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viernes, 27 de marzo de 2020

Resolución número O-212, de 2020. SERVICIO ELECTORAL - Determina cantidades mínimas necesarias de patrocinantes de candidaturas independientes para elecciones de Gobernadores Regionales y Municipales, a realizarse el año 2020.

Resolución número O-212, de 2020. SERVICIO ELECTORAL - Determina cantidades mínimas necesarias de patrocinantes de candidaturas independientes para elecciones de Gobernadores Regionales y Municipales, a realizarse el año 2020.
Diario Oficial: jueves 26 de marzo de 2020.
Referencia:
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/03/26/42615/01/1745342.pdf

https://issuu.com/andresretamales01/docs/resoluci_n_o-212__de_2020._servicio_electoral_-_de

Ley número 21.221. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA - Reforma Constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el Plebiscito Constituyente y otros eventos electorales que indica. #Plebiscito #ProcesoConstituyente #Chile

Ley número 21.221. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA - Reforma Constitucional que establece un nuevo itinerario electoral para el Plebiscito Constituyente y otros eventos electorales que indica. #Plebiscito #ProcesoConstituyente #Chile
Diario Oficial: jueves 26 de marzo de 2020.
Referencia:
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/03/26/42615-B/01/1746271.pdf

https://issuu.com/andresretamales01/docs/ley_21.221._-_reforma_constitucional_que_establece

martes, 24 de marzo de 2020

Dictamen N° 6.785. Fecha: 24-III-2020. Contraloría General de la República. Compete a las autoridades expresamente habilitadas por la carta fundamental adoptar medidas que afecten derechos constitucionales en el estado de excepción de catástrofe. Participación de alcaldes en medios de comunicación debe limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales.

Dictamen N° 6.785. Fecha: 24-III-2020. Contraloría General de la República. Compete a las autoridades expresamente habilitadas por la carta fundamental adoptar medidas que afecten derechos constitucionales en el estado de excepción de catástrofe. Participación de alcaldes en medios de comunicación debe limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales.

Contraloría General de la República.
Dictamen N° 6.785
Fecha: 24-III-2020

Referencia:
https://contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/006785N20/html
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/006785N20/pdf

https://issuu.com/andresretamales01/docs/dictamen_6.785._fecha_24-iii-2020._cgr._compete_a_

Dictamenes relacionados:
Aplica dictámenes 35220/99, 11421/2000, 1150/2013, 3000/2017

Fuentes legales:
POL art/5 inc/2 POL art/6 POL art/7 POL art/39 POL art/41 inc/1 POL art/41 inc/3 POL art/43 inc/3 ley 18415 art/6 ley 18415 art/7 POL art/44 POL art/118 inc/1 POL art/118 inc/4 ley 18695 art/4 lt/b ley 18695 art/4 lt/h ley 18695 art/4 lt/i ley 18575 art/2 ley 18575 art/3 ley 18575 art/5 ley 18695 art/5 lt/c ley 18695 art/36 ley 18695 art/63 lt/f ley 18695 art/65 lt/p

Materia:
Compete a las autoridades expresamente habilitadas por la carta fundamental adoptar medidas que afecten derechos constitucionales en el estado de excepción de catástrofe. Participación de alcaldes en medios de comunicación debe limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales.





Documento completo:

N° 6.785 Fecha: 24-III-2020

En relación con diversas denuncias vinculadas con medidas que habrían adoptado diferentes alcaldes a propósito de la situación de emergencia sanitaria que afecta al país por el brote del coronavirus 2019 (COVID-19), algunas de las cuales implicarían el cierre de los correspondientes límites comunales, declaraciones de emergencia comunal, cuarentena en los respectivos territorios, restricción del tránsito local y el cierre o fijación de horarios de funcionamiento de determinados establecimientos, entre otras originalidades, se ha estimado necesario precisar y recordar a las autoridades edilicias el marco normativo al que deben sujetar su accionar.

Además, se ha recibido una denuncia cuestionando la participación de alcaldes en programas de televisión, transformándose “en rostros permanentes de espacios televisivos” y entregando información ajena a las funciones municipales.

Como cuestión previa, es dable destacar que mediante el decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, se declaró alerta sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del Coronavirus 2019, en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado por la Organización Mundial de la Salud, de la que Chile es miembro.

Asimismo, y en el referido contexto, el Presidente de la República declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio nacional por un plazo de 90 días, a través del decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Además, por el decreto N° 107, de 2020, de esa secretaría de Estado, se declararon como zonas afectadas por catástrofe a las 346 comunas del país, por un plazo de doce meses.

