonar. Por eso, hemos alzado la voz para condenar la violencia criminal, el terrorismo, el genocidio y la agresión en todos los rincones del mundo porque el combate al crimen y la defensa de la vida y los derechos humanos no tiene color político ni nacionalidad.
Tal como lo he hecho en otros foros públicos, independiente de las críticas que uno pueda recibir en el momento, respecto de las vulneraciones a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela o sobre la inadmisible guerra de agresión de Rusia en Ucrania, tengo el deber de referirme hoy a la crítica situación en la Franja de Gaza.
Nunca, nunca dejaremos de indignarnos por acciones indiscriminadas y absolutamente desproporcionadas contra civiles inocentes, particularmente mujeres y niños palestinos que está llevando adelante el ejército de Israel.
Ya son más de 35 mil muertos, una situación humana catastrófica y la infraestructura en Gaza prácticamente arrasada.
Estos actos requieren de una respuesta firme y permanente de la comunidad internacional. Por ello, además del apoyo humanitario que hemos brindado Palestina, del llamado consulta de nuestro embajador en Israel y de presentar junto a México una remisión de la situación en Palestina ante la Corte Penal Internacional, he decidido que Chile se hará parte y respaldará el caso que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el marco de la Convención sobre Genocidio de la ONU. He mandatado a los equipos de Cancillería que preparen un escrito con nuestros argumentos en esta materia.
Y, aquí, quiero dejar muy claro que no hay lugar a empates y que no acepto elegir entre barbaries. Condenamos, sin lugar a dudas, los ataques terroristas de Hamás y exigimos también la liberación de los rehenes actualmente en su poder.
Chilenas y chilenas, dicho esto, un país serio no puede tener un rasero para juzgar lo que ocurre en la escena internacional y otro distinto, más laxo, para juzgar lo que ocurre con nuestros mismos comportamientos internos. Por eso, lo repito y lo dije antes: para nosotros las violaciones a los derechos humanos son en todas partes inaceptables. Y la discriminación, bajo cualquiera de sus formas, es una violación a los derechos humanos que una república democrática no puede permitirse.
Está en sus manos, honorable Congreso, la aprobación de un proyecto de ley que busca mejorar la Ley Antidiscriminación existente. Vaya mi reconocimiento a todas las organizaciones de la diversidad sexual y de género que han empujado esta iniciativa.
Otra fuente de dolor que no es aceptable seguir prolongando es el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Se requiere construir una nueva etapa y una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios, pero esto sólo va a ser posible bajo un acuerdo social y político transversal. Este no es principalmente un problema de orden público, como a veces, parecieran algunos ponerlo. Por eso, quiero agradecer enormemente a cada uno de los partidos políticos representados en este Congreso, con todas las diferencias que tenemos, el haber apoyado la conformación el 2023 de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento y, por cierto, el abnegado trabajo que han realizado los miembros de ésta.
En noviembre de este año la Comisión entregará un informe final de propuestas en materia de tierras, reparación, diálogo y reconocimiento, y albergo la profunda esperanza de que sus conclusiones constituyan las bases de una solución de largo plazo. No va a ser una tarea fácil, pero, sin duda, si lo hacemos bien, marcará un hito en nuestra historia.
Para terminar este punto, decíamos que derechos humanos y democracia van inexorablemente de la mano. Permítanme, entonces, referirme brevemente al estado de esta última.
Los estudios son coincidentes, la confianza de nuestros compatriotas en el Congreso, en los partidos políticos, en los gobiernos y en la propia democracia es decreciente y nos debe llamar a alerta. ¿Cuál es el motivo? Los ciudadanos sienten que, en lugar de ofrecer soluciones a sus problemas, la política está permanentemente enzarzada en conflictos internos que los lleva a torpedear mutuamente las diferentes propuestas sin ponerse de acuerdo.
Y algo de razón tienen. La capacidad del sistema político chileno de alcanzar acuerdos se ha erosionado, con lo cual las demandas de la ciudadanía quedan sin respuestas y se postergan decisiones que son fundamentales para el desarrollo del país. Por ello, considero necesaria una reforma al sistema político que, sin sacrificar representatividad, evite fragmentación y fortalezca la democracia. Comparto varias de las propuestas que, en este sentido, se han debatido públicamente y he encomendado al ministro secretario general de la Presidencia construir un consenso para poder legislar al respecto.
Chilenos y chilenas, un gobernante no elige los desafíos, hace suyo los desafíos que la patria le pone por delante. Así lo hizo, en su momento, O’Higgins después de Rancagua o Bulnes y Montt al acelerar las bases materiales de nuestro país. Así lo hizo Prat en Iquique o Recabarren en la pampa, también Elena Caffarena cuando bregó por el voto femenino. Así lo hizo Salvador Allende cuando selló con la vida su compromiso democrático. Así lo hizo Ricardo Lagos cuando desafió públicamente al dictador y Aylwin cuando encabezó la transición. Así lo hizo Bachelet cuando se convirtió en la primera mujer presidenta de Chile o el expresidente Piñera cuando enfrentó las consecuencias del devastador terremoto del 2010. Así lo han hecho, en definitiva, durante nuestra larga historia, miles y miles de chilenos y chilenas que son quienes han construido la patria grande que hoy tenemos el orgullo de habitar.
Nosotros hemos tenido otros desafíos, los que corresponden a nuestra época, y los hemos enfrentado con el corazón henchido de amor por Chile y su pueblo. Porque ser patriota es preocuparse en Chile por el bien de su gente, con propuestas en positivo, haciéndonos cargo de las dificultades, pero contagiando esperanza, no odio. Ofreciendo un camino que, por pedregoso que sea, podamos recorrer juntos y unidos sin dejar a nadie atrás. Como lo hacen día a día los miles de chilenos y chilenas que se levantan al alba, que enfrentan las injusticias y las vencen, que sacan adelante a sus familias con esfuerzo y aportan a la construcción diaria de este Chile que tanto, tanto queremos.
Al cruzar ya más de la mitad de mi Gobierno, tengo la convicción de que estamos avanzando hacia una sociedad en la que cada uno de ustedes, compatriotas, pueda vivir más tranquilo, más seguro, más protegido, sin en el corazón apretado por el temor a la delincuencia, al desempleo, a la inflación, a la enfermedad o a la vejez, con un futuro más promisorio. Sé que hemos vivido tiempos difíciles, pero ya asoman los brotes verdes de un futuro esplendor.
Respecto al día que asumimos, hoy la inflación y la pobreza son menores, las cuentas fiscales más equilibradas y la senda del crecimiento más sólida. Ninguna persona paga por sus atenciones de salud en la red pública y son acogidos los compatriotas con condición del espectro autista. Estamos recuperando los rezagos educativos derivados de la pandemia y hemos tomado la posta de los gobiernos anteriores para construir más y mejores viviendas. Aumentamos el sueldo mínimo a 500 mil pesos. Los municipios cuentan con más recursos gracias al Royalty y los trabajadores y sus familias son beneficiarios de la reducción de la jornada laboral a las 40 horas. Hemos recuperado el orgullo ferroviario y donde había narcomausoleos hoy hay plazas y juegos para niños y niñas. Los policías cuentan con más recursos, equipamiento y mayor autoridad, y también con un Estado más fuerte para combatir el crimen organizado y proteger nuestras fronteras. Hay más justicia para las madres que crían solas y para sus hijos. Con el cobre y el litio, y también el hidrógeno verde, se abre la oportunidad de un desarrollo sostenible de largo plazo que contribuya, además, a la transición energética del planeta y, de paso, otorgue bienestar a nuestro pueblo.
Estoy convencido que para consolidar y profundizar estos cambios la unidad de las fuerzas progresistas es fundamental. Ante el ascenso de Liderazgo autoritarios por todo el mundo que esparcen odio a quienes no piensan como ellos, que no trepidan en desinformar e inocular miedo para llegar al poder, opongamos la fuerza de un proyecto colectivo que confíe en nuestro pueblo, basado en las ideas de justicia, igualdad y libertad para todos y todas, que busque conducir la historia, no hacerla retroceder. Una vez más, que la esperanza le gane al miedo.
Los invito a todos, porque sé que no falta quienes ponen en duda nuestra sinceridad, porque ante nuevas circunstancias y nuevos aprendizajes nuestras prioridades se actualizan. Les digo, gobernar no es seguir mecánicamente un dogma o un guión, menos en los tiempos de hoy de cambios tan vertiginosos. Gobernar es hacerse cargo de lo imprevisto, de lo extraordinario, sin abandonar jamás los principios que nos trajeron hasta aquí.
A veces, confieso, miro con frustración a quienes parecieran querer que los problemas se agraven, no que se resuelvan; a quienes se niegan a encontrar soluciones con el objetivo de probar que tenían razón o para ganar algunos puntos en la encuesta semanal. Creo que todo Chile se alegraría si de todos los lados dejáramos fuera la rabia y nos enfocáramos colaborativamente a resolver los temas de importancia nacional para quienes están en su casa.
No seamos ciegos, si la población no aprecia cambios que mejoren la calidad de vida ahora, estaremos erosionando la credibilidad de nuestras instituciones democráticas y pavimentando el camino a nuevos estallidos sociales.
Los invito, con humildad, a que terminemos de una vez por todas con las recriminaciones y a que abracemos con fuerza la colaboración. Lo hemos hecho en materia de seguridad y se están mostrando los frutos de ellos. Sigamos por esa senda. Hagamos lo mismo para destrabar el crecimiento porque tenemos todas las potencialidades para hacerlo. Busquemos concordar los ajustes que nos permitan mejorar ahora, no en 10 o 20 años, las pensiones de nuestros jubilados, así como las modificaciones del orden tributario que aseguren inversión y responsabilidad fiscal.
A todos mis compatriotas que están viendo este mensaje o que lo verán por redes sociales o televisión, les quiero invitar a que actuemos con unidad y generosidad tras metas que podemos compartir y seamos todos juntos protagonistas de nuestra historia. A que cada uno de ustedes, desde su lugar de trabajo, de estudio, en las ciudades o en los campos, aprovechemos juntos esta oportunidad histórica que en esta época se nos presenta de dar el salto definitivo al desarrollo, un desarrollo basado en el bienestar de nuestro pueblo y en el cuidado de nuestra tierra.
¡Que viva Chile y todo su pueblo!
Muchas gracias."