Precisado lo anterior, cabe indicar que, conforme lo dispone el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Carta Fundamental y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Al efecto, resulta necesario apuntar que, con arreglo a los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, sin que puedan atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

A su vez, el artículo 39 de la Constitución Política, establece que “El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado”.

Enseguida, los incisos primero y tercero del artículo 41 de la Carta Fundamental establecen que el estado de catástrofe será declarado por el Presidente de la República, quedando las zonas respectivas bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional, quien asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

Luego, el inciso tercero del artículo 43 del mismo texto normativo dispone que “Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada”.

Por su parte, en conformidad con el artículo 6° de la ley N° 18.415, Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, “Declarado el estado de catástrofe, las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe”. Su artículo 7°, en tanto, establece las atribuciones del jefe de la Defensa Nacional, entre ellas, la de impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, incluidas las municipalidades, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.

En este orden normativo, se advierte que el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser restringido bajo los indicados estados de excepción y, aun en estas circunstancias, con estricto apego a la regulación correspondiente a cada uno de éstos. De este modo, compete a las autoridades expresamente habilitadas adoptar las decisiones que puedan implicar tal afectación, la que debe circunscribirse a los límites previstos por el ordenamiento jurídico, como asimismo disponer las medidas que, conforme a la citada Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, se requieran para el restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

Siendo ello así, de acuerdo con el citado artículo 43 de la Carta Fundamental, compete al Presidente de la República adoptar las medidas que impliquen las restricciones a que alude ese precepto constitucional, sin perjuicio de las delegaciones que pueda hacer en los jefes de la Defensa Nacional, a quienes les corresponde la dirección y supervigilancia de esas zonas, con las atribuciones que el legislador les confiere directamente, las que, en todo caso, no pueden afectar las competencias y el funcionamiento de los organismos constitucionales, en conformidad con el artículo 44 de la Constitución.

Ahora bien, en lo que dice relación con las entidades edilicias, cabe señalar que en conformidad con el artículo 118, inciso primero, del mismo texto constitucional, la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad; agregando su inciso cuarto, que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Enseguida, en virtud de lo previsto en el artículo 4°, letras b), h) e i), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las entidades edilicias se encuentran facultadas para desarrollar, directamente o en concurrencia con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas, en lo que importa, con la salud pública, con el transporte y tránsito públicos, y con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes.

No obstante, cabe precisar que el ejercicio de dichas atribuciones en ningún caso puede afectar los derechos que garantiza la Constitución Política a todas las personas, comoquiera que estos constituyen un límite al desarrollo de las competencias de las entidades edilicias (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 35.220, de 1999, y 11.421, de 2000).

En este contexto, es menester recordar que aun en las condiciones de calamidad pública, los municipios se encuentran en el imperativo de dar cumplimiento al mencionado principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y 2° de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, según el cual los órganos de la Administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, sin más atribuciones que las que expresamente les ha conferido el ordenamiento jurídico (aplica dictámenes N°s. 1.150, de 2013, y 3.000, de 2017).

En estas condiciones, es necesario puntualizar que corresponde al Presidente de la República y a los jefes de la Defensa Nacional, según proceda, adoptar decisiones que signifiquen afectar derechos fundamentales en los términos que establece la normativa indicada, sin que competa a las municipalidades decretar medidas como las aludidas, que importan arrogarse atribuciones de las que carecen y mermar la unidad de acción necesaria para la superar la crisis sanitaria y restablecer la normalidad constitucional.

Ello, sin perjuicio de la colaboración que corresponda prestar a los municipios en el respectivo ámbito local y de la coordinación que debe existir entre los distintos órganos de la Administración del Estado, de acuerdo con los artículos 3° y 5° de la citada ley N° 18.575.

Asimismo, lo anterior no obsta al ejercicio de las atribuciones que el ordenamiento jurídico ha entregado a los municipios para fijar el horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y para administrar los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, en conformidad con los artículos 5°, letra c); 36; 63, letra f); y 65, letra p), de la referida ley N° 18.695.

Del mismo modo, lo señalado no impide a los alcaldes el legítimo ejercicio del derecho de efectuar presentaciones ante el Gobierno Central, requiriendo la adopción de medidas restrictivas para proteger la salud de la población, cuestión que ha realizado un importante grupo de autoridades edilicias.

Por consiguiente, los municipios deberán revisar las medidas que han adoptado a propósito de la situación de emergencia sanitaria que afecta al país, ajustando sus actuaciones a la normativa y criterios precedentemente expuestos, respetando el principio de unidad de acción que cobra particular relevancia para la superación de situaciones de calamidad pública.

Finalmente, corresponde señalar que la participación recurrente de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral -particularmente en matinales- y la entrega de información obtenida en ejercicio del cargo por esos medios, sin adoptar los resguardos y formalidades mínimas, además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal, a la vez de constituir una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo público, en desmedro de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos.

Saluda atentamente a Ud.,

Jorge Bermúdez Soto

Contralor General de la República.

Ley número 21.216. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA - Modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas y en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República. #ParidadDeGénero #NuevaConstitución #Chile

Ley número 21.216. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA - Modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas y en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República. #ParidadDeGénero #NuevaConstitución #Chile
Diario Oficial: martes 24 de marzo de 2020.
Referencia:
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/03/24/42613/01/1744373.pdf

https://issuu.com/andresretamales01/docs/ley_21.216.-_modifica_la_carta_fundamental_para_pe

Jueza Mónica Jeldres aborda el cumplimiento de medidas judiciales de Familia en la crisis sanitaria

Decreto número 107, de 2020. MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, Subsecretaría del Interior - Declara como zonas afectadas por catástrofe a las comunas que indica. #Coronavirus #Covid-19 #Chile

Decreto número 107, de 2020. MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, Subsecretaría del Interior - Declara como zonas afectadas por catástrofe a las comunas que indica. #Coronavirus #Covid-19 #Chile
Diario Oficial: lunes 23 de marzo de 2020.
Referencia:
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/03/23/42612-B/01/1744296.pdf

https://issuu.com/andresretamales01/docs/decreto_n_mero_107__de_2020._ministerio_del_interi

lunes, 23 de marzo de 2020

Corte de Apelaciones de San Miguel implementa vista de causas por video conferencia

Pleno de la Corte Suprema insta a las cortes de apelaciones a reducir al mínimo trabajo presencial

Dictamen N° 6.693. Fecha 23-III-2020. Contraloría General de la República. Concejos municipales y consejos regionales se encuentran facultados para efectuar sesiones remotas, ante la situación de emergencia que afecta al país por el brote de COVID-19. Cuenta pública municipal puede realizarse a través de medios electrónicos, en las condiciones que indica.

Dictamen N° 6.693. Fecha 23-III-2020. Contraloría General de la República. Concejos municipales y consejos regionales se encuentran facultados para efectuar sesiones remotas, ante la situación de emergencia que afecta al país por el brote de COVID-19. Cuenta pública municipal puede realizarse a través de medios electrónicos, en las condiciones que indica.

Dictamen N° 6.693.
Fecha: 23-III-2020
Contraloría General de la República.

Referencia:
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/006693N20/pdf
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/006693N20/html

https://issuu.com/andresretamales01/docs/dictamen_n__6.693._fecha_23-iii-2020._contralor_a_

Dictámenes relacionados:
aplica dictámenes 3610/2020, 38037/2008, 16434/97, 2563/2003, 24752/2005, 64434/2015, 1964/2019

Fuentes legales:
ley 18695 art/65 ley 18695 art/86 inc/2 ley 18695 art/88 ley 18695 art/84 ley 18695 art/20 lt/b ley 18695 art/85 inc/2 ley 19175 art/38 ley 19175 art/43 ley 18695 art/67 inc/1

Materia:
Concejos municipales y consejos regionales se encuentran facultados para efectuar sesiones remotas, ante la situación de emergencia que afecta al país por el brote de COVID-19. Cuenta pública municipal puede realizarse a través de medios electrónicos, en las condiciones que indica.




Documento completo:

N° 6.693 Fecha: 23-III- 2020

Se ha dirigido a esta Contraloría General la Asociación Chilena de Municipalidades solicitando un pronunciamiento, en el marco de la situación de emergencia que afecta al país por el brote del coronavirus 2019 (COVID-19), que ha motivado la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por parte del Presidente de la República, sobre la procedencia de que los concejos municipales realicen sus sesiones de forma remota, y los efectos que ello tendría en la dieta de los ediles.

Asimismo, consulta respecto de la cuenta pública que deben efectuar los alcaldes en el mes de abril, considerando la cantidad de autoridades y organizaciones que deben invitarse a ese acto.

Como cuestión previa, cabe hacer presente que de conformidad con lo manifestado en el dictamen N° 3.610, de 2020, ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional, corresponde a los órganos de la Administración del Estado adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico les confiere a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, evitando la exposición innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar general de la población.

Asimismo, añade que el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves, consecuencias que su propagación puede generar en la población, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se desempeñan y a la población, evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos.

En virtud de lo anterior, concluye dicho pronunciamiento que los jefes superiores de los órganos de la Administración del Estado se encuentran facultados para disponer, ante esta situación de excepción, que los servidores que en ellos se desempeñan, cualquiera sea la naturaleza de su vínculo jurídico, cumplan sus funciones mediante trabajo remoto desde sus domicilios. Del mismo modo, estableció que, respecto del personal cuyas funciones no pueden desarrollarse por medios telemáticos, el jefe superior del servicio puede igualmente eximirlos de concurrir al lugar de trabajo, siempre que se asegure la referida continuidad mínima.

En dicho contexto, cabe hacer presente que la debida consideración de las relevantes labores del concejo municipal, entre las que se encuentran, a modo ejemplar, pronunciarse sobre las materias que enumera el artículo 65 de la ley N° 18.695, y fiscalizar las unidades y servicios municipales, no hace aconsejable que las instancias a través de las cuales el concejo desarrolla sus funciones, como son las sesiones de dicho cuerpo colegiado, queden sin realizarse por el impedimento de los ediles de asistir a causa de la pandemia que nos afecta, por cuanto ello impactaría en el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones municipales.

En virtud de lo expresado, no se advierte impedimento en que ante la situación de emergencia que afecta al país por el brote del coronavirus 2019, los concejos municipales adopten la decisión de efectuar sus sesiones a través de modalidades de trabajo remoto o a distancia, considerando la relevancia de que ese órgano pluripersonal se reúna regularmente, para poder cumplir con el imperativo de satisfacer las necesidades públicas en forma continua y permanente.

Cabe agregar que una decisión en tal sentido, debe ser acordada por la mayoría absoluta de los concejales, en virtud del artículo 86, inciso segundo, de la mencionada ley N° 18.695 (aplica criterio contenido en el dictamen N° 38.037, de 2008).

Ahora bien, en cuanto a la percepción de la dieta establecida en el artículo 88 del citado texto legal, es dable manifestar que en la medida que el concejo acuerde realizar sus sesiones a través de la modalidad de trabajo a distancia, la participación en las mismas de los ediles por medios remotos debe ser considerada como asistencia, dando lugar a la percepción de la dieta correspondiente.

En relación con lo anterior, debe tenerse en consideración que de acuerdo con el inciso final del artículo 84 de la aludida ley N° 18.695, las actas de las sesiones del concejo deben contener, a lo menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma en que procedió la votación, aspectos que, de conformidad con los artículos 20, letra b), y 85, inciso segundo, ambos del mismo ordenamiento, corresponde extender y certificar al secretario municipal, en su calidad de secretario de ese cuerpo colegiado (aplica dictámenes N°s. 16.434, de 1997; 2.563, de 2003; y, 24.752, de 2005).

Por otra parte, se ha estimado imperioso hacer presente que el criterio recién expuesto, en orden a que los concejos municipales pueden adoptar la decisión de efectuar sus sesiones a través de modalidades de trabajo remoto o a distancia -y respecto de la percepción de las dietas-, es plenamente aplicable a los consejos regionales, comoquiera que también resulta necesario que estos órganos pluripersonales se reúnan regularmente, para poder cumplir las funciones que les encarga la Carta Fundamental y la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y así dar satisfacción a las necesidades públicas en forma continua y permanente.

Con todo, es menester anotar que tal modalidad de trabajo debe ser acordadas por la mayoría absoluta de los consejeros regionales, en conformidad con el artículo 38 de la ley N° 19.175, debiendo recordarse que las actas que den cuenta de la asistencia de los consejeros tienen que ser certificadas por el secretario ejecutivo de ese órgano, en su calidad de ministro de fe del mismo, de acuerdo con el artículo 43 de la mencionada normativa (aplica dictámenes N°s. 64.434, de 2015, y 1.964, de 2019).

Finalmente, en cuanto al deber de los alcaldes de efectuar una cuenta pública, cabe indicar que al tenor del artículo 67, inciso primero, de la ley N° 18.695, dicha autoridad “deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad”.

Agrega dicha disposición que deberán ser invitados también las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna; las autoridades locales, regionales, y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva.

Ahora bien, en atención a la grave situación que atraviesa la Nación, que ha hecho necesaria la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y teniendo en especial consideración la necesidad de resguardar la salud de los servidores públicos y de la población, evitando la propagación de la pandemia, así como el deber de no interrumpir las funciones indispensables para el bienestar de la comunidad, los alcaldes podrán efectuar la cuenta pública a través de medios electrónicos, remitiendo el extracto a los destinatarios a que alude el citado artículo 67 y manteniendo la cuenta íntegra en la página web de la municipalidad.

Saluda atentamente a Ud.

Jorge Bermúdez Soto

Contralor General de la República